9 de octubre (Urgente.bo).- En las últimas horas, distintos actores políticos advirtieron que varias acciones podrían poner en riesgo el proceso electoral y, por ende, la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre.
La denuncia presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), así como el proyecto de ley del senador Pedro Benjamín Vargas —que busca cesar de sus funciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE)—, generaron preocupación en el ámbito político e incluso en el propio presidente Luis Arce.
Sin embargo, los abogados constitucionalistas Israel Quino y Orlando Navarro afirmaron que no existe una amenaza real que pueda afectar la segunda vuelta. Consideraron que la propuesta de Vargas “no tiene pies ni cabeza” y que la denuncia de Saucedo contra los magistrados prorrogados es un hecho aislado que no incidirá en el balotaje.
“No son una amenaza real. De manera fáctica no existe en este momento un riesgo para el balotaje presidencial”, dijo Quino a Urgente.bo, al referirse a estas dos acciones.
Sobre el proyecto de Vargas, que pretende cesar las funciones de los vocales del TSE, Quino señaló que se trata de “un proyecto inconsistente, técnicamente inviable, jurídicamente inconstitucional y políticamente incoherente”.
“Los legisladores que en un momento rechazaron la prórroga judicial inconstitucional no podían promover una ley que elimine al árbitro electoral. Es una incoherencia política. Afortunadamente no ha tenido ningún eco en el pleno de la Cámara de Diputados”, destacó el jurista.
Por su parte, Navarro calificó la iniciativa de Vargas, senador del MAS, como “pataleos de ahogado”. “Son pataleos de ahogados de toda esta organización política que ha sido completamente desplazada el 17 de agosto (en la primera vuelta electoral)”, remarcó.
Otro hecho que generó preocupación —incluso en la fuerza política que compite en el balotaje, Alianza Libre— fue la denuncia presentada por Saucedo contra los cinco magistrados prorrogados, a quienes acusa de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución, delitos tipificados en los artículos 153 y 163 del Código Penal.
La Fiscalía General del Estado informó este miércoles que remitió la denuncia al Parlamento. No obstante, Quino consideró que esta situación no debería afectar el proceso electoral. “El hecho de que el presidente del TSJ formalice una denuncia en la vía ordinaria no tiene ningún vínculo en materia electoral, ni con las elecciones ni con el balotaje”, subrayó.
El abogado cuestionó, además, que la Fiscalía haya enviado la denuncia a la Asamblea Legislativa, y señaló que “es extraño que diferentes actores políticos e institucionales defiendan hoy el autoprorrogismo judicial inconstitucional”.
“Un grupo de ciudadanos que se autoprorroga ilegalmente no puede gozar de ningún juicio de privilegio. La Constitución, en su artículo 122, dispone que son nulas las funciones de quienes usurpen cargos. El artículo 140 establece que nadie puede arrogarse competencias de otros poderes del Estado. Todo lo que vulnere la Constitución es ilegal y debe juzgarse en la vía ordinaria”, enfatizó.
El proyecto de ley de Vargas aún debe ser tratado en comisión, aunque este miércoles no fue incluido en la agenda para su debate y la denuncia de Saucedo aún no se sabe cómo será abordado desde la ALP pero existe un proyecto de ley de cese de magistrados prorrogados en Diputados.
“De momento, yo creo que la población debería estar más concentrada en las propuestas de las dos organizaciones políticas que están disputando la segunda vuelta. Creo que es oportuno, como lo ha hecho en meses pasados, que el TSE convoque a una nueva cumbre interinstitucional político-partidaria, precisamente para cerrar filas en torno a la democracia, al Estado de derecho y evitar que estas iniciativas absurdas puedan tener alguna finalidad”, resaltó Navarro.
Finalmente, Quino explicó que el único escenario que podría representar un riesgo real para el balotaje del 19 de octubre sería la renuncia de los vocales electorales. “Si renuncian cuatro vocales del Tribunal Supremo Electoral por cualquier motivo, el Tribunal se quedaría sin quórum, y ya no hay vocales suplentes que puedan asumir. En ese caso, el país se quedaría sin árbitro electoral y no habría quien celebre la segunda vuelta”, concluyó.
