11 de julio (Urgente.bo)- Cooperativas mineras, sindicatos fabriles, transportistas y juntas vecinales se declararon en estado de emergencia permanente tras rechazar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el caso Fancesa contra Soboce.
A través de cartas enviadas a distintos ministerios, los sectores movilizados denunciaron que la "desproporcionada" sanción económica responde a presiones políticas que amenazan la estabilidad laboral de miles de familias y ahuyentan la inversión privada.
En pasadas semanas, el TSJ dictaminó que la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) pague Bs 744.315.432 a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) por daños derivados de competencia desleal. El fallo fue ratificado mediante el Auto Supremo 1190/2026.
Una carta de la Cooperativa Multiactiva Catavi dirigida al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se expresa el rechazo al auto resolutivo 1190/2026 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el caso Fancesa contra Soboce.
“Consideramos que dicho fallo es injusto y perjudicial para Soboce y nos afecta indirectamente. En consecuencia, hemos decidido expresar nuestra firme oposición a través del voto resolutivo adjunto”, dice la carta.
Una similar misiva fue enviada al ministro de Minería y Metalurgia, Antonio Calderón de la Barca. El voto resolutivo detalla que la cooperativa mantiene un vínculo laboral e histórico fundamental de suministro de piedra caliza para la planta de Viacha de Soboce, “actividad de la que depende 15.000 habitantes de Catavi.
Asimismo, los miembros indican que se trata de una desproporcionada sanción económica a favor de Fancesa y que el proceso judicial carece de sustento técnico-jurídico, que “responde a presiones políticas”. “Busca encubrir una maniobra para evitar que el Estado cumpla con el pago de la indemnización que le adeuda a Soboce desde hace más de 16 años por la expropiación de sus acciones en Fancesa”.
El sector se declaró en emergencia permanente en todas sus bases y comunidades ante una “inminente amenaza de estabilidad laboral”.
Por otro lado, exigen a las autoridades judiciales el cese de la “politización” de la justicia, piden el pronunciamiento de Fedecomin LP y Concobol.
Asimismo, la Cooperativa Minera Pata Kallani Sayari rechazó el auto supremo contra Soboce, al considerarlo un atentado a la estabilidad económica de las familias que viven de la explotación de la piedra Caliza. En su voto resolutivo se declararon en estado de emergencia permanente y exigieron a las autoridades jurisdiccionales el “cese de la politización de la justicia”.
Otro sector que se ha pronunciado a favor de Soboce es el Sindicato de Transporte Pesado Nacional e Internacional “Viacha”, que se dedica al transporte de carga de cemento.
De acuerdo a una carta enviada a Agustín Jiménez, secretario ejecutivo de la Subfederación regional del autotransporte de la provincia Ingavi, el sindicato tuvo una relación laboral y comercial con la industria cementera hace 57 años y se teme efectos sobre el fallo contra Soboce.
“Manifestamos nuestra preocupación por los posibles efectos y consecuencias que las determinaciones asumidas dentro del mencionado proceso judicial puedan generar sobre la estabilidad laboral, la continuidad de las operaciones de transporte y la seguridad económica de nuestros afiliados”, menciona la misiva.
Por su parte, el 6 de julio, el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Cemento Viacha-Bolivia emitió un voto resolutivo y se lo hizo saber en una carta al ministro de Trabajo, Williams Bascopé.
El sector teme un atentado contra su estabilidad laboral de los trabajadores de la empresa de Soboce, que solamente, en Viacha, se trata de 2.000 empleos directos, además, expresaron su preocupación por los empleos indirectos que genera Soboce mediante sus plantas de producción y en venta. Finalmente, advierte con que se ahuyenta a la inversión privada.
El Sindicato de Trabajadores Fabriles Cemento Warnes Soboce envió una carta al jefe departamental de Trabajo, de Santa Cruz, José Antonio Echazu, en la que expresó su apoyo a Soboce, asegurando que, “después de más de un siglo de operaciones, Soboce constituye una de las principales empresas industriales del país” y que el auto supremo 1190 genera incertidumbre jurídica y afecta la estabilidad institucional, económica y laboral vinculada a Soboce.
“Demandar que las autoridades jurisdiccionales competentes actúen con total independencia”, dice parte del voto resolutivo y el sector se declara en emergencia.
Otro pronunciamiento hizo el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Cemento El Puente y Ramas a fines. El 6 de julio envió una carta a Giovanna Pinedo, jefe departamental de Trabajo de Tarija, para expresar su rechazo al auto supremo 1190, ya que consideran que afecta a la estabilidad institucional, económica y laboral.
El 8 de julio, la Federación de Juntas Vecinales de Viacha envió una carta al ministro de Desarrollo Productivo Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, para explicar que la actividad de Soboce mantiene a miles de familias del municipio y que se rechaza el fallo contra dicha empresa. La misiva también fue enviada a otros ministerios.
En el voto resolutivo de la Fejuve, exigen que el Estado pague la deuda que mantiene con Soboce hace 16 años por la expropiación de sus acciones en Fancesa.
La Organización Territorial de Base “Wuasa Kocha” de Cochabamba envió un voto resolutivo al Ministerio de Minería y Metalurgia, en el que expresa su preocupación por el posible impacto negativo en sus afiliados con más de 150 familias que dependen económicamente de las actividades de Soboce.
La Cooperativa Minera Indígena Centro Kallani se expresó el 8 de julio en una carta a Minería y Metalurgia en la que advierten con medidas en defensa del sustento de sus familias ante el auto supremo contra Soboce.
Entre otras instituciones que expresaron su rechazo está Marka Contorno de Viacha y la Cooperativa Minera Collana.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advirtió que esto la situación de Soboce puede generar implicaciones sobre la seguridad jurídica, la confianza y el clima de inversión en el país.
