3 de noviembre (Urgente.bo).- ¿Grupos armados en Santa Cruz por conflictos de tierras? Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, señala que este conflicto continuará agravándose mientras exista el “tráfico corrupto” de tierras y mientras no haya políticas estatales que afronten la compleja problemática de la tierra. Incluso teme que la conflictividad se agudice, como ha ocurrido en Perú y Colombia, donde en el siglo pasado, la disputa inicial por tierra terminó manifestándose en la irrupción de Sendero Luminoso o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Históricamente, los grupos armados aparecen cuando los conflictos por la tierra crecen y polarizan a los involucrados. Basta recordar los orígenes de los grupos armados de Colombia que nacieron como grupos rebeldes reclamando tierras para los pobres y campesinos pobres, o la triste historia de Sendero Luminoso en Perú que nació en la Sierra exigiendo tierras para los campesinos (...) Con el tiempo, los grupos armados que aparecen en torno al conflicto por la tierra derivaron y pueden derivar en grupos armados que defienden al narcotráfico que por lo general se instala en las zonas alejadas y en tierras en disputa”
En contacto con Urgente.bo, Gonzalo Colque señaló que los avasalladores no solo son interculturales o campesinos, sino también empresarios, colonos, menonitas y todos quienes ocupan tierras fiscales de forma ilegal e incluso señala que el gobierno otorga terrenos a militantes del MAS a cuota de pago por lealtad con el partido.
“La distribución corrupta de la tierra ha conducido al extremo del enfrentamiento y la violencia (…) y hay dos grupos, uno quien tiene poder tierras que no le pertenecen a la fuerza, usando su poder económico para corromper a autoridades y funcionarios públicos, o usando su poder político al ser militantes del MAS que controlan las instituciones agrarias como el INRA nacional y el INRA departamental”.
La titulación fraudulenta de tierras mueve millones de dólares, al punto que se crearon “INRAS” paralelas para acelerar el tráfico de tierras. Las actuales autoridades son cómplices de todo esto porque nunca iniciaron una investigación exhaustiva ni cortaron las prácticas corruptas dentro de la institución.
Señaló que ambos sectores están actuando de forma irresponsable y sin conocimiento profundo de la problemática agraria. Ambos sectores tienen sus propios intereses y ninguno se preocupa por solucionar los conflictos, sancionar a los que actúan al margen de la ley como esos grupos armados o proteger las tierras fiscales que son de todos los bolivianos.
“El gobierno entrega y quiere entregar más tierras a sus militantes como una moneda de pago, mientras que los empresarios siguen cercando y alambrando tierras fiscales como si fueran suyos y mostrando esas tierras a la prensa como propiedad privada avasallada por masistas”, concluyó.
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