27 de octubre (Urgente.bo).- El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos advirtió este martes 27 que la importación de Gas Natural (GN) y Gas Natural Licuado (GNL), establecido en el Decreto Supremo 5755, tendrá un impacto en los costos de producción de las industrias, que deberán trasladar esos incrementos a sus productos para mantener sus operaciones.

“Los precios de improtación van a ser mucho mayores al actual (...) entonces el impacto viene con nuevos precios para la industria que tendrá que traspasar sus costos, ”, explicó Ríos en entrevista con Urgente.bo.

Asimismo, el experto sostuvo que el sector industrial deberá traspasar esos altos costos a sus productos, debido a que la industria “no puede frenar en Bolivia", añadió.

En ese sentido, el exministro advirtió que la falta de gas natural tendrá consecuencias más graves para la economía, debido a que puede llegar a paralizar las actividades del sector, afectar las fuentes de empleo y debilitar el aparato productivo nacional.

"Se tiene que ir a buscar este gas natural, caso contrario, nuestras industrias, y posteriormente nuestras usinas termoeléctricas, se van a quedar sin gas natural (...) SI no hay gas natural, se paran las industrias, se cae el empleo y se cae el aparato productivo boliviano", advirtió. 

Ríos explicó que el decreto permite la libre importación de gas natural tanto para el sector público como para el privado. Entre las empresas que recurrirán a esta alternativa mencionó a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), las empresas dedicadas al gas natural comprimido y las industrias que requieren este energético para funcionar, como fábricas de cerámica y vidrio.

La caída de la producción nacional

El exministro explicó que la decision de recurrir a las importaciones se debe al deterioro de la producción energética nacional y a la disminución de las reservas de gas, petróleo y condensado.

"El Movimiento Al Socialismo dejó el país quebrado en materia energética, vació las reservas de gas, las reservas de petróleo de condensado y la producción está declinando", dijo. 

El experto indicó que la producción de gas en Bolivia comenzó a descender desde 2015 y que el país pasó de ser exportador de energía a depender de compras externas. Además, advirtió sobre el riesgo de desabastecimiento a partir de 2029 la demanda interna de gas natural se cruzaría con la oferta disponible.

En ese sentido, Rios consideró que la importación es necesaria para garantizar el suministro a las industrias y, posteriormente, a las plantas termoeléctricas. “Hay que importar al precio que se tenga que importar, pero la energía más cara es aquella que no se tiene”, concluyó.

DS 5755

Mediante el decreto supremo 5755, la administración de Rodrigo Paz Pereira autorizó la importación excepcional de gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL) para atender necesidades propias y generar electricidad de parte de los propios interesados.

La disposición se enmarca en la emergencia energética y social y busca contribuir a la continuidad del suministro interno. Alcanza a personas naturales y jurídicas, tanto del sector público como privado, que requieran estos combustibles para sus operaciones o actividades productivas.

Sin embargo, los volúmenes importados no podrán venderse, comercializarse ni transferirse a terceros bajo ninguna modalidad.

La norma establece que el consumo propio comprende el uso del gas para cubrir exclusivamente las necesidades del importador. En cambio, la generación eléctrica contempla su utilización como combustible por parte de los agentes que participan en el mercado eléctrico nacional.

Para acceder a esta autorización, los interesados deberán cumplir los requisitos y procedimientos que establezca el Ministerio de Hidrocarburos mediante una resolución ministerial. Además, tendrán que obtener el permiso correspondiente del ente regulador antes de concretar la operación.

El procedimiento incluye obligaciones de registro y reporte previas al ingreso del combustible al país. Los importadores deberán informar los volúmenes que pretenden internar, presentar documentación que certifique la calidad del producto y declarar el precio de compra, además de proporcionar otros datos que exija la regulación.

Estos mecanismos, según el decreto, permitirán realizar el seguimiento de las operaciones y fortalecer las tareas de control y fiscalización sobre el combustible importado.

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