La mañana de este martes, el periódico El Español informó que Bolivia tendrá que indemnizar con 105 millones de dólares a la administradora de fondos de pensiones BBVA en un proceso que el Estado Plurinacional finalmente ha perdido. El Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó la solicitud boliviana para anular la citada indemnización otorgada al banco español.
El conflicto de BBVA con Bolivia por el sistema de pensiones surgió cuando el Gobierno boliviano de Evo Morales nacionalizó en 2010 la administración privada del sistema, incluida la filial de BBVA (Previsión BBVA AFP), y luego el traspaso a la Gestora Pública se retrasó y se ejecutó de forma inapropiada.
BBVA administraba pensiones en Bolivia desde 1997 a través de Previsión BBVA AFP. El gobierno de Evo Morales nacionalizó las pensiones y creó una entidad pública para administrarlo. BBVA sostuvo que la transición fue caótica, con retrasos y que las medidas adoptadas le perjudicaron.
Por tanto, el banco vasco llevó el caso al arbitraje internacional en 2018 alegando irregularidades, incertidumbre jurídica y trato arbitrario durante la transición, y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) terminó dando la razón al banco y en 2022 ordenó a Bolivia pagar una indemnización de 105 millones de dólares, recuerda El Español.
Una cantidad que hoy equivale a unos 89 millones de euros, pero que en aquel momento ascendía a 104 millones por el tipo de cambio de entonces. Desde BBVA no han hecho comentarios al ser preguntados por este periódico.
Como explicó BBVA por aquellos años, la disputa no era por la nacionalización en sí, ya que la entidad nunca discutió la decisión de Bolivia de nacionalizar el servicio, sino por la demora y por cómo Bolivia la implementó y por el daño que BBVA dice haber sufrido durante el traspaso, alegando incluso hostigamiento.
A raíz del laudo del Ciadi, el Gobierno boliviano anunció que continuaría con su defensa y buscaría anular o responder al laudo, acusando al tribunal de no valorar correctamente las pruebas presentadas por el Estado sobre las demoras en la transición.
Bolivia acudió al Tribunal de La Haya solicitando la nulidad del laudo, pero en 2024 el organismo resolvió a favor de BBVA rechazando todos los argumentos presentados por el país andino. Meses más tarde, Bolivia elevó el caso y presentó un recurso de casación al Tribunal Supremo de los Países Bajos.
Pero el tribunal también ha rechazado la solicitud de nulidad del laudo del país latinoamericano. Según fuentes jurídicas conocedoras, la sentencia es firme y no cabe recurso. Por lo que Bolivia ya no tiene más recorrido legal que pelearle al BBVA para cuestionar la validez del laudo del Ciadi.
Las fuentes jurídicas consultadas pro el diario El Español resumen la sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos en que éste concluye que no procede la anulación del laudo sin que se requiera motivación adicional al no plantearse cuestiones relevantes para el desarrollo del derecho. Es más, ha condenado en costas a Bolivia.
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