Armita Garawand ingresó en estado de coma en el hospital Fajr de Teherán, la capital de Irán, después de ser represaliada por los Guardianes de la Revolución, un grupo fundamentalista islámico. El delito de Armita, con dieciséis años recién cumplidos, fue no respetar el uso del velo islámico.
Un año antes, en septiembre de 2022, Masha Zina Amini, fue aprehendida por la Policía de la Moral y golpeada hasta morir, hecho que generó la indignación de miles de personas en todo el mundo condenando al régimen del presidente Ibrahim Raisi.
Al mismo tiempo, de acuerdo con la organización no gubernamental Amnistía Internacional, en 2023 el Gobierno detuvo a más de 22.000 personas y siete fueron ejecutadas tras un juicio sumario. Con estos datos, qué duda cabe que La República Islámica de Irán viola los derechos humanos con impunidad, particularmente los de las mujeres, obligadas, entre otras cosas, a ocultar su cabello en público.
Bien. Llegados a este punto es preciso recordar, por si acaso, que el Gobierno de Luis Arce, ratificó su alianza con Irán en ocasión de la VII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas en Argel. “Nuestra percepción de la República Islámica de Irán va más allá de considerarla simplemente como otro país; la vemos como un amigo y un hermano”, dijo el presidente de Bolivia. No hace falta agregar ni una coma ni un punto, a esta profunda contradicción (una más) entre el juego de alineamiento político global del gobierno boliviano y nuestra Constitución; basta leer el Artículo 15 que garantiza el derecho a la vida, y a la integridad física, psicológica y sexual.
En otras palabras, el Gobierno apoya un régimen totalitario, criminal y misógino mientras por otro lado preconiza el respeto a los derechos de la mujer en todo ámbito de la sociedad boliviana, lo cual nos sitúa entre los parias de la comunidad internacional, al menos la democrática.
No es extraño, por lo tanto, que esta suerte de manifiesta hipocresía se haya convertido en la carta de presentación de un país que garantiza la observancia de los derechos humanos manteniendo a cientos de personas en prisión preventiva, instrumentaliza la administración de justicia con fallos acordes a los intereses del Gobierno, proscribe a quienes piensan diferente, aun aquellos miembros disidentes del Movimiento Al Socialismo y secuestra el ejercicio de la democracia en la Asamblea Legislativa ahondando la crisis del Estado de no Derecho. Por ello, el concepto de “democracia” se pervierte groseramente cuando se pronuncia en la Casa Grande del Pueblo. De poco o nada sirven los altavoces mediáticos del gobierno, las soflamas de sus ministros y la doble moral de una política exterior convenenciera y errática, ejercida desde la prebenda partidaria en detrimento del profesionalismo de la diplomacia de carrera.
Qué le vamos a hacer. Esto es lo que hay.
