Hay algo profundamente boliviano en esto de caer siempre en las zanjas que nosotros mismos cavamos. Ahora resulta que, alrededor del Decreto Supremo 5515, todos son constitucionalistas (especialistas y novicios), todos defienden la sacrosanta Constitución Política del Estado —CPE— con fervor de cruzados. ¿Dónde estaban estos inmaculados durante veinte años de atropellos? La pregunta no busca respuesta porque ya la conocemos: estaban del otro lado, aplaudiendo cuando la Constitución se violaba a su favor, callados cuando convenía callar. Eso da bronca, pero, sobre todo, risa amarga, esa que duele en el estómago.
Vivimos los peligros de la moralidad selectiva, esa que Pablo Malo describe tan bien: somos justos solo cuando no nos afecta la injusticia, virtuosos solo cuando la virtud no nos cuesta nada. La CPE —esa que nació con sangre en 2009, impuesta más que consensuada— dejó de ser Ley Suprema el día que la convertimos en instrumento. Desde entonces, ella y todos nosotros nos envilecimos en cada elección, en cada decreto, cada conveniencia política, a vista y paciencia de quienes juraron defenderla, que miran, callan y dejan hacer.
Y aquí estamos otra vez. Rodrigo Paz, quien eligió, elogió y defendió a capa y espada a Edmand Lara cuando éste mostraba ya sus primeros dientes de grosería, insensatez y ambición desmedida, ahora descubre que su dupla facilona se le volvió piedra en el zapato. Es su responsabilidad, por tanto, asumir ese disparate. Pero también es nuestra. La mayoría votó por esa fórmula, la aplaudió y la vitoreó, pero calló cuando había que hablar.
El periodista Carlos Valverde lo dijo con claridad: «Lara es un peligro, pero la ilegalidad constitucional puede ser peor». Ahí está el meollo de esta malagüera encrucijada: entre dos males, ¿cuál elegimos? ¿El riesgo de un vicepresidente díscolo e irreverente o el de normalizar que cada gobierno reinvente las reglas del juego? Ambos caminos nos llevan al abismo, solo que por rutas distintas.
Tal vez sea hora de repensar esa CPE que no fue de todos, sino del «proceso de cambio», diseñada para un grupo selecto. Pero para eso necesitamos algo más difícil que reformar leyes: necesitamos reformarnos a nosotros mismos. Chomsky se preguntaba qué clase de seres somos cuando nos dañamos unos a otros y nos seguimos llamando civilizados. Esa pregunta flota sobre Bolivia como una nube negra.
Decidir por lo uno o lo otro es el peso de la libertad... o quizás el de nuestro propio miedo. Ahora el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la palabra. Ojalá la diga sin apegos políticos ni deshonestidades criollas. Ojalá seamos capaces, por una vez, de ser coherentes y consecuentes con nuestros actos, de asumir con responsabilidad lo que venga si se aplica o no el DS 5515. Pero conociendo nuestra historia, la libertad de elegir con consciencia pesa como plomo.
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