La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de proclamar gobernador de La Paz a un candidato que no se sometió al voto de los ciudadanos en una segunda vuelta después de un turbio desistimiento del partido que acogía a su contendor, revela nuevamente la notable debilidad del sistema político y la incapacidad de sus autoridades para entender un escenario que está acumulando inquietantes señales de desorden y entropía, las cuales podrían tener costos elevados para la gobernabilidad futura.
Empecemos por lo obvio para no perder tiempo: la decisión del TSE tiene un sustento legal, la figura de desistimiento existe y su aplicación está prevista en la legislación que rige los procesos electorales. Reconocer esto, no impide opinar que esas leyes están erradas o que la manera cómo están siendo aplicadas haya sido deficiente.
Tampoco lleva a ninguna parte entrar en disquisiciones sobre los “peligros” que implica que Revilla o Yahuasi sean gobernadores de La Paz, ambos tienen todo el derecho de presentarse ante los votantes más allá de lo que cada uno de nosotros pueda pensar sobre sus ideas o personalidad. De eso se trata justamente la democracia, en su contenido más básico, de tener la posibilidad de ser elegido y elegir con la mayor de las libertades y garantías posibles.
De igual modo, no deseo entrar en la moda conspirativa de ver manipulaciones y oscuras maniobras, de unos y otros, detrás de cualquier evento polémico. No es útil discutir el problema a partir de conjeturas no comprobadas sobre “maletinazos”, chantajes y operadores malignos. Lo cual, por supuesto, tampoco debería llevarnos a pecar de ingenuos ni a expresarnos cínicamente justificando cualquier barbaridad porque “así es la política”.
Desearía más bien concentrarme en lo que considero que es el meollo del problema y que explica mi actual sentimiento de indignación frente a este atropello que por muy legal que sea, no deja de ser un golpe a la salud de nuestra democracia. Se trata del siempre difícil manejo de la tensión entre legalidad y legitimidad como base del funcionamiento de cualquier Estado, particularmente cuando este se pretende democrático.
Con mucha frecuencia olvidamos que la legalidad, las normas y leyes, define la forma de las instituciones pero que se precisa del acatamiento voluntario de la ciudadanía para que no se vuelvan un “cascaron vacío”. Es decir, una democracia sana necesita buenas reglas escritas y también un entramado de percepciones colectivas que contribuyan a que la ciudadanía las obedezca sin necesidad de coerción porque las considera justas y razonables. En síntesis, ninguna gobernabilidad es posible sin un mínimo de legitimidad.
En el caso de las elecciones, una de las fuentes inevitables del poder democrático, esto es aún más determinante porque su esencia misma se basa en la idea, no tan obvia, que el voto sirve para algo, que expresa ideas y sentimientos y que sus resultados nos obligan a cumplir ciertas cosas. Por eso, aunque mi candidato pierda, lo puedo aceptar, porque intuyo que las reglas del juego fueron justas. Cuando esas creencias se quiebran, empiezan los problemas.
De hecho, en la historia reciente de Bolivia, la cuestión del respeto del voto fue determinante en la configuración del conflicto y de la estabilidad política del país. No es un tema menor, es medular en la manera como la gente percibe al poder. Tocar los “mitos” en torno a las urnas es muy problemático. Basta ver los impactos de la controversia sobre el 21F, los comicios del 2019 o la gran desconfianza que fue acumulando el TSE y el padrón electoral a lo largo de los años.
En consecuencia, la decisión de no realizar la segunda vuelta en La Paz tendrá evidentes impactos sobre la legitimidad del actual proceso electoral, de las instituciones que lo administran, de los actores que participan y de las autoridades que emergerán de ellas. La preocupación no es únicamente ética o moral, tiene que ver con inquietudes prácticas sobre la estabilidad, la conflictividad y la gobernabilidad de la región y el país. El argumento es el siguiente: no estamos en una coyuntura fácil, el país tiene grandes desafíos, la multicrisis sigue ahí y necesitamos una política con legitimidad para solucionarlos.
Sabemos que uno de los mayores retos se refiere a la creciente desconfianza de grandes franjas de la población en las instituciones y autoridades. Entonces, qué sentido tiene seguir dinamitando esa frágil credibilidad. ¿Qué ganamos haciendo que muchos ciudadanos piensen que el voto no sirve para nada o que las leyes no se aplican de la misma manera para todos?
Si hay actores que creen que se puede ganar en el corto plazo con estos desajustes, se equivocan de cabo a rabo, solo son un ejemplo más de lo miopes que se han vuelto las elites en los últimos años. Sacar a actores “incomodos” del campo político o imponerse a como dé lugar no es una salida sostenible, aumenta la bronca, justifica los agravios, alimenta el populismo y la polarización. Le estas dando alimento a los monstruos que se los van a comer tarde o temprano.
Por eso, soy particularmente severo con el TSE, porque viene acumulando decisiones que han hecho que las elecciones autonómicas de este año terminen siendo notablemente inciertas, desordenadas e injustas a los ojos de cientos de miles de ciudadanos.
El desmadre de la segunda vuelta paceña es solo la cereza de la torta, después de montón de (in)habilitaciones de partidos y candidatos raras y poco explicadas, cientos de candidatos eliminados y frustrados habiendo empezado campañas, partidos que aparecen y otros que desaparecen y un largo etcétera de situaciones insólitas.
Frente a eso, las autoridades del TSE se escudan en leyes, que reconocen que son malas, aunque se olvidan decirnos que son las mismas con las que venimos realizando elecciones desde 2010 sin que se produjeran antes esa cantidad de desajustes. Asumamos que las normas son defectuosas y que los propios vocales saben que permiten excesos. ¿Pero, entonces por que se las aplica sin decir ni hacer nada frente a esa incomoda realidad?
Quizás no se puede desacatarlas, pero eso les obliga a ser aún más transparentes en su aplicación, a cuidar las formas al máximo, a realizar una pedagogía preventiva ante una ciudadanía que legítimamente se puede sentir agraviada y en ciertos casos a buscar y recurrir a otros instrumentos normativos para compensar o mitigar los daños que todo esto está generando en la confianza en el sistema.
Sin ir lejos, en el caso Yahuasi, ¿qué le costaba al TSE hablar con el candidato afectado, escuchar sus criterios, tomar en cuentas sus denuncias sobre los abusos que estaría realizando el taxi partido que provoco el escándalo? ¿Por qué no adelantarse ante el obvio malestar de la ciudadanía y particularmente decir y actuar contra los que están mercantilizando de manera tan grosera el sistema electoral? Así pues, una sanción severa a NGP y a sus inescrupulosos dueños se impone, es lo mínimo que se esperaría, porque además eso está también en la sacrosanta norma en base a la cual se está justificando todo el desbarajuste.
Se están pues acumulando peligros para nuestra democracia, por acción u omisión. Por eso la actitud del TSE no es satisfactoria, quisiéramos creer más producto de la ingenuidad que por otras motivaciones. Cumplen la ley, cierto, pero son ciegos, sordos y mudos frente a los impactos de sus decisiones, deslegitimándose con o sin razón a los ojos de muchos. Olvidando que un órgano de justicia electoral no es únicamente un ente que sella burocráticamente decisiones basadas en normas que se aplican sin contexto ni discusión, sino un actor fundamental que debe garantizar derechos, no solo ser sino parecer justo y honesto y pensar en la democracia de manera sistémica. Esa es su razón de ser, por eso la constitución lo entendió como un cuarto poder del Estado.
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