La fortaleza de un Estado democrático se mide por su capacidad para garantizar orden, legalidad y cohesión territorial. En Bolivia, la persistencia de conflictos internos, la erosión de la autoridad y la incapacidad de hacer cumplir la ley han generado un escenario de desorden estructural que amenaza no solo la estabilidad institucional, sino la propia unidad del país. En este contexto, resulta imprescindible analizar el rol que la Constitución Política del Estado asigna a las Fuerzas Armadas (FFAA) en la protección de la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.
El artículo 137 de la CPE establece que la seguridad y defensa del Estado son responsabilidad del Estado y se ejercen a través de las FFAA, cuya misión es preservar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Este mandato no se limita a amenazas externas: incluye la obligación de proteger el orden constitucional cuando este se ve comprometido por acciones que ponen en riesgo la estabilidad del país. La defensa, en un sentido moderno, abarca la preservación del orden estratégico interno y la protección de la convivencia pacífica.
El artículo 138 complementa esta visión al disponer que las FFAA participan en el desarrollo integral del país y pueden contribuir a la seguridad interna cuando así lo requiera el orden constitucional. Esta disposición reconoce que la defensa nacional es multidimensional: incluye infraestructura, apoyo a emergencias, protección de servicios esenciales y respaldo a la institucionalidad democrática frente a riesgos severos.
Hoy Bolivia enfrenta un punto crítico. La falta de aplicación efectiva de la ley, la proliferación de bloqueos, la presión corporativa y la fragmentación política han generado un clima donde la autoridad estatal se percibe debilitada. Si esta tendencia continúa, el país corre el riesgo real de profundizar la fractura entre oriente y occidente, alimentando narrativas de separación territorial que, aunque minoritarias, se fortalecen cuando el Estado no logra garantizar orden, libre tránsito y seguridad jurídica. La unidad nacional no se sostiene únicamente con discursos: requiere instituciones capaces de hacer cumplir la ley.
A nivel internacional, estas grietas internas proyectan una imagen preocupante. La incapacidad del Estado para garantizar orden público y resolver conflictos sin recurrir a la confrontación social alimenta la percepción de que Bolivia se aproxima a la categoría de Estado fallido, entendido como aquel que no puede ejercer control efectivo sobre su territorio ni proteger los derechos fundamentales de su población. Esta percepción afecta la inversión, la cooperación internacional y la credibilidad del país en foros multilaterales.
Desde una perspectiva propositiva, el fortalecimiento del rol constitucional de las FFAA debe integrarse en una estrategia de seguridad democrática, articulada con la Policía Boliviana, los gobiernos subnacionales y la institucionalidad civil. No se trata de militarizar la vida pública, sino de restablecer la capacidad del Estado para proteger derechos, garantizar la paz social y asegurar que la ley prevalezca sobre la fuerza de facto.
Bolivia necesita recuperar un principio esencial: sin orden no hay libertad, sin ley no hay democracia y sin cohesión territorial no hay nación posible. La aplicación responsable y estricta de los artículos 137 y 138 no solo es constitucional, sino urgente para evitar que el país continúe deslizándose hacia escenarios de mayor fragmentación y pérdida de legitimidad internacional.
Hoy, más que nunca, es imperativo reafirmar que la seguridad, la defensa y el desarrollo son los cimientos de un Estado que aspira a vivir en paz, progresar y garantizar un futuro digno para todos sus ciudadanos
Luis Sergio Valle, Promoción XLIX de la Escuela Altos Estudios Nacionales
Magister en Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional
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