Imagine una distopia en que la traviesa Laura Ingalls, de La Pequeña Casa en la Pradera, conoce y se enamora de Ernesto “Che” Guevara; proyecte el potencial disruptivo en la naturaleza de una comunidad progresista de Estados Unidos cuando se injerta en su ecosistema cívico especies foráneas hostiles como el maoísmo-guevarismo o el yihadismo y entenderá qué ocurre en Minnesota, estado arquetipo de la literatura colonial americana, hoy en un escándalo de mega corrupción que llevó al gobernante Partido Demócrata a radicalizar a sus activistas, empujándolos a una nueva iteración del wokismo: la política de las armas humanas.
Dos activistas abatidos en Minneapolis en actos planeados de obstrucción al arresto de inmigrantes buscados por agentes federales inflamaron la retórica del establishment y la de media locales que usaron los incidentes para reencuadrar la agenda de “corrupción estatal” a “represión federal” y desacreditar la investigación del DOJ sobre la administración del gobernador Tim Waltz, que corrió en binomio con Kamala Harris en 2024, por un fraude que implica a migrantes somalíes y funcionarios estatales en desbancar casi 10 mil millones de dólares de programas de alimento infantil, albergue a ancianos y pago a cesados durante la pandemia.
La cifra estimada del latrocinio, que dobla el PIB per cápita para 2025 de El Salvador (5.7 mil millones) y triplica el de Bolivia ($3.7 mil millones), resulta inédito en Estados Unidos, pero no inusual en países de Latinoamérica con gobiernos de izquierda que incurrieron en casos similares doquiera que se instaló un régimen socialista durante las pasadas tres décadas.
La primera premisa de análisis es entonces que lo de Minneapolis no es una resistencia civil orgánica sino el producto de una industria de la protesta que armó un señuelo para distraer a la opinión pública del escándalo de corrupción que ya le costó la reelección al gobernador Waltz, aunque ello haya supuesto radicalizar activistas para inmolarse juntando la especie nativa con variedades importadas de agitadores anti sistémicos.
Pero cuando “Karen” (derogatorio con que la cultura popular caracteriza a la activista blanca privilegiada, empoderada, pero sin formación política) se junta con “Jihadi-John” (arquetipo del migrante antioccidental que se adscribe al islam radical) el resultado es explosivo. Activismo de izquierda doméstico combinado con agitadores profesionales foráneos es un ensayo volátil en la probeta de un grupo de oscuros financiadores transnacionales que la Casa Blanca ha identificado como Riot Inc. o “Corporación Disturbio”.
Estos financiadores, entre los cuales la Oficina Oval destacó a la Open Society de George Soros, Arabella Consultants y el billonario procomunista Neville Singhan, son señalados por canalizar, en lo que va de la segunda administración Trump, al menos mil millones en dinero oscuro para instalar una “industria de la protesta”, a través de ejecutores como Indivisible USA cuyos objetivos declarados son movilizar y empoderar grupos locales para ejercer poder colectivo. Redes de activistas conectadas a Indivisible Twin Cities como Watch ICE han sido capacitadas para obstruir, provocar y confrontar. Mientras dicen “capacitar observadores legales”, en los hechos adoctrinan y entrenan en tácticas de insurgencia a militantes y activistas de izquierda domésticos en estados azules gobernados por demócratas.
Esta iteración es una escalación no solo en la belicosidad del activismo de izquierda sino en el desplazamiento del eje conceptual de la movilización de doctrinas clásicas como “Qué hacer” de Vladimir Lenin o “El nuevo curso” de León Trotsky, que enfatizaban en la agitación en espacios públicos para “despertar la conciencia obrera y elevarla a la lucha abierta”, hacia tácticas post-foucauldianas de lucha política post-colonial.
La líder del Frente Liberación Isla Tortuga (que planeó el frustrado ataque terrorista de enero en California) Audrey Caroll, el agitador pro-Hamas de la toma de Columbia University Mahmoud Khalil o la líder de la toma de la iglesia de St. Paul Minnesota Nikima Armstrong, son el prototipo de este giro del wokismo local hacia métodos de lucha del extremismo maoísta o yihadista, descritos en “Hambrear e inmolarse: La política de armas humanas” (Bargu, 2014) como “necropolítica de la resistencia”, que postula convertir el cuerpo del combatiente en el arma política final.
En “Escudos humanos: Poder soberano y la aniquilación de lo civil” (Bargu, 2017) cataloga esas prácticas autodestructivas que plantean quitar al estado el control sobre la vida mediante el artillaje de la muerte como arma política. Las biopolíticas de soberanía y el biopoder del estado, es decir el conjunto de políticas con que el estado gestiona y administra la vida y los cuerpos de los ciudadanos, son contestados con necropoder, la gestión de la muerte, sacrificando la vida y el cuerpo ya sea como escudo o ya como arma táctica de “necroresistencia”.
No obstante, Bargu califica estas tácticas de ambiguas pues ni son efectivas en sensibilizar al estado ni tampoco productivas en términos de épica. Aunque logran exponer la naturaleza del poder estatal, no logran el cambio de la política de estado objetada, lo cual es usar la vida humana como un mecanismo costoso para visibilizar a los agentes y su agenda, pero no revertir las decisiones soberanas del estado biopolítico.
La necropolítica visibilizó a Riot Inc, Indivisible USA y Watch ICE, pero al costo de la inmolación de activistas como Renee Good y Alex Pretti. El ejercicio de necropoder no triunfó sobre el biopoder del estado, pero sus ideólogos y financiadores son ahora iconos globales. Hay revoluciones que se hacen y mártires que se inmolan no para cambiar nada sino para cotizar a sus organizaciones y sus prácticas en el mercado de la desestabilización política global.
///
