Hace ya casi 12 años, el gobierno de Evo Morales creó la Direción Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) con la visión de ser “una institución eficaz” en la demanda marítima boliviana, en la del Silala y en otras cuestiones relativas a recursos hídricos internacionales. Sin embargo, el Estado Plurinacional de Bolivia ya ha perdido dos juicios ante la Corte Internacional de Justicia y esa entidad estatal ha costado 28 millones de dólares.
El economista Julio Linares publicó un mensaje por twitter en el que afirma que Diremar es una institución inservible, cuyo funcionamiento le ha costado al país 28 millones de dólares.
“Dos contundentes derrotas judiciales, doce años inservibles de Diremar, el ente que creó Evo Morales se gastó ya 28 millones de dólares en sueldos, consultorías y viajes. ¿Cuándo cerrarán ese fiasco?, ¿Quién los auditará?”, se cuestiona el director de la Alianza por el Bien Común Somos Pueblo.
En el sitio web, cuando hace referencia a su visión, la Diremar se proyecta como “una institución eficaz en la gestión de apoyo en la demanda marítima boliviana, en la demanda del Silala y en cuestiones relativas a recursos hídricos internacionales con plena capacidad para proponer estrategias y desarrollar acciones destinadas a lograr soluciones efectivas”.
Dos contundentes derrotas judiciales, doce años inservibles de #Diremar, el ente que creó #Evo se gastó ya 28 millones de dólares en sueldos, consultorías y viajes. ¿Cuándo cerrarán ese fiasco?, ¿Quién los auditará? pic.twitter.com/JAZSC5kAkA
— Julio H. Linares C. (@JulioHLinaresC) December 6, 2022
/blockquote>Fue creada el 5 de abril de 2011, para defender la posición boliviana de reivindicación marítima y luego amplió su campo de acción hacia la cuestión del Silala y otros recursos hídricos.
El 1 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia decidió no pronunciarse sobre la demanda de Chile y contrademanda de Bolivia sobre la cuestión del Silala, porque ambos países se pusieron de acuerdo que el Silala es un río internacional, cambiando la posición del Estado boliviano en este campo.
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