La Paz, 27 de junio (Kelly Cruz Quispe).- Ángel era un asistente de cocina muy disciplinado. Día a día, iba a su puesto de trabajo con mucho entusiasmo. Era parte de una empresa de comunicación. Sus compañeros (mujeres y hombres) apreciaban la capacidad que tenía para darle más sabor al almuerzo o a las meriendas. Todo iba muy bien, hasta que en una reunión tuvo un descuido y quiso tomar la mano de un compañero suyo. Error lamentable. Fue excluido. Era la comidilla de muchos. Hasta que tuvo que renunciar. Era el centro del estigma y no pudo soportarlo.

El de Ángel no es un caso aislado. Quienes tienen una orientación sexual diferente se hallan ante la presión de mantener su identidad sexual para hallar y mantener una fuente laboral. Pues si lo hacen se exponen al peligro de perder la fuente de trabajo; o sufrir aislamiento hasta el punto en que la única opción es el trabajo sexual.

Se dice que Bolivia tiene una Constitución de avanzada sobre los derechos humanos. Lo mismo ocurre con las leyes. Pero los integrantes de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) coinciden en que el papel aguanta todo. Las conquistas normativas no se cumplen, porque solo son simbólicas.

Cecilia Carmona, activista de la organización LB Sayari Chuquisaca, un colectivo compuesto por mujeres lesbianas y bisexuales, dice que sus compañeras no pueden vivir plenamente su orientación sexual en los espacios laborales porque sufren discriminación y despidos injustificados.

“No te despiden por razones laborales, solo te dicen: ‘te estoy despidiendo porque eres lesbiana, porque eres gay, porque eres trans’”, lamenta Cecilia. Y cuando no hay el retiro, estas personas sufren situaciones de violencia laboral más estructurales, como el acoso, cargas de trabajo y burlas, lo que los lleva a renunciar. Ese ha sido el caso de Ángel.

No hay datos de cuántas personas de esta comunidad fueron despedidos por su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, Carmona asegura que es una constante y lamenta que la falta de estadísticas invisibiliza la problemática y deja a las personas LGBT+ sin una base sólida para exigir cambios concretos en políticas públicas.

La consecuencia de la exclusión de las personas LGBT+ en el ámbito laboral provoca que estas personas tengan muy pocas opciones del empleo formal y en los mejores casos se insertan en la economía informal mediante un emprendimiento personal.

“Nos mantenemos dentro de los emprendimientos, hemos tenido que crear espacios para generar ingresos. Es importante entender que la realidad social, económica de las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT no es la misma”, explica Carmona.

La situación se agrava cuando las personas deben recurrir al trabajo sexual como única salida económica. La entrevistada señala que esta salida es común en el caso de los transexuales, quienes buscan mostrar su cambio físico. “Son situaciones que el Estado prefiere ocultar como si no existieran”, denuncia Carmona.

Ronald Céspedes, delegado Defensorial adjunto para la protección de derechos humanos, generacionales, género y diversidades, coincide en que hay bastantes limitaciones laborales para las personas LGBTI. No tienen condiciones para que se cumpla el derecho al trabajo.

“Hay diferentes limitaciones y en momentos de crisis económica, esto repercute más sobre las poblaciones menos favorecidas, como en el caso de la comunidad LGBTI con menor condición de poder adquisitivo o mayor vulnerabilidad económica”, indicó.

La Defensoría del Pueblo sostiene que el Estado debe proteger a la población LGBTI, “y dentro de ese grupo, a la población trans”. Céspedes señala que estas personas son especialmente vulnerables debido a los prejuicios que persisten sobre su identidad de género. “Muchas veces tienen que recurrir a trabajos muy informales, lo que merma sus garantías laborales”.

En ese contexto, gran parte de población LGBTI teme visibilizar su orientación sexual, por lo que se resignan a perder oportunidades empleo, o cuando salen de closet sufren del hogar y pierden respaldo económico.

El representante de la Defensoría del Pueblo dice que el problema, que se expresa en el temor de salir del clóset o rechazar a quienes se animan, es también un problema generacional. Mientras más años tienen, la exclusión es mayor. En otras palabras, los jóvenes lanzan algunas luces de esperanza, porque hay más integrantes de la comunidad de diversidad sexual que deciden mostrarse y sufren menos tropiezos o ataques.

Sin opciones, la comunidad LGBT+ opta por emprender

La discriminación por orientación sexual o identidad de género no solo impide el acceso a empleos formales, sino que evita las posibilidades de beneficiarse de un ascenso las empresas privadas o instituciones públicas. Por eso, muchas personas optan por el emprendimiento como única vía de estabilidad económica.

“Lamentablemente, la discriminación en entornos laborales es una realidad. Es algo que impacta directamente en la estabilidad económica de las personas. La precarización laboral, la violencia, la discriminación por parte de jefes y compañeros de trabajo es algo cotidiano para muchas personas de la comunidad”, afirma Mateo Solares, representante de la ONG Igual.

El drama no tiene que ver con las capacidades. De hecho, muchas personas de la comunidad cuentan con formación académica de alto nivel. “Tratar de ascender y convertirte en un jefe es realmente difícil. Hay compañeros con maestrías, diplomados, con toda la formación necesaria. Simplemente, se les impide ascender por discriminación”, denuncia.

La estructura machista y conservadora de la sociedad boliviana marca aun las reglas del ámbito laboral. “Nuestra sociedad sigue excluyendo a las personas que somos diferentes, sin valorar los méritos y capacidades que tenemos. Y eso es lo que realmente debería importar en un ámbito laboral”, reflexiona el activista.

Ante este escenario, muchas personas LGBT optan por crear sus propios espacios laborales y autoemplearse. “Muchas de las personas de la comunidad prefieren organizar pequeños emprendimientos, pequeñas empresas, autoemplearse, para evitar esa discriminación”, cuenta Solares.

Otro miedo es a perder el trabajo o a ser degradado de cargo, por lo que cuando trabajan en una empresa o institución deben guardar silencio sobre su orientación sexual. “Hay muchas personas que por miedo a que les echen del puesto o les bajen de cargo, simplemente prefieren no decir que son LGBT”. Solares dice que buscan pasar desapercibidas, “mientras no lo digan, mantienen su puesto laboral”.

Según Solares, el talento y la preparación académica no son suficientes cuando los prejuicios pesan más que los méritos. “Esta necesidad de ocultar no solo refleja el temor a represalias, sino que evidencia que los entornos laborales aún no son seguros ni equitativos para todos”.

Excluidos de la política

Una sentencia constitucional impide que las personas transexuales se postulen como candidatas en procesos electorales. La comunidad LGBT+ denuncia que la sentencia es inconstitucional que vulnera tratados internacionales y la propia Constitución Política del Estado.

“Nosotros como población LGBTI también tenemos derecho a la participación en procesos eleccionarios tanto para ejercer el derecho al voto como para presentarnos como candidatos y candidatas, sin embargo, hay muchas situaciones de discriminación que nos impiden el derecho a la participación política”, indicó Mateo Solares, representante de la ONG Igual.

Por su parte, Cecilia Carmona, activista de la organización LB Sayari Chuquisaca, califica a esta sentencia de retroceso democrático. “No podemos hablar de vivir plenamente sin derechos que están amparados por la Constitución, por la Ley 045 que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género y por un conjunto de tratados internacionales. Es una acción, yo diría, inconstitucional de Bolivia que impide que las personas trans ejerzan plenamente sus derechos políticos”, denunció.

Y por si fuera poco aquello, por la coyuntura política que vive el país, la población LGBT se ve afectada “por discursos de odio” que se replican, incluso desde candidatos políticos. “Es un llamado de atención al Órgano Electoral y a la ciudadanía en general para alzar nuestras voces ante estos atropellos que estamos viviendo”, indicó.

Ronald Céspedes Barriga, adjunto de la Defensoría del Pueblo para la protección de derechos de diversidades, lamenta que la población trans, transexual y transgénero es la que más sufre por la vulneración de sus derechos por parte del mismo Estado.

“Tenemos que reforzar el trabajo con otros órganos del Estado, incluido el Órgano Electoral Plurinacional, para desarrollar un protocolo que garantice los derechos políticos y electorales de las personas trans en Bolivia”, señala Céspedes.

El delegado defensorial recuerda que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar derechos sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. “Bolivia está muy lenta en actualizar su normativa interna para garantizar más derechos para más personas, principalmente para la población LGBTI”, advierte.

Y eso incluye que los gobiernos departamentales y municipales deben implementar políticas públicas para la población LGBTI.

 

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