4 de febrero (Urgente.bo).- Son tres recursos presentados en contra de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) en medio de críticas y amenazas de movilizaciones por sectores empresariales, productivos e industriales.
La disposición séptima, aprobada por la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) el pasado 1 de enero, señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
El 17 de enero, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, presentó un proyecto de ley para la derogación de la disposición. Sin embargo, la misma fue cuestionada por el exministro de Justicia, Iván Lima, por tratarse de un recurso que generaría un precedente inconstitucional.
“El proyecto de Ley del PGE fue aprobado con fuerza de ley, por lo tanto, no puede ser modificado o derogado por el Ejecutivo, ni por el Legislativo. Su valor normativo se encuentra en tres hechos: i) que sea remitido con anticipación de 60 días; ii) que la ALP no sancione el proyecto de Ley en ese plazo; y iii) que el Presidente promulgue la ley y esta sea publicada en la Gaceta Oficial”, escribió Lima en su columna de opinión del pasado sábado.
Este 3 de febrero, el sector empresarial presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para la derogación de la disposición adicional séptima y rechazó todo tipo de diálogo con el Gobierno. Además, advirtió con movilizaciones desde este 10 de febrero si no se cumple el pedido.
“Los argumentos son claros: existe una gran preocupación. No sabemos qué hay detrás de esto, ya que la penalización al contrabando ya existe. No entendemos la necesidad de esta disposición. Estamos preocupados por lo que pueda suceder; creemos que nos están cerrando puertas”, señaló Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb).
Poco más tarde, el senador evista, Luis Adolfo Flores, presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad contra la polémica disposición y la disposición adicional quinta del PGE.
“Este recurso es contra el Presupuesto General del Estado, uno primero hemos presentado por los temas económicos, incluyendo el artículo adicional séptima y otros artículos sobre el beneficio social, que es la renta dignidad de vejez”, expuso Flores.
El senador adelantó que, si el recurso no es tratado favorablemente en el TCP, se interpondrá otro mecanismo ante la CIDH.
Sobre esta medida, Lima advierte que el recurso puede ser rechazado debido a “la cuestionable legitimidad del TCP”.
