La pasada semana, los Institutos Cato de Estados Unidos y Fraser de Canadá publicaron el “Índice de Libertad Humana 2022”, un estudio que analiza el grado de independencia de los individuos y la ausencia de restricciones coercitivas en el ejercicio de sus derechos. Basado en la libertad personal y la libertad económica, considera 86 variables en 12 áreas, entre las que se encuentran Estado de Derecho, seguridad y protección, asociación, gobierno, justicia, propiedad, comercio, trabajo, negocios, etc.
La investigación sitúa a Bolivia en el puesto 98 sobre 165 países, con un índice de 6,60/10 (en América solo Nicaragua y Venezuela están en peor situación). Los índices más bajos corresponden a independencia judicial e integridad del sistema jurídico y, en el nivel de libertad económica, las variables peor calificadas son cumplimiento de contratos, obstáculos reglamentarios al comercio, movimiento de capitales, regulaciones laborales y comerciales, gasto público y propiedad estatal.
Esta calificación no es extraña ni aislada. La Fundación Heritage, en su Índice de Libertad Económica 2022, ubica a Bolivia en el puesto 169 de 184 países. “Bolivia ocupa el puesto 30 entre 32 países de la región de las Américas, y su puntaje general está por debajo de los promedios regionales y mundiales. Ha continuado una tendencia de cinco años de libertad económica estancada; ha registrado una pérdida general de libertad económica de 4,7 puntos desde 2017 y sigue entre los países económicamente más "reprimidos" del mundo”, señala el informe.
El Grupo Banco Mundial, en su estudio anual denominado Doing Bussines 2020, que investiga las regulaciones que mejoran la actividad empresarial y las que la limitan, ubica a nuestro país en el puesto 150 de un total de 190 países analizados. Transparencia Internacional, en su informe correspondiente a 2021 sobre percepción de la corrupción, sitúa a Bolivia en el puesto 128 de 180 países, con un puntaje de 30/100, uno de los más bajos desde que se realiza la investigación, y, en América, solo por encima de Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Haití.
En 2019, el Foro Económico Mundial publicó el Índice de Competitividad Global que mide la forma en la que un país utiliza sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad, considerando variables como instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, educación, mercado de bienes, mercado laboral, mercado financiero, tecnología, innovación entre otros. La investigación nos asigna un puntaje de 52. “Ese valor sitúa a Bolivia en el puesto número 107, es decir que tiene un nivel de competitividad mundial bastante deficiente si lo comparamos con el resto de los 141 países del ranking. Ha empeorado su situación, ya que en 2018 estaba en el puesto 105”, señala la entidad.
La realidad descrita por estos estudios no es nueva ni es responsabilidad exclusiva del gobierno actual. De hecho, en los últimos años nuestro país ha ingresado al grupo de naciones de desarrollo humano alto, gracias a los avances en disminución de la pobreza, acceso a educación, igualdad e inclusión. Pese a estos resultados, en el Índice de Desarrollo Humano 2021 de las Naciones Unidas, Bolivia alcanza una puntuación de 0.692, ubicándose en el puesto número 118 de 191 países, el segundo más bajo de Sudamérica, después de Venezuela.
Cualquiera sea la institución, la metodología o el periodo analizado, las investigaciones sobre la situación de Bolivia en los ámbitos del desarrollo y el progreso, nos ubican en los últimos lugares en la región e incluso en el mundo, al nivel de países que carecen de riquezas naturales y población capacitada, o que viven guerras, crisis políticas o regímenes tiránicos.
Independientemente de la tentación de cerrar los ojos a esta realidad, lo cierto es que no estamos bien, y que seguiremos así mientras nuestra visión sea de corto plazo; mientras no seamos capaces de pensar el país desde una perspectiva integral y no solamente desde agendas partidarias, ideológicas o corporativas. Y no se trata de engrosar el coro de los eternos críticos que no plantean soluciones, sino de partir de un diagnóstico honesto y crudo sobre una realidad que no podemos ocultar con discursos exitistas, relatos derrotistas o buscando culpables dentro y fuera del país. Los bolivianos nos hemos pasado los últimos 100 años transitando en la bipolaridad ideológica y la obsesión política, inventando proceso, copiando modelos e interpretando el país desde la confrontación, la división y las diferencias.
Es necesario un profundo sinceramiento, no hay duda. Una admisión de todos, sin excepción de que ni las fórmulas mágicas ni las revoluciones febriles han logrado sacarnos del atraso y la dependencia. Pero también es imprescindible entender que nuestro subdesarrollo no es una predestinación fatalista; no hay ninguna razón que nos condene al fracaso y la derrota. Siempre tuvimos y siempre tendremos la oportunidad de revertir esa realidad y siempre dependerá de nosotros.
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