He entrevistado a César Apaza un par de veces, siempre como dirigente de los productores de coca de los Yungas. En ambas ocasiones se mostró receptivo a mis preguntas, educado y cordial, virtudes que, sinceramente, agradezco en medio de la fauna cerril y depredadora que medra en la atmósfera política.
Por eso, verlo salir de la cárcel de San Pedro apoyándose en dos policías para dar un paso, con medio cuerpo paralizado, diabetes, y quién sabe qué daño psicológico tras dieciséis meses de prisión preventiva, me provoca una inevitable sensación de repulsa más allá de la tristeza que genera una imagen visual tan patética.
Pero al margen de la resonancia mediática, que la tiene, sin duda, preocupa la deriva de la justicia boliviana administrada por operadores del poder político capaces por sí mismos de despejar el camino recurriendo a fallos de dudosa legitimidad. Peor aún, el abuso de la prisión preventiva-destacado en varios informes de organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional-enturbia más el panorama, evidencia la falta de independencia de poderes y retrata a un Gobierno que no respeta los derechos humanos. De poco o nada sirve que el ministro de Justicia, Iván Lima, se llene la boca destacando los avances en esa materia alcanzados a partir de la Constitución de 2009 y la creación del Estado Plurinacional cuando se forzó a César Apaza a admitir su culpabilidad por los delitos que le imputó la fiscalía, entre estos incendio, lesiones graves y leves e instigación a delinquir. Atendiendo a otros fallos basados en la libre interpretación de la ley de ciertos magistrados, sólo falta que se lo acuse de terrorismo una figura penalmente ambigua y cuestionada en nuestra maleable legislación. Sólo hay que darles un poco de tiempo y una excusa para ello.
Ante esta situación, comprenderá usted que es imposible ser optimista. Si bien hoy no caminamos por la calle con el testamento bajo el brazo, es imprescindible contar con una lista telefónica de al menos cinco abogados por si las moscas. Siempre hemos sido un país de cuerpos legales ejemplares, juristas notables, doctores, altos magistrados y ministros situados en el Parnaso de la Ley, una atalaya inaccesible para quienes carecen de los mínimos recursos financieros para enfrentar cualquier proceso judicial. Como en la granja de animales de Orwell, en teoría todos somos iguales ante la ley pero algunos son más iguales que otros. Tal cual.
Entonces, ¿cómo podía esperar César Apaza otra respuesta de los tribunales? El exdirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) deberá cumplir una pena de tres años de prisión una vez se recupere de los males que lo aquejan. Apaza se acogió a un proceso abreviado forzoso, obligado por las circunstancias, renunciando a sus propios derechos humanos. Para él, como para otros, no ha habido un debido proceso; se ha aplicado la ley pero ésta no siempre es justa y así, entre pitos y flautas, el Gobierno propone, dispone y ejecuta amparado en un sistema democrático que se lo permite.
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