25 de abril (Urgente.bo).- Cuando Brisa Angulo tenía 16 años quedó a cargo de su hogar en Cochabamba y de sus hermanas durante un tiempo, mientras sus padres estaban de viaje. En ese entonces, un primo diez años mayor llegó a vivir a su casa y fue en ese periodo cuando comenzaron las agresiones. “Ella señala que comenzó el abuso sexual, violación concretamente por parte de este primo”, relató, entrevista con Urgente.bo, la secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá.
Las agresiones no solo fueron reiteradas, sino que estuvieron marcadas por amenazas. “Si es que ella no aceptaba continuar con las agresiones él amenazaba que haría lo mismo con sus hermanas”, indicó Bayá.
Brisa no habló en ese momento. Sin embargo, el silencio se rompió años después, cuando se mudó a Estados Unidos. Las secuelas de la violencia que sufrió se agravaron y ocasionaron problemas de salud física y mental en Brisa, e incluso provocaron que intente quitarse la vida en dos ocasiones.
Luego de recibir apoyo psicológico, reveló lo ocurrido. Su familia volvió a Bolivia y se inició un proceso judicial que, lejos de darle justicia, terminó evidenciando las fallas del sistema.
El primer juicio concluyó con una condena de siete años por estupro agravado, pese a que la acusación era por violación. “El estupro está basado en que hay consentimiento mediante seducción o engaño”, explicó Bayá. “Cuando no hay ese consentimiento se califica como violación”, añadió.
La sentencia fue anulada. En un segundo juicio, el acusado fue absuelto, debido a que o hubo una valoración adecuada de las pruebas. “Fue un juicio casi relámpago”, indicó la especialista y agregó que esa decisión también fue anulada.
En el tercer proceso, el acusado ya no se presentó. Había salido del país y fue declarado rebelde, prófugo de la justicia en Bolivia, dijo Bayá y señaló que años después se intentó su extradición, sin éxito. El caso quedó en la impunidad.
No obstante, Bayá aseveró que la falta de justicia no fue el único problema en el caso de Brisa. El proceso estuvo marcado por revictimización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que hubo “violencia institucional” y un “trato inhumano y degradante hacia la víctima”, tanto en instancias fiscales como médico-forenses y judiciales.
Ante esta situación, Brisa llevó su caso al Sistema Interamericano. “Presenta una petición (…) poniendo énfasis en estas fallas del sistema de justicia y la victimización secundaria”, explicó Bayá.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana, falló contra Bolivia y estableció su responsabilidad internacional. La sentencia no solo ordenó medidas simbólicas, sino cambios estructurales.
“Se establecen medidas de no repetición”, remarcó la especialista. Entre ellas, la modificación del Código Penal, la creación de protocolos adecuados para casos de violencia sexual y la capacitación obligatoria de fiscales, jueces y personal forense.
“Es una sentencia de obligatorio cumplimiento, es vinculante”, dijo y aclaró que Bolivia reconoció esa obligación al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Ley Brisa
En ese contexto, La Ley Brisa fue una iniciativa que surgió de la Cámara de Senadores, impulsada por la entonces legisladora Andrea Barrientos junto a organizaciones y colectivos.
El proyecto fue presentado el 8 de marzo de 2023, tras un proceso de consulta. “Articulamos un conjunto amplio de organizaciones que participamos con propuestas”, remarcó Bayá.
Aunque fue aprobado en el Senado en 2024, su avance se frenó en la Cámara de Diputados. Intentos de tratamiento y fusión con otras propuestas no prosperaron y el proyecto quedó estancado.
“Se han realizado dos mesas técnicas, la segunda bastante infructuosa”, indicó Bayá y señaló que hubo intentos de “obstaculizar” el debate. Sin embargo, se prevé una nueva mesa con participación de instituciones y organismos internacionales.
