Recientemente se conoció que, desde hace tres meses, JP Morgan sitúa a Bolivia como la segunda economía con mayor riesgo país en el continente americano, únicamente después de Venezuela. Esta ubicación se suma a las calificaciones de Moody's, que mantiene para nuestro país el nivel CAA1 y; Standard & Poors y Fitch Ratings que incrementaron el índice de riesgo a CCC, uno de las más bajos de la escala.
Aunque los informes fueron descalificados por el gobierno y no tuvieron mucho impacto público, sus efectos son muy graves, especialmente si consideramos que estos estudios alertan a los inversionistas sobre el peligro que implica para las empresas, gobiernos o el sistema financiero internacional, operar en o con Bolivia en exportaciones e importaciones, activos, derechos, operaciones y créditos, y advierten sobre la débil capacidad del Estado para responder a sus deudas y obligaciones.
Más allá de las señales negativas, estos datos muestran una creciente susceptibilidad de las entidades internacionales sobre la efectividad de las medidas que adopta el gobierno para enfrentar la situación de precariedad por la que atraviesa nuestra economía. De hecho, Moody´s, a través de su vicepresidente de Riesgo Soberano, ha sugerido que Bolivia podría estar encaminándose a una crisis de balanza de pagos, un ajuste severo del tipo de cambio, y un posible incumplimiento del pago de la deuda externa, debido a factores como la caída en la producción de hidrocarburos, escasez de dólares, contracción económica y una mora creciente en el sistema financiero.
La desconfianza hacia nuestro país ya tiene consecuencias en la inversión extranjera directa, que ha caído radicalmente durante los últimos 4 años, debido a que los capitales privados prefirieron dirigirse a países políticamente inestables como Perú y Ecuador o con menos recursos naturales como Paraguay, antes de intentar desarrollarse en nuestro territorio. Incluso a nivel interno, el propio gobierno admitió que hay más de 10 mil millones de dólares en poder de los ciudadanos, que no ingresan al sistema financiero porque la gente desconfía de la estabilidad de la economía.
Hay muchos factores políticos, sociales e institucionales que miden la confianza para invertir o para otorgar créditos a una nación y, en el caso de Bolivia, estos factores se hallan articulados y se alimentan unos a otros. Los bloqueos permanentes de carreteras, las amenazas de convulsiones sociales y la inestabilidad política; la escasa y desactualizada información oficial sobre variables económicas y financieras elementales; la normativa insuficiente y desequilibrada, el modelo estatista, la hostilidad hacia el sector privado, la informalidad e incluso el aumento de la inseguridad ciudadana y el narcotráfico, son factores que inciden en todas las evaluaciones y resultan en descalificaciones que nos colocan como un país poco confiable.
Adicionalmente, las evaluaciones internacionales sobre otros temas muestran la misma tendencia, Según el último informe de World Justice Proyect sobre Estado de Derecho, Bolivia ocupa el puesto 131 de 142 países, muy cerca de Myanmar, Nicaragua y Haití. En el tema de transparencia, el Índice de percepción sobre la corrupción nos ubica en el puesto 133 de 180 naciones, y en el ranking de libertad económica, que califica aspectos como derechos de propiedad, la eficacia judicial, cargas tributarias, salud fiscal, gasto público, libertad laboral, monetaria, financiera, de inversión y empresarial, nos situamos en el puesto 167 de 176 Estados evaluados.
Cuando el gobierno minimiza el penoso posicionamiento de Bolivia en el contexto internacional, parecer no entender que la confianza es esencial para el funcionamiento adecuado del mercado financiero, y que está estrechamente relacionada con la eficiencia y la legitimidad. En un entorno donde la confianza es alta, se producen flujos de capital más dinámicos porque los participantes confían en que los precios reflejan adecuadamente la información disponible y que las transacciones se realizan de manera justa, mientras que la falta de confianza generada por la corrupción, el fraude o la falta de transparencia, distorsiona el funcionamiento de la economía, dificulta la toma de decisiones informadas y produce la volatilidad del mercado, la retirada de inversiones y la inestabilidad financiera.
La estrategia de negar la realidad y subestimar las evaluaciones que alertan sobre el incremento de la desconfianza hacia nuestro país, no solo es inapropiada e irresponsable, sino que conlleva el peligro de que cualquier política de recuperación o mitigación de la crisis, sea inaplicable por carecer del soporte financiero que nuestro país necesita.
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