6 de octubre (Urgente.bo).- A través de un memorial que contiene 308 indicios y una sólida fundamentación, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó la imputación del expresidente Evo Morales Ayma, del ex vicepresidente Álvaro García Linera y de los exministros Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta por las operaciones delictivas que llevaron a la comisión del fraude electoral durante las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.
El Director Departamental de la PGE de La Paz, Fabio Joffré Calasich, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Evo Morales y otros por delitos de alteración y ocultación de resultados electorales, manipulación informática en procesos electorales, exigió a los fiscales anticorrupción que arbitren los medios para realizar la imputación formal en contra de las exautoridades.
La PGE participó activamente a lo largo del proceso en la recopilación de elementos investigativos que establecen los suficientes elementos de convicción sobre la participación de los imputados mencionados como coautores y autores mediatos.
Cabe resaltar que este es un proceso independiente del primer proceso penal que sigue la Fiscalía en contra de los exvocales del Tribunal Supremo de Justicia. En este nuevo proceso se investigan a las exaltas autoridades del órgano ejecutivo que se constituyeron en autores intelectuales, financiadores y conductores del fraude a través de los ex vocales, funcionarios, técnicos y empresas nacionales e internacionales que ejecutaron los delitos.
En este segundo proceso, se llegó a la conclusión de que hay indicios y pruebas fehacientes que sustentan los graves delitos que afectaron al proceso electoral que terminó en un fraude electoral, tal como lo verificó la misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las posteriores investigaciones llevadas a cabo sobre este caso.
El Gobierno de Evo Morales llevó adelante un “gigantesco fraude electoral con el objetivo de burlar la voluntad popular, evitar la segunda vuelta electoral, en beneficio de los candidatos del binomio del Movimiento al Socialismo (MAS) y en perjuicio del resto de candidatos de los demás partidos y alianzas”, indica el escrito presentado ante la Fiscalía.
“Estas acciones criminales lesionaron bienes jurídicos trascendentales para la democracia, tales como la integridad, legitimidad y transparencia de los procesos eleccionarios, fuentes esenciales de cualquier Estado Constitucional de Derecho”, afirma el documento elaborado por la PGE.
Uno de los elementos centrales de prueba - según la PGE - es el “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia” realizado por la misión especial de la OEA.
Los delitos no pudieron cometerse sino en función de la acción de “una compleja estructura de poder montada por los acusados para perfeccionar y dejar en la impunidad tan abominables atentados contra la democracia y el derecho al sufragio de la población”.
Sin embargo, los indicios y pruebas encontradas en las investigaciones señalan que por encima de ellos existió una estructura de poder encabezada por los imputados Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta, principales autores que ejercieron el dominio de las operaciones de fraude electoral detectadas en dichas elecciones.
El escrito de la PGE destaca, además, que el Estado ha ejecutado recursos por valor de Bs. 138,9 millones de bolivianos. “Un gasto vano y desperdiciado en unas elecciones fraudulentas”, afirma el escrito presentado ante la Fiscalía.
Entre las pruebas presentadas están la manipulación y adulteración de sistemas informáticos, documentación, datos y resultados fundamentales del proceso electoral que llevaron a la comisión de graves delitos que todavía están en la impunidad.
Según el memorial elaborado por la PGE, la Fiscalía debe emitir imputación formal contra las mencionadas ex autoridades por los delitos de manipulación informática en procesos electorales, alteración y ocultación de resultados electorales, falsedad material e ideológica y uso indebido de influencias.
