Los exministros y exministras del gobierno del expresidente Evo Morales Ayma, enviaron una carta al Comité de derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, denunciando injerencia en la justicia y violación de derechos políticos en Bolivia.

La carta está firmada por 36 exdignatarios de estado y dice:

La Paz, 14 de mayo de 2025

Señores

Comité de Derechos Humanos 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

Palais des Nations 

CH-1211 Ginebra 10, Suiza

Asunto: Ex ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia denuncian injerencia en la justicia boliviana y violación de derechos políticos en el marco de la sentencia constitucional que limita la repostulación presidencial en Bolivia

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, los abajo firmantes, ex ministras y ex ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, nos dirigimos respetuosamente al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en nuestra calidad de ex autoridades de Estado, preocupados por la grave afectación a los derechos fundamentales, la independencia judicial y la vigencia del Estado de Derecho en Bolivia, a raíz de la reciente sentencia constitucional que limita la posibilidad de repostulación presidencial.

1. Hechos denunciados

El 14/05/2025 el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia emitió una sentencia que restringe el derecho a la repostulación presidencial. Durante el proceso de deliberación y emisión de dicha sentencia, se comprobó la presencia indebida del Ministro de Justicia y Transparencia Institucional en la sala donde los magistrados discutían la resolución. La intervención directa de este alto funcionario del Órgano Ejecutivo constituye una injerencia inaceptable y vulnera el principio de independencia judicial garantizado por el artículo 178 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el principio de separación de poderes (artículo 12 CPE).

Esta intromisión, que puede considerarse como coerción y amedrentamiento, vicia la voluntad de los magistrados, afecta la imparcialidad de la decisión y deslegitima completamente la sentencia.

2. Violaciones a derechos fundamentales

La intervención del Ministro de Justicia en asuntos jurisdiccionales en una reunión de la Sala Plena del Tribunal Constitucional viola el principio de independencia judicial, consagrado no solo en la Constitución Política del Estado, sino también en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8 y 25), los Principios Básicos de la ONU sobre la Independencia de la Judicatura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14).

La sentencia fue dictada bajo presión política, lo que la convierte en un acto nulo de pleno derecho por falta de independencia. Esta situación afecta gravemente los derechos políticos de los ciudadanos bolivianos, en particular el derecho a ser elegidos y a elegir libremente a sus representantes, conforme al artículo 25 del PIDCP.

3. Fundamentos para la nulidad de la sentencia

De acuerdo con el derecho boliviano, el artículo 122 de la Constitución Política del Estado declara nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejerzan autoridad en contravención a la Constitución. El Código Procesal Constitucional (Ley 254) establece la nulidad de resoluciones dictadas con vicios esenciales en el procedimiento, especialmente cuando se afecta la independencia judicial.

A nivel internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el PIDCP exigen la existencia de jueces independientes e imparciales, y la Opinión Consultiva OC-6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma que la independencia judicial es indispensable para la protección de los derechos humanos.

4. Solicitud

Por todo lo expuesto, en nuestra calidad de ex autoridades de Estado, solicitamos respetuosamente al Comité de Derechos Humanos que:

1. Admita la presente denuncia y declare la existencia de una violación a los derechos reconocidos en el PIDCP, en particular los artículos 14 y 25.

2. Recomiende al Estado boliviano la nulidad de la sentencia constitucional emitida bajo injerencia política y la restitución plena de los derechos políticos afectados, incluyendo la habilitación de Evo Morales y de cualquier ciudadano en situación similar para postularse a la presidencia.

3. Exhorte al Estado boliviano a garantizar la independencia del órgano judicial y a investigar y sancionar a los responsables de la injerencia y coacción en el proceso judicial.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente denuncia y quedamos a disposición para aportar mayor información o documentación que se requiera.

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