1. Evaluación del riesgo país de América Latina y el Caribe: enero–agosto de 2025

Durante enero-agosto de 2026, América Latina y el Caribe mostraron una clara segmentación entre economías con fundamentos financieros sólidos y países afectados por problemas fiscales, políticos y de acceso al financiamiento externo. Al 13 de agosto, los tres países con mayor riesgo fueron Venezuela, Argentina y Ecuador, mientras que los tres con menor riesgo fueron Uruguay, Chile y Paraguay, según la serie EMBI elaborada por JP Morgan. Venezuela se mantuvo como el caso más crítico, con un EMBI de 6.662 puntos básicos (pb), aunque descendió desde niveles superiores a 12.674 pb registrados durante 2026, reflejando una reducción desde una situación extremadamente deteriorada, pero todavía incompatible con un acceso normal a los mercados internacionales. Argentina cerró en 470 pb, después de alcanzar un máximo de aproximadamente 634 pb, mostrando volatilidad vinculada a su proceso de estabilización y a la incertidumbre política y financiera. Ecuador registró 432 pb, con un máximo anual cercano a 506 pb, manteniendo un riesgo elevado, pero considerablemente inferior al venezolano. En conjunto, la región mejoró su percepción de riesgo, aunque con diferencias muy marcadas entre países.

En el extremo de menor riesgo, Uruguay registró aproximadamente 66 pb, Chile 89 pb y Paraguay 106 pb al 13 de agosto, niveles que reflejan una percepción mucho más favorable sobre su capacidad de pago y estabilidad institucional. Uruguay osciló aproximadamente entre 52 y 85 pb, Chile entre 80 y 106 pb, y Paraguay entre 97 y 135 pb, mostrando una volatilidad relativamente limitada frente a los países de mayor riesgo. La principal diferencia radica en que estas economías cuentan con mayor previsibilidad macroeconómica, instituciones relativamente estables y mejor acceso al financiamiento internacional.

Por tanto, nuestra calificación general para la región es moderadamente positiva, pero heterogénea: existe una América Latina de bajo riesgo y acceso relativamente normal a capitales, y otra donde persisten fuertes primas por riesgo. Para un inversionista, el indicador EMBI confirma que no es suficiente analizar la región como un bloque, sino que resulta fundamental evaluar la solvencia, política económica, institucionalidad y perspectivas específicas de cada país.

2. Desempeño del riesgo país de Bolivia durante enero agosto de 2026

El desempeño de Bolivia durante 2026 puede calificarse como positivo en términos de tendencia, pero todavía insuficiente en términos de nivel absoluto de riesgo. De acuerdo con la serie histórica analizada, Bolivia alcanzó durante enero-agosto un máximo aproximado de 688 pb y un mínimo de 325 pb; al 13 de agosto se situó en 407 pb. Esto implica una reducción importante respecto de los niveles máximos del año y confirma una tendencia general descendente, aunque con episodios de volatilidad. Con 407 pb, Bolivia se ubicaba como el cuarto país con mayor riesgo para invertir de Latinoamérica, detrás de Venezuela, Argentina y Ecuador. Sin embargo, el descenso es significativo frente al deterioro extremo registrado en 2024. Históricamente, dentro de la serie EMBI (riesgo país) de JP Morgan, Bolivia alcanzó su máximo de 2.328 pb el 4 de septiembre de 2024 y su mínimo de 38 pb el 9 de marzo de 2017. Es decir, el actual nivel de 407 pb representa una mejora sustancial frente a la crisis de 2024, pero sigue siendo muy superior al riesgo observado en los mejores años de estabilidad financiera del país.

Aspectos positivos: Primero, la fuerte reducción desde el máximo anual de 688 pb hasta el mínimo de 325 pb demuestra una recuperación de confianza; segundo, el país mantiene capacidad de pago y continúa honrando sus obligaciones externas. Al 31 de julio de 2026, la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzaba $us. 14.238,5 millones, con una estructura predominantemente multilateral y un saldo de $us. 4.167,8 millones por desembolsar, lo cual ofrece una fuente potencial de financiamiento adicional. Aspectos negativos: Primero, 407 pb todavía representa una prima elevada frente a Uruguay, Chile o Paraguay; segundo, persisten vulnerabilidades fiscales, externas y políticas. La deuda del TGN representaba $us. 13.173,7 millones, equivalentes al 92,5% de la deuda externa pública registrada, por lo que la sostenibilidad fiscal y la generación de divisas (problemas estructurales de Bolivia) continúan siendo variables centrales para los mercados.  

La calificación general sería de “mejora significativa, pero riesgo todavía alto”.

3. ¿El desempeño fue bueno o malo y por qué tuvo una tendencia decreciente?

Consideramos que el desempeño fue bueno en términos de trayectoria, pero aún incompleto en términos estructurales. La caída desde aproximadamente 688 pb a niveles cercanos a 407 pb significa que el mercado comenzó a reducir la probabilidad percibida de un evento crediticio adverso (default). Esta mejora parece explicarse por una combinación de factores y no por un único elemento: cambio de orientación de la política económica, reducción de algunas distorsiones, flexibilización cambiaria, expectativas de mayor apertura a la inversión y una recuperación del diálogo con organismos multilaterales (FMI, BID, Banco Mundial, otros). Por ejemplo, en enero, Fitch elevó la calificación soberana de Bolivia de CCC- a CCC, señalando una reducción de los riesgos de incumplimiento y una mejora en las perspectivas de financiamiento externo.

Asimismo, el cambio de expectativas fue relevante porque los mercados financieros anticipan el futuro: una señal creíble de corrección económica puede reducir el EMBI antes de que todos los indicadores macroeconómicos mejoren efectivamente, tal como el caso de Bolivia que sigue con desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios, energéticos, entre otros.

Sin embargo, sería un error atribuir toda la reducción exclusivamente al Gobierno o concluir que el problema ya está resuelto. El acuerdo técnico alcanzado con el FMI por $us. 1.900 millones, anunciado el 29 de julio, puede fortalecer reservas y abrir acceso a financiamiento adicional, pero todavía requiere aprobaciones y enfrenta riesgos políticos y sociales. También influyen positivamente la expectativa de una nueva Ley de Inversiones, mayor apertura a sectores como energía y minería y la cooperación con organismos multilaterales. Reuters reportó que el Gobierno impulsa reformas orientadas al mercado y busca mejorar el marco para la inversión, aunque enfrenta una coalición políticamente frágil y resistencia social.

Por ello, nuestra evaluación es que la tendencia decreciente del riesgo país fue real y favorable, pero una parte importante todavía responde a expectativas. Para consolidarla, Bolivia necesita transformar las señales políticas en resultados verificables: menor déficit fiscal, más reservas líquidas, mayor inversión, crecimiento de exportaciones y un marco institucional creíble.

4. ¿Por qué Bolivia tiene 407 pb y Argentina 470 pb si Argentina parece más atractiva y segura para invertir?

Razón 1: El EMBI mide riesgo soberano, no rentabilidad potencial

La primera explicación es que riesgo país no es lo mismo que potencial de rentabilidad. Argentina puede resultar más atractiva para determinados inversionistas debido al tamaño de su mercado, recursos naturales, sectores exportadores y oportunidades de valorización. Sin embargo, el EMBI mide principalmente la prima exigida por los inversionistas para asumir riesgo en deuda soberana frente a los bonos de Estados Unidos. Argentina puede ofrecer mayor potencial de retorno y, simultáneamente, mantener un riesgo financiero superior. Bolivia, en cambio, puede tener menor atractivo relativo en algunos sectores, pero el mercado puede asignarle temporalmente una prima de riesgo algo menor por otros factores. Por tanto, una diferencia de 63 pb entre ambos países no contradice necesariamente la percepción sobre rentabilidad. Además, debe considerarse esto como una fotografía del momento, y no un hecho definitivo.

 Razón 2: Bolivia mejoró rápidamente desde niveles extremadamente altos

Bolivia venía de una situación de riesgo mucho más crítica durante 2024 y 2025, cuando alcanzó niveles superiores a los 2.000 pb. El mercado de 2026 no está evaluando únicamente el nivel absoluto, sino también la dirección del  cambio. Una economía que pasa de 688 a 407 pb genera una narrativa financiera de mejora. Argentina, en cambio, también redujo significativamente su riesgo durante 2026, pero el mercado continúa incorporando riesgos políticos, fiscales y financieros propios de su historia reciente. Datos de mercado muestran que Argentina llegó a niveles cercanos a 402 pb en julio y posteriormente volvió a fluctuar.

Razón 3: En el corto plazo, las expectativas políticas pueden pesar tanto como los datos económicos

Sí, el contexto político puede tener un peso considerable, especialmente cuando se produce un cambio de régimen económico. En Bolivia, los mercados reaccionaron favorablemente a la expectativa de reformas, apertura y cooperación internacional. En Argentina, en cambio, la incertidumbre política y electoral puede aumentar temporalmente la prima de riesgo, incluso cuando existen mejores indicadores de reservas o mercados más desarrollados. Por tanto, los 407 pb frente a 470 pb no significan que Bolivia sea estructuralmente menos riesgosa que Argentina en todos los aspectos. Reflejan la valoración puntual de sus bonos y las expectativas que los inversionistas tienen sobre la trayectoria futura de cada país.

 5. Tres políticas gubernamentales para reducir sosteniblemente el riesgo país de Bolivia  

Política 1: Consolidación fiscal y sostenibilidad de la deuda  Bolivia necesita implementar una consolidación fiscal gradual, creíble y legalmente respaldada, con metas plurianuales de déficit, gasto, deuda y financiamiento. La reducción del déficit no debería depender exclusivamente de recortes temporales, sino de una reforma estructural de subsidios, empresas públicas deficitarias, gasto corriente y eficiencia tributaria. Debe establecerse una regla fiscal que obligue a publicar metas y desviaciones, con mecanismos de corrección. El objetivo central debe ser estabilizar la relación deuda/PIB y garantizar recursos suficientes para pagar el servicio de deuda. Al 31 de julio de 2026, la deuda externa pública alcanzaba $us.14.238,5 millones; durante los primeros siete meses se registraron amortizaciones por $us. 1.122,1 millones. Una trayectoria fiscal sostenible reduciría directamente la percepción de riesgo de incumplimiento o default.

 Política 2: Programa estructural de generación y acumulación de divisas

La segunda política debe orientarse a resolver el problema estructural de generación de dólares. Bolivia necesita un programa integral para incrementar exportaciones, inversión extranjera directa y producción en hidrocarburos, minería, agroindustria, electricidad y otros sectores competitivos. La flexibilización cambiaria debe complementarse con reglas claras y previsibles para evitar que la volatilidad destruya la confianza y la continua intervención de su banco central. El BCB reportaba al 05 de agosto de 2026 RIN por $us.  3.773 millones, pero las reservas monetarias líquidas eran apenas de $us. 604 millones, mientras una gran proporción correspondía a oro (82%). El objetivo no debe ser solamente aumentar el valor contable de las RIN, sino fortalecer específicamente la disponibilidad efectiva de divisas. Más dólares significan mayor capacidad para importar, pagar deuda, estabilizar el mercado cambiario, y reducir la vulnerabilidad externa de la economía.

Política 3: Ley de inversiones, seguridad jurídica e institucionalidad macroeconómica

La tercera prioridad es construir un marco institucional que sobreviva a los gobiernos y reduzca la incertidumbre regulatoria. Una Ley de Inversiones debe garantizar reglas claras, estabilidad tributaria razonable, mecanismos transparentes de resolución de controversias y protección jurídica tanto para inversionistas nacionales como extranjeros. Pero la ley, por sí sola, no será suficiente: debe complementarse con independencia técnica del BCB, transparencia fiscal, información pública oportuna, fortalecimiento de las entidades reguladoras, y una serie de reformas económicas, normativas e institucionales que requieren consenso político en la ALP.

El acuerdo técnico con el FMI y la apertura hacia financiamiento multilateral pueden ayudar a recuperar credibilidad, pero los mercados evaluarán especialmente la capacidad de cumplir compromisos en el tiempo. La verdadera reducción del riesgo país llegará cuando la inversión dependa menos de expectativas políticas y más de instituciones confiables.  

6. Conclusión general

En conclusión, Bolivia mostró durante enero-agosto de 2026 una mejora importante en la percepción de riesgo, pasando de un máximo anual aproximado de 688 pb a un mínimo de 325 pb y ubicándose en 407 pb al 13 de agosto. Esto representa una recuperación significativa frente al máximo histórico reciente de 2.328 pb registrado en septiembre de 2024, aunque todavía está lejos del mínimo histórico de 38 pb de marzo de 2017. La mejora se explica por el cambio de expectativas, medidas de estabilización, flexibilización económica, mejora de la calificación de calificadoras de riesgo e inversión internacionales, y la recuperación del vínculo con organismos multilaterales.

Sin embargo, Bolivia continúa enfrentando vulnerabilidades: déficit fiscal elevado, deuda pública creciente (85% del PIB), economía nacional recesiva, limitada disponibilidad de divisas, presiones inflacionarias y cambiarias, caída de la producción hidrocarburífera y riesgos políticos para la aprobación y continuidad de las reformas. El acuerdo técnico con el FMI por $us. 1.900 millones constituye una señal favorable, pero no reemplaza las reformas internas que el país realmente necesita.

Nuestra evaluación profesional es positiva respecto a la tendencia, pero cautelosa respecto a su sostenibilidad. Bajar el riesgo país será relativamente más fácil que mantenerlo bajo. La verdadera prueba será transformar expectativas financieras en resultados estructurales.

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