El Gobierno del presidente Luis Arce descartó este martes que en Bolivia se radicalicen los castigos penales hasta llegar a la pena de muerte o la cadena perpetua, porque ambas opciones están prohibidas por la Constitución Política del Estado y el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que en este momento se debate sobre medidas para endurecer el castigo a autoridades judiciales.
“Por supuesto que el país no acompaña, desde el Gobierno no se acompaña un tema como la pena de muerte”, dijo este martes Jorge Richter, el vocero Presidencial, quien argumento que ese pedido no puede ser atendido porque la pena capital “atenta finalmente también contra las formas de humanismo que debe tener cualquier norma”.
Desde hace dos semanas, una ola de indignación corre por el país tras el descubrimiento del caso de Richard Choque, un asesino y feminicida serial que ha matado al menos a ocho personas y que ha sido liberado por el ahora exjuex Rafael Alcón. En ese contexto, han surgido pedidos de endurecimiento de penas y demandas para que se apliquen medidas contra la crisis judicial.
De hecho, el diputado del MAS, Héctor Arce, planteó la pena de muerte y la cadena perpetua ante la ola de indignación ciudadana.
“He escuchado que plantean penas más grandes que los 30 años sin derecho a indulto, eso tiene una prohibición constitucional y el país ha suscrito el segundo protocolo facultativo y eso impide que tomemos como opción la pena de muerte”, declaró este martes el Ministro de Justicia, Iván Lima.
Ante la demanda de acciones más radicales frente a la inseguridad de la población y la crisis judicial, el Ministro señaló que al momento se analiza la posibilidad de aumentar penas en casos de prevaricato y otros cometidos por parte de malos administradores de justicia, y la acumulación de condena para quienes que hayan cometido diversos delitos.
“Lo que se puede hacer en lo inmediato es agravar las penas de quienes prevarican, de quienes venden la responsabilidad de hacer justicia y lo hacen en este momento con penas que son bajas, esas penas se pueden incrementar contra jueces, fiscales y policías y quienes no actúan correctamente en estos procesos. La otra alternativa que se analiza es la referida a la acumulación de penas”, develó la autoridad.
Lima insistió en que hay que dar señales claras al país para evitar que estos casos se vuelvan a manifestar. “Cómo evitamos que esto vuelva a ocurrir, hay que dar señales muy claras al país desde el ámbito constitucional”.
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