Bolivia no tiene tiempo para la mezquindad política.

La pregunta que hoy recorre el país -cada vez con mayor frustración- es tan simple como inquietante: ¿por qué no se ponen de acuerdo quienes tienen la responsabilidad de contribuir a sacar a Bolivia de la crisis?

Lo que hoy se demanda no es liderazgo individual, sino la suma de capacidades. Persistir en el individualismo o en la división, por cálculo, por desconfianza o por cualquier otra razón, no sólo impide construir una salida. Puede terminar sepultando las aspiraciones de todos quienes hoy creen que compiten, cuando en realidad comparten el mismo destino.

No existe una diferencia irreconciliable de visiones. Lo que hay es una confrontación entre posiciones que, en lo esencial, comparten más de lo que admiten y se diferencian menos de lo que proclaman. Persistir en esa lógica no fortalece a nadie. Debilita a todos.

Mientras tanto, los conflictos se acumulan: maestros en las calles y reprimidos; mineros rompiendo el diálogo; rutas bloqueadas por transportistas; una marcha indígena que avanza en medio de tensiones políticas evidentes; la COB preparando una presión salarial imposible de sostener; y una ciudadanía que observa, con creciente desconfianza, la provisión de combustibles, afectada por problemas de calidad y por el temor -otra vez- a la escasez.

A esto se suma una reformulación tardía del Presupuesto General del Estado que genera más críticas que certidumbres, una Ley de Hidrocarburos cuestionada antes de nacer y, sobre todo, la ausencia de señales claras de un cambio de rumbo económico. El llamado “Modelo Económico Social Comunitario Productivo” ha fracasado y, sin embargo, se mantiene vigente, sostenido por una estructura jurídica y estatal que nadie se atreve a desmontar. El gobierno no ha mostrado una estrategia clara para superarlo.

Seis meses después, la crisis no ha sido encauzada con una conducción clara.

No estamos frente a conflictos aislados. Estamos frente a una acumulación que exige decisiones de fondo.

El problema no es sólo la crisis ni la falta de decisión para enfrentarla. El verdadero problema es el modelo que la ha producido. Cambiarlo implica reactivar la libertad económica, recuperar la democracia y, en definitiva, restablecer la República.

En este contexto, las recientes reflexiones del economista Ricardo Hausmann no hacen sino confirmar lo que ya es evidente. Bolivia no necesita más advertencias. Necesita actuar.

Este camino no es nuevo. Ya fue planteado cuando la crisis comenzaba a asomar, pero no prosperó en la dimensión que el momento exigía. Hoy queda claro que no se trataba -entonces como ahora- de un gesto simbólico, sino de una necesidad estructural.

Lo que en su momento fue lucidez, hoy es urgencia. Lo que no se construyó a tiempo por convicción, tendrá que construirse ahora por necesidad.

Porque la realidad ha terminado por confirmar una verdad incómoda: nadie puede gobernar Bolivia en soledad.

Pero eso no distribuye responsabilidades de manera equitativa. Quien tiene el deber constitucional de conducir al país fuera de la crisis es el gobierno. Los demás actores políticos tienen la responsabilidad de contribuir a esa salida. Esa es la diferencia.

Por eso, el primer paso no puede venir de la periferia. Tiene que venir del centro del poder.

Es el Presidente del Estado quien debe tomar la iniciativa. Y hacerlo ahora. No para convocar adhesiones subordinadas ni sumar acompañantes eventuales, sino para proponer un esfuerzo compartido. No se trata de invitar a otros a respaldar decisiones ya tomadas, se trata de construirlas en conjunto, en función de una demanda que ya no es sectorial ni política, es nacional.

La historia enseña que hay momentos en los que el liderazgo se define por la capacidad de convocar y asumir riesgos en beneficio del país. Es precisamente en circunstancias como ésta cuando un gobernante tiene la oportunidad de dejar de administrar su espacio y pasar a construir una salida nacional. Una decisión de esta magnitud no sólo permitiría enfrentar la crisis, podría marcar la diferencia entre un líder circunstancial y un verdadero estadista.

El país necesita con urgencia que el gobierno impulse un acuerdo político explícito que permita pasar de la reacción a la conducción.

Un acuerdo que ordene el poder y devuelva capacidad de decisión. Que alinee al Ejecutivo con una base legislativa suficiente para aprobar reformas. Que establezca condiciones claras para reactivar la economía, garantizar seguridad jurídica y atraer inversión. Que ponga límites a las demandas corporativas sin destruir la paz social. Y, sobre todo, que le diga la verdad a la ciudadanía.

Si ese acuerdo no se construye ahora, la oportunidad se perderá. Y con ella, la posibilidad de encarar la crisis en condiciones controlables.

Un acuerdo no elimina automáticamente los problemas. Les da cauce.

Sus efectos serían inmediatos. Fortalecería la posición política del gobierno, aceleraría la aprobación de normas indispensables, devolvería previsibilidad a la economía, descomprimiría tensiones sociales y abriría nuevamente un horizonte de esperanza para una ciudadanía que empieza a perderla.

Porque la confianza -ese recurso tan escaso- no se decreta. Se construye cuando el poder muestra dirección, coherencia y decisión.

En política, hay errores que cuestan elecciones. Y hay otros mucho peores: los que cierran el futuro.

Bolivia no necesita más discursos. Necesita decisiones.

El tiempo se agota.

Y cuando eso ocurra, ya no habrá espacio para explicaciones.

Asuman la responsabilidad. Hagan el acuerdo. Es ahora. Mañana puede ser tarde.

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