22 de abril (Urgente.bo).- El 22 de octubre del 2014, Isabel Pilco fue asesinada a manos de su pareja, David Vizcarra, quien la golpeó y encerró por al menos cuatro días en su domicilio ubicado El Alto. Isabel logró salir de su encierro y denunció a su pareja ante la Policía; sin embargo, falleció 13 días después debido a la violencia que sufrió a manos del hombre, quien le ocasionó una hemorragia interna, por un trauma abdominal y una laceración en el hígado. Su hija, que en ese entonces tenía seis años, y que ahora cursa el bachillerato, no solo quedó en la orfandad; sino que también tuvo que brindar una declaración a esa corta edad sobre los abusos que presenció a su madre.
La niña vivió toda su infancia viendo y acompañando a sus abuelos maternos, de tribunal en tribunal, para obtener justicia. No obstante, el feminicida recibió una condena mínima de ocho años, por el delito de homicidio culposo, argumentando que Isabel perdió la vida debido a una anemia y no por la violencia que sufrió a manos de su pareja. 12 años después del hecho, el hombre por fin sentenciado por feminicidio, relató a Urgente.bo la presidenta de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias de Prevención de la Violencia en Razón de Género, María Quisbert, y dijo que hijos de las víctimas de feminicidio no solo cargan con la pérdida de sus madres; sin que también, enfrentan un largo y doloroso peregrinaje en busca de justica.
En lo que va del año se suscitaron 28 casos de feminicidio en Bolivia, de los cuales se contabiliza que al menos 70 niños y adolescentes quedaron en orfandad, es decir, que por cada mujer víctima de feminicidio hay entre dos a tres hijos huérfanos, según la presidenta.
“Desgraciadamente en los casos de feminicidio ellos son los testigos, los testigos de toda la crueldad de la violencia, no solamente que le despoja la vida a su madre, sino de todo el ciclo de violencia”, afirmó.
Los niños son los testigos silenciosos de la violencia que viven las mujeres a manos de sus parejas, desde la violencia psicológica, la violencia física, económica y patrimonial, hasta la culminación de la vida de sus madres”, lamentó Quisbert.
Estos niños suelen quedar bajo el cuidado de sus abuelos, quienes deben asumir la crianza de sus nietos sin el apoyo suficiente del Estado. Sin embargo, mientras las familias peregrinan por el acceso a la justicia para las víctimas, las necesidades de los hijos quedan relegados y no reciben el apoyo psicológico y de reintegración social que necesitan, aseveró la especialista.
Los procesos judiciales agravan aún más el sufrimiento de los menores de edad, ya que muchos de ellos se constituyen en testigos oculares o presenciales de los hechos, y así como la hija de Isabel deben declarar y describir lo que sus padres les hicieron a sus madres.
Quisbert indicó que esta tortura puede extenderse hasta cinco años; no obstante, hay procesos que pueden extenderse hasta más tiempo, como en el caso de Pilco, para que finalmente muchos de estos hechos queden en impunidad. “Estamos hablando de que son pocas las condenas, casi entre 20 a 30% llegan en condena”, añadió.
Gastos económicos de un caso de feminicidio
Muchas familias abandonan los procesos por falta de recursos. “Significa un costo económico y también el cuidar ya a los huérfanos del feminicidio hace que se vean imposibilitados en seguir estos procesos”, señaló Quisbert.
El costo por los procesos puede llegar hasta los Bs 20mil; sin embargo, hay abogados que cobran a parte Bs 500 por cada audiencia. A esto se suma la falta de atención institucional. “La violencia no pasa en horarios de oficina. Sábados, domingos y feriados están cerradas. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres no tienen dónde denunciar”, cuestionó la especialista.
Por último, Quisbert afirmó que, si bien existe una normativa, no se está implementa de manera efectiva para que los huérfanos tengan acceso a todas estas medidas.
