28 de agosto (Urgente.bo)- En medio de tres procesos abiertos en su contra, la defensa del asesor presidencial Fernando Cerimedo rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Aseguró que el dinero investigado proviene de las empresas que el implicado tenía en Argentina
La abogada indicó que un primer proceso abierto contra Cerimedo es por tentativa de feminicidio, tras la denuncia por el ataque armado en contra de su expareja, Nadia Beller. Por el caso, Cerimedo cuenta con detención preventiva en el penal de Palmasola por 180 días.Un segundo proceso fue abierto por violencia familiar y brindó su declaración desde la cárcel. El caso fue abierto de oficio por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en Santa Cruz, tras las denuncias de Beller.
El tercer proceso abierto es por enriquecimiento ilícito con el que se indaga su patrimonio y bienes tras allanamientos de inmuebles vinculados al asesor.
La abogada cuestionó la nueva orden de aprehensión contra Cerimedo dentro del caso enriquecimiento ilícito, ya que mencionó que se lo citó a las 11.00 en la ciudad de Santa Cruz para la declaración, pero los fiscales llegaron a las 14.00, cuando los abogados ya no estaban presentes.
Aseguró que los objetos y dinero encontrados durante los allanamientos no son propiedad de Cerimedo y negó que haya equipos de bots. Agregó que Cerimedo alquilaba su departamento para su vivienda propia y afirmó que el asesor traía dinero de sus empresas de Argentina a Bolivia para realizar negocios y su manutención.
“Él trajo como 200.000 dólares en diferentes ocasiones en sus viajes que ha tenido de Argentina a Bolivia. En Bolivia estaba creando una empresa, comunicación y marketing político, pero no lo acabó porque es burocrática la creación de empresas en Bolivia”, afirmó.
Las investigaciones establecen que, durante los allanamientos a cuatro inmuebles vinculados a Cerimedo en La Paz, las autoridades confiscaron alrededor de medio millón de bolivianos que no contaban con un respaldo de origen claro.
Además, se detectó la presunta adquisición de una quinta valuada en aproximadamente 200,000 dólares, además de movimientos bancarios y uso de casas de cambio sospechosas.


