Los analistas políticos han llegado casi de manera general a la conclusión de que Bolivia es un país de tensiones irresueltas entre la política de las calles y la política de las instituciones. Por un lado, las instituciones y las constituciones no han tenido la capacidad de procesar los conflictos de manera democrática y satisfactoria, instituciones como los partidos políticos, el parlamento o la ALP, el Órgano Ejecutivo, Judicial y Electoral se han degenerado al punto de ponerse al servicio de intereses grupusculares, corruptos y autoritarios; por otro lado, ha sido la política en las calles que ha acumulado bancos de ira (con o sin razón) y procesado demandas de justicia y de un trato razonablemente justo en pie de igualdad, realizables, cuando logran dirección política. En pocas palabras la historia política de Bolivia demuestra que no ha logrado un ajuste mutuo entre la política informal de las calles y la política formal de las instituciones y las constituciones; eso que le llaman Estado fallido no es otra cosa que la ausencia de un buen diseño institucional capaz de regular los equilibrios inestables de las relaciones de fuerza callejeras y estatales.
Los discursos de las calles se entrejen y se fracturan con las de sus instituciones, a la vez que no hay institución que llegue a funcionar sin un discurso oficial que la sostenga. En consecuencia, tanto la función, las fortalezas y debilidades de las calles y las instituciones, así como del conocimiento de los comunes y de los expertos deben reconducirse en una dirección dialógica, en un centro libre de extremismos; deberíamos por tanto aprender a razonar la democracia de manera sistémica y hacer de las políticas públicas no un modo instrumental. Por tanto, los elementos del discurso político de hoy deben aglutinar en un todo coherente y equilibrado los múltiples fragmentos de percepciones sensoriales polarizadas que de otra manera resultarían ininteligibles (Dryzek, 2003, p. 143). Los discursos están impregnados de odios y de sesgos que se alimentan de la incapacidad de gobernar de un gobierno débil y sin rumbo e impiden un dialogo democrático y un equilibrio reflexivo entre los bolivianos. Más específicamente, estos sentimientos ciudadanos oscilan en el trilema de la renuncia del Presidente del Estado, la mano dura contra los insurrectos y el diálogo plural entre todos los que tienen una concepción del bien y de la vida buena inherentemente conflictivos e inconmensurables (Rawls, 1996), de lo que trata es de iniciar un enfoque de la política, de la economía y de la justicia en términos equitativos y de cooperación entre ciudadanos y colectivos libres e iguales.
Debemos superar nuestras opiniones del conflicto como un asunto de vándalos bloqueadores y de empresarios productores; estas interpretaciones caen en desuso porque siempre estuvimos frente a un problema de historia política y social que se escinde entre opresores y oprimidos. La única vía de superar los desequilibrios de poder en Bolivia y las asimetrías económicas es que la gente común tenga su lugar en las instituciones renovadas para la negociación de largo plazo y en pie de igualdad, en el marco de equilibrios inestables sin duda pero también de un equilibrio general de la economía; equilibrio de las fuerzas identitarias, regionales, de género y generacionales, eso permite forjar estabilidad, gobernabilidad y gobernanza en el sistema político; ello solo es posible de ser mediante un equilibrio reflexivo que nos permita avanzar en la inclusión en un justo medio y no retroceder como mostraron las imágenes del 8 de noviembre de 2025 en adelante.
La consigna de renuncia del Presidente lo muestra como un rey desnudo que todo lo hace mal, tarde y sin dirección y, sintetiza el sentimiento popular de que el país está empeorando. Veamos en una línea de tiempo que va desde noviembre 2025 a mayo de 2026, los errores imparables que comete el gobierno de Rodrigo Paz: 1) gobierno sin gobernabilidad y sin política comunicacional, 2) El D.S. 5515 que permite gobernar a distancia por fuera de la Constitución y margina de sus funciones constitucionales al vicepresidente del Estado, 3) eliminación del impuesto a las grandes fortunas, 4) la eliminación de la subvención a los hidrocarburos sin consensos sociales, 5) la promulgación del D.S. 5503 al margen de la Constitución que es derrotado en las calles por la COB, 6) la gasolina basura, las denuncias de sobreprecio en la compra de combustibles y la presunta corrupción de altos funcionarios ligados al gobierno, 7) la caída del avión con billetes de la serie B en la ciudad de El Alto, 8) el caso de las narcomaletas sin responsables a la fecha, 9) la detención del narcotraficante Marset que deriva en sospechas de corrupción y entrega de información a la DEA violando la soberanía del Estado boliviano, 10) la manipulación electoral y el manoseo en las elecciones subnacionales y las actuaciones discrecionales del TSE que terminaron usurpando el derecho a elegir gobernador en el departamento de La Paz, 11) la promulgación de la Ley 1720 que moviliza a los indígenas de las tierras bajas, 12) sumisión en la política exterior, hiperideologizada y alineada con la derecha internacional, 13) llamar vándalos a sus electores que lo llevaron a la presidencia y gobernar con el apoyo de sectores oligárquicos y de potencias extranjeras.
El lenguaje político en el que estamos atrapados es un ropaje para ejercer el poder (Edelman, 1987) de forma banal, sea con intenciones de las viejas nuevas elites sea de los nuevos movimientos sociales; lo cierto es que ambas intencionalidades se dan en una periferia colapsada y de indeterminación funcional que apunta en direcciones divergentes que distan mucho de la coevolución de visiones de país rivales. La banalidad del mal tiene variedades de manifestarse, no tiene que ver únicamente con caer en la fascinación por hacer el mal, tiene que ver también con nombrar como burócratas del Estado a gente muy incompetente pero con ganas de robar como son los amigos, cumpas, familiares, parientes y socios del Presidente, quizás esta banalidad del mal puede ser nombrada como MIRitocracia pero meritocracia no es; el mal o el daño que causan al País los pequeños héroes del sufragio universal y la servidumbre burocrática pasa porque se embriagan con un poco de poder en tan poco tiempo.
La mano dura contra los bloqueos y contra los “indios violentos” se perfila como falsa solución en el estado de excepción. La situación que vive el país va más allá de los bloqueos y de la mano dura como salida a la crisis política, el bloqueo perjudica a todos, pero es un asunto mucho más profundo entre los que quieren trabajar y producir y los supuestos “vándalos que no dejan vivir”. Se trata de la profundidad de pensamiento en el mundo indígena y de la superficialidad de comprensión en el mundo de la blanquitud, es la ira de los rostros indígenas que quieren su propia dirección y autogobierno porque son los mismos patrones con mentalidad colonial, los mismos traficantes de la demagogia que se burlaron de ellos, les prometieron un trato entre iguales, pero no cumplieron, peor aun cuando ya están instalados en el poder y se retira el velo de su hipocresía para mostrar el verdadero rostro del que mira desde arriba con desprecio a los de abajo.
Hay que explicarle a la gente que el País necesita relaciones con todos los países del mundo; pero la gente también comprende que la intervención de la Embajada de Estados Unidos es fuerte (incluso en la mediación de Lula con el Gobierno y Evo). En lo que se refiere a la política exterior hay que mencionar el grave error que comete el gobierno de Bolivia al confiar en el apoyo de potencias imperiales y de gobiernos que tienen el repudio del mundo democrático, pacifista y solidario; peor aun cuando la Bolivia profunda, popular e indígena sabe por su historia que pueden volver a ser las víctimas del supremacismo blanco y beligerante. Debe quedar claro que injerencismo también existe desde la izquierda internacional; al medio de ambos bandos fratricidas están las clases medias empobrecidas que son también víctimas de los excesos de los de arriba y de los de abajo; aquí se impone el deber de los que estamos en medio del fuego cruzado de construir múltiples puentes para forjar un centro democrático libre de extremismos y que por fin la amnistía y el olvido del nefasto colonialismo y racismo abran los caminos del reconocimiento como la ley más alta.
Paulo Freire (2006) enseñaba que la tolerancia debe ser entendida como la posibilidad de convivir con el otro, con el diferente, que llega a ser lo mas valioso de la democracia. Pero no hay convivencia ni diálogo incondicional y sin intereses estratégicos de las partes, el dialogo debe comenzar acabando con la doble moral de que el voto es sagrado toda vez que el Presidente como su aliado Doria Medina y el señor Ávila piden que se respete el voto, pero son justamente ellos los que no respetaron el derecho de los paceños a votar y elegir a su gobernador en las urnas. Y si se trata de votación ¿Acaso la gente no voto por Lara y no por Paz y, si eso fue así porque se lo despojo de sus poderes constitucionales?. Volver a la mesa de dialogo y gestionar los equilibrios de fuerza en el Estado Plurinacional supone abandonar el estilo anacrónico de gobernar del actual Presidente y, mostrar apertura para visualizar cuatro grandes acuerdos: 1) la inclusión en el gobierno del movimiento indígena popular (que probablemente sean la COB y Evo Morales quienes nombren sus representantes en el aparato estatal) y de la clase empresarial en pie de igualdad en la gobernanza del Estado Plurinacional, 2) un giro en la política exterior bajo el principio de defensa de la soberanía nacional frente a las potencias mundiales en pugna, soberanía sobre los recursos naturales y soberanía digital, 3) devolución a las urnas del derecho de los paceños de elegir democráticamente a su gobernador (lo que supone la renuncia del recientemente nombrado), 4) lucha irrestricta contra los actos de corrupción pública, investigando y sancionando a la cleptocracia instaurada durante los gobiernos de Evo Morales Ayma, Luis Arce Catacora y Rodrigo Paz Pereira.
El trilema nacional está en curso: La Paz está muy golpeada, el Presidente no es garantía de conducción del Estado sin desorden, sin improvisación ni indecisión y, el retorno de un MAS rearticulado es la sombra con la que tienen que vivir este y los próximos gobiernos. A pesar de las presiones de la derecha, la salida no es el estado de excepción, si bien el artículo 172.26 de la Constitución establece como atribución del actual Presidente del Estado declarar el estado de excepción, el mismo conforme el articulo 161 numeral 6 debe ser aprobado por ambas cámaras de la ALP lo cual implica un alto riesgo para los asambleístas. Gobernar sin diálogo, mediante el estado de excepción puede precipitar la renuncia del Presidente debido a sus errores que lo convirtieron en un aprendiz de brujo víctima de sus propios hechizos; estos errores en el tiempo (6 meses) nos conduce a un problema constitucional y de teoría política sobre la renuncia del Presidente.
En el gobierno representativo hay dos tiempos: el tiempo electoral donde el votante ejerce poder y, el tiempo de gobierno donde el candidato tiene el poder para gobernar idealmente para todos. Es harto sabido que la teoría de la accountability (rendir cuentas) tiene significados cambiantes; la politóloga Jane Mansbridge (2021) afirma que cuando el representante y el representado tienen intereses más o menos comunes el representante puede “explicar y justificar las desviaciones con respecto a las expectativas del elector dándole cuentas de las razones pertinentes”, pero cuando los intereses del representante y del representado entran en conflicto “la accountability cambia de significado y se transforma en la capacidad del representado de controlar y sancionar al representante”. En otras palabras, el actual representante boliviano no tiene justificaciones de sus desviaciones y el representado ha decidido sancionarlo, el Presidente del Estado enfureció a sus electores al romper una promesa explícita de campaña y favorecer desde el gobierno a grupos de interés minoritarios; el castigo de su electorado se ha condensado en una demanda política de renuncia del Presidente.
El Estado de excepción en la actual coyuntura podría hacer de la democracia una excepción y repetir el peso de las calles por encima de las instituciones retornando la fórmula por la cual antes que los artículos constitucionales los malos gobiernos llegan a su fin por la ira popular en las calles; por ello es un imperativo volver a la senda del dialogo basado en la solidaridad y la amistad. No puede haber estabilidad sin solidaridad; hemos aprendido nos recuerda la gran politóloga Mansbridge que con Aristóteles hay un concepto recurrente en su Ética que dice que no es posible fundar un Estado sin solidaridad ni amistad como rasgos distintivos del interés común.
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Politólogo y abogado, Docente UMSA.
