María Abigaíl Arenas Condori, de 36 años, sobrevivió a una tentativa de feminicidio a manos de su expareja. El hombre la atacó con un combo en la cabeza mientras ella atendía su tienda. La sorprendió con tres golpes que casi le quitan la vida. Fueron los gritos de auxilio de sus hijas y la rápida reacción de los vecinos lo que evitó una tragedia mayor.

Con 28 puntos de sutura, secuelas físicas y emocionales, María Abigaíl teme por su seguridad y la de sus tres hijas pequeñas, mientras el agresor cumple detención preventiva. Su vida está marcada por las agresiones del criminal.

Durante los diez años que duró la relación, ella fue víctima constante de violencia física, verbal y psicológica. Denunció cuatro veces a su expareja en diferentes estaciones policiales, pero nunca fue escuchada. Las autoridades minimizaron su situación e incluso la responsabilizaron, obligándola a conciliar con su agresor.

Pese a la gravedad del caso, la familia denuncia que no reciben el apoyo necesario del Estado. María necesita atención médica especializada y ayuda para cubrir los gastos de su recuperación, pero no cuenta con recursos ni acceso efectivo a los servicios de salud. Casos como este se suman a las decenas de tentativas de feminicidio registrados en el país este año, en los que las víctimas son ignoradas por un sistema que debería protegerlas antes de que sea demasiado tarde.

Según datos de la Fiscalía, hasta mediados de agosto se registraron casi 100 casos de tentativas de feminicidio. A esto se suman más de 50 feminicidios ocurridos. Las víctimas, en su mayoría, son mujeres jóvenes de entre 25 y 39 años, muchas de ellas madres, jefas de hogar, que además de sobrevivir a un intento de asesinato, deben enfrentar un calvario institucional, social, económico y psicológico, señala Tania Sánchez, Coordinadora de la Mujer.

“Si sumamos los casos de feminicidio, que son más de 50, con los intentos que ya bordean los 100, estamos hablando de casi un feminicidio o tentativa cada día por medio. Y eso definitivamente no es casual”, advirtió.

En muchos casos, las sobrevivientes quedan con secuelas físicas graves: quemaduras, parálisis, daños internos. “A algunas las han querido estrangular y han quedado con secuelas en la garganta o la tráquea. A otras las han arrojado desde puentes y han quedado paralíticas. No se trata solo del dolor físico, sino del impacto en toda su vida cotidiana”, dice Sánchez.

El 4 de marzo, otro hecho similar ocurrió en la zona de Achachicala, La Paz. Araceli, nombre convencional, vivió un momento atroz cuando su pareja la empujó a un barranco tras una discusión motivada por celos. La pareja regresaba de la festividad del Jisk’a Anata cuando, en un arranque de violencia, el hombre la atacó sin contemplaciones. El acto fue calificado de tentativa de feminicidio.

Araceli fue rescatada con vida, aunque con heridas graves. El médico forense determinó 30 días de impedimento por la magnitud de las lesiones. Mientras tanto, el agresor fue detenido por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

Al igual que Araceli y María Abigail hay otras mujeres que tienen graves secuelas físicas tras una tentativa de feminicidio y además peregrinan por años en busca de justicia para que su agresor se responsabilice de sus actos.

Una de las historias que comenta Zulma Bonifacio, presidenta de Mujeres de Fuego, involucra a una mujer que fue llevada bajo amenaza de cuchillo hasta Oruro por su pareja, un empresario que había regresado de España. El plan era matarla. “La golpeó en la columna, la pateó, y ya no podía caminar. Gracias a una empleada que hablaba quechua y a una vendedora de piñas, logró escapar herida. Esto ocurrió hace dos años y mañana se iniciará el juicio”, detalló.

En otro caso, una mujer fue atacada con ácido y quedó completamente ciega tras ser atacada por su pareja. Tiene una hija de apenas un año y medio. “¿Cómo puede una señora cieguita atender a una niña? ¿Qué futuro le espera a esa niña?”, lamentó Bonifacio.

“La señora ha tenido que vender la ropa del agresor para pagar abogados y buscar justicia”, añadió. Sánchez señala que el feminicidio no es un hecho aislado, sino “el último paso de una violencia sistemática que muchas mujeres viven durante años, y a la que el Estado no responde con la contundencia necesaria”.

“Hemos visto casos donde mujeres que han denunciado no recibieron atención ni protección, y luego fueron asesinadas. A veces, incluso, junto a sus hijos”, señala.

Además de las secuelas físicas, el daño psicológico es profundo y muchas veces ignorado por las políticas públicas. “Las mujeres sienten miedo constante, culpa, y muchas veces terminan siendo juzgadas por su entorno. Se les pregunta: ‘¿Qué hiciste?’, ‘¿Por qué le contestaste?’”, grafica Sánchez al referirse a la sociedad machista.

Esto lleva a muchas sobrevivientes a callar, aislarse, e incluso a minimizar la gravedad de lo que vivieron. “No existen suficientes mecanismos de apoyo psicosocial, ni para ellas ni para sus familias. Y es urgente cambiar eso”.

Uno de los problemas más recurrentes es la falta de respuesta oportuna del sistema judicial. Muchas mujeres denuncian una y otra vez sin recibir protección, y terminan siendo revictimizadas.

“Conocemos casos en los que el agresor tenía tres o cuatro denuncias, fue liberado y al día siguiente mató a su pareja”, denunció Bonifacio.

Ese es el caso de María (nombre convencional), una mujer de 33 años que sobrevivió a un intento de feminicidio el 23 de agosto de 2024, en la zona Alto Lima de La Paz. Su concubino, un hombre de 36 años, llegó ebrio a casa y tras una discusión, la golpeó y apuñaló en el pecho. Los gritos de María alertaron a los vecinos, quienes la auxiliaron y la trasladaron a un hospital, mientras el agresor fue aprehendido por la Policía. Su caso, sin embargo, fue resuelto recién un año después.

“Se presentaron la declaración de la víctima, el certificado médico forense, fotografías del lugar, el acta de constatación, un informe psicológico y declaraciones testificales”, informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez. Finalmente, el Tribunal 1º de Sentencia Penal dictó una condena de 20 años de prisión por feminicidio en grado de tentativa.

Aunque se logró una sentencia, el caso de María también evidencia la retardación de justicia en hechos de violencia contra las mujeres. Aun cuando el delito fue grave y las pruebas claras, la resolución tardó más de un año.

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