A continuación, resumo mi opinión sobre un interesante análisis publicado el 02 de febrero en el Mercado de Metales de Shanghái (SMM) (Véase: https://news.metal.com/newscontent/103749155-SMM-Analysis-Qinghai-Salt-Lake-Lithium-Extraction-Achieves-Major-Breakthrough-Overall-Plant-Recovery-Rate-Exceeds-90):
1. En junio de 2022, Citic Guoan Technology Development Co. llegó a un acuerdo con el Gobierno de Bolivia para aplicar tecnología de extracción directa de litio (EDL) en el mayor yacimiento de litio del país: el Salar de Uyuni.
2. Ahora sabemos que Citic aún no estaba preparada para aplicar una tecnología tan avanzada, ni en Bolivia ni en ningún otro lugar del mundo.
3. Resulta que, si Citic no estaba lista para esa importante tarea, las demás empresas de la lista corta publicada por el gobierno (Véase: https://dialogue.earth/es/negocios/57525-la-lenta-lucha-del-litio-boliviano-para-ser-explotado/) eran aún menos capaces de realizar la tarea en ese momento.
4. Curiosamente, Citic se quedó atrás en el proceso, y otros dos competidores (CBC, un consorcio chino formado por BRUNP, CMOC y CATL, y Uranium Group, una subsidiaria de la rusa Rosatom), ninguno de los cuales tenía experiencia especializada en la extracción de litio de salmuera, y mucho menos en el uso de tecnología EDL, obtuvieron contratos con Bolivia.
5. Mientras estos contratos esperan la aprobación del Congreso boliviano para su total validez y legalidad, dos ministros han expresado recientemente opiniones contradictorias sobre lo que se debe hacer en este momento. En efecto, mientras que el ministro de Hidrocarburos y Energía considera que debe respetarse la integridad del Estado, por lo que los contratos deben ser aprobados por el Congreso, el ministro de Economía y Finanzas, considera que estos contratos deben evaluarse para determinar si podrían causar algún perjuicio económico al Estado. Por un lado, el respeto a la integridad del Estado solo tiene sentido en procesos transparentes, lo cual no es el caso. Por otro lado, los documentos contractuales en cuestión ya han sido evaluados por varios expertos e instituciones, quienes han concluido que los contratos son perjudiciales para los intereses nacionales. Solo espero que la racionalidad prevalezca sobre la ingenuidad y la desinformación cuando el Congreso boliviano tome su decisión final.
6. En cuanto al avance tecnológico mencionado en el análisis del SMM, parece seguir un enfoque similar al que sugerí en una entrevista con Dialogue Earth (Véase: https://dialogue.earth/es/negocios/57525-la-lenta-lucha-del-litio-boliviano-para-ser-explotado/) en agosto de 2022.
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