Bolivia cumplirá en 2025 el bicentenario de su fundación y, seguramente, el país celebrará por todo lo alto una efeméride tan señalada. Pero yo me pregunto-y tal vez usted también-si durante estos doscientos años de vida republicana hemos tenido un gobierno con la suficiente capacidad para concebir un Estado.

Sí, ya sé que alguno me dirá que hay un punto de inflexión desde la creación del Estado Plurinacional que es lo más cercano a una reforma estructural desde lo político, lo social y lo económico. La realidad es otra, tomando en cuenta que Bolivia sigue en proceso de construcción.  Nuestro problema es, ha sido y será, la politización de ese proceso siempre en virtud de los vaivenes de una ideología nunca de una idea conceptual de Estado. Es más. Los proyectos políticos siempre se han centrado (y concentrado) en la figura de un caudillo y sus apetitos de poder, basta echar un vistazo a nuestra historia reciente (y no tanto) para constarlo. Evo Morales, sin ir demasiado lejos, es el mejor ejemplo de caudillo a quien todavía siguen miles de bolivianos atraídos por una personalidad mesiánica dispuesta a recuperar los fueros perdidos por lo civil o lo criminal, dinamitando la línea de flotación de la recuperación económica por la pecaminosa vía del bloqueo de caminos.

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Pero también, desde las antípodas ideológicas, aparece Luis Fernando Camacho, quien capitalizó las demandas autonomistas cruceñas (tan legítimas como instrumentalizadas por el establishment)  con una hoja de ruta equivocada, rebosante de demagogia y falta de un proyecto claro.

En primer lugar, cometió el error de presentarse a sí mismo como el líder cruceño que sacó a Evo Morales del poder enarbolando la bandera de la protesta de los veintiún días arrebatándole la victoria al pueblo; en segundo término, asumió un rol de “rey chiquito” atrincherándose en la gobernación creyendo que el Gobierno no se atrevería a tocar su figura hasta su detención el 28 de diciembre de 2022; un tercer aspecto, reside, sin duda, en su miopía política que le impidió ver (y frenar) los excesos cometidos por sus correligionarios enquistados en el gobierno de Jeanine Áñez involucrados en escándalos de corrupción que hoy le pasan factura. No es extraño que su vicegobernador, Mario Aguilera, haya tomado cartas en el asunto anunciando auditorías a la gestión de Camacho, medida que políticamente es más que un guiño al gobierno del Luis Arce.

Sobre este último punto, convengamos que Aguilera no genera los anticuerpos de Camacho; es un político de perfil medio, carente de liderazgo, muy cuestionado desde la guardia pretoriana camachista y las bases de Creemos. En resumidas cuentas es ideal para garantizar la gobernabilidad cruceña aparcando esa amenazante “nueva relación con el Estado”, mostrándose lo suficientemente conciliador para evitar que las cuitas políticas entorpezcan aún más el desarrollo del país y la (lenta) recuperación económica entendiendo que Santa Cruz es el motor imprescindible para ello.

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