Oshin Santos Santos tenía 30 años, era boliviana y madre de dos hijos pequeños que permanecían en Bolivia. Había viajado por cuarto año consecutivo a Melipilla, Chile, para trabajar durante la temporada agrícola y sostener a su familia. Murió el 24 de octubre después de sufrir graves lesiones cuando intentaba escapar de una presunta agresión sexual.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, Oshin fue interceptada por el conductor de un vehículo utilizado para reclutar trabajadores agrícolas. El hombre le habría ofrecido empleo y, una vez que ella subió, habría realizado actos de connotación sexual. Atemorizada, Oshin se lanzó del vehículo en movimiento. El imputado se encuentra detenido, pero la Fiscalía chilena todavía debe determinar las circunstancias del hecho y su calificación jurídica. La Cancillería boliviana informó que se realizan peritajes y un análisis integral de la autopsia, por lo que corresponde evitar conclusiones anticipadas y exigir una investigación diligente, con perspectiva de género y migración.

La muerte de Oshin no puede reducirse a una tragedia individual. Expone la desprotección que enfrentan miles de mujeres migrantes que se desplazan por temporadas para cosechar uvas, cerezas, arándanos y otras frutas. También trabajan en el comercio, restaurantes, hoteles, cuidados, limpieza y servicio doméstico. Su aporte sostiene actividades económicas indispensables, pero muchas permanecen invisibles para las instituciones y expuestas a intermediarios informales.

El Censo chileno de 2024 registró 1.608.650 personas nacidas en el extranjero, equivalentes al 8,8 % de la población. Las personas nacidas en Bolivia representaban el 10,5 %, alrededor de 169.000. Bolivia constituye así la cuarta comunidad migrante más numerosa de Chile, y en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama es el principal país de origen de la población extranjera.

La migración boliviana tiene, además, una presencia femenina significativa. Entre 2014 y el primer semestre de 2024, el 51,7 % de las solicitudes bolivianas de residencia temporal correspondió a mujeres. Sin embargo, no todas figuran en las estadísticas de residencia: muchas realizan una migración estacional o pendular, permanecen algunos meses, regresan a Bolivia y vuelven durante la siguiente cosecha.

La agricultura no es su único destino. En el primer trimestre de 2025, aproximadamente 17.433 personas bolivianas trabajaban en el comercio, 11.622 en alojamiento y servicios de comida y 10.540 en la agricultura. A estos sectores se suman el trabajo doméstico y de cuidados, donde las mujeres pueden quedar aisladas dentro de hogares particulares, con dificultades para demostrar sus horarios, remuneraciones y condiciones laborales.

La agroindustria chilena necesita trabajadores durante determinados meses y recurre cada vez más a mano de obra extranjera. Entre 2017 y 2025, la cantidad de migrantes incorporados al trabajo agrícola temporal pasó de aproximadamente 4.400 a cerca de 20.000 personas. En la temporada 2024–2025, las mujeres representaron el 46 % de esa fuerza laboral migrante.

El problema no es el trabajo de temporada en sí mismo, sino las condiciones en las que se realiza. Según investigaciones sobre la fruticultura chilena, el 53 % de las personas bolivianas que trabajaban como temporeras no tenía contrato firmado. Entre las mujeres migrantes del sector agrícola, la informalidad alcanzaba niveles todavía más altos, datos de la CASEN 2022 mostraron que alrededor del 67 % no contaba con un contrato formal o no lo había firmado.

La intermediación agrava el riesgo. En 2025, el 61,8 % de la población migrante asalariada temporal trabajaba mediante contratistas o “enganchadores”, personas encargadas de reclutar, transportar y distribuir trabajadores entre fundos y empresas. Cuando estos intermediarios operan sin identificación, supervisión ni responsabilidad empresarial, una oferta laboral puede convertirse en una puerta para la explotación, el robo, la violencia sexual o la trata.

Las trabajadoras también soportan una doble jornada. Cosechan y empacan durante largas horas, pero continúan sosteniendo a sus familias a distancia. Envían dinero, se preocupan por la alimentación, la educación y la salud de sus hijas e hijos y delegan el cuidado cotidiano en abuelas, hermanas u otras mujeres. La migración reorganiza los cuidados, pero no elimina la responsabilidad que la sociedad sigue depositando sobre ellas.

Oshin migraba para mantener a sus dos hijos. Su historia representa a muchas madres que aceptan empleos inestables porque las oportunidades en sus lugares de origen son insuficientes. Esa necesidad económica no puede ser aprovechada para imponerles informalidad, hacinamiento, salarios reducidos ni situaciones de violencia.

Chile debe investigar el caso con rigor, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar asistencia jurídica a la familia. Bolivia debe mantener el acompañamiento consular, facilitar la repatriación y velar por los derechos de los hijos de Oshin. Pero la respuesta no puede terminar cuando concluya el proceso penal.

Ambos Estados necesitan construir una ruta binacional de protección para las trabajadoras temporeras. Esta debería incluir un registro y fiscalización de contratistas, reclutadores y vehículos; contratos escritos antes del inicio de la faena; información accesible sobre empleadores, salarios y lugares de trabajo; transporte autorizado; condiciones dignas de alojamiento; canales confidenciales de denuncia y atención consular oportuna.

Las empresas agrícolas deben responder por toda su cadena de contratación. No es aceptable que deleguen el reclutamiento y luego desconozcan los abusos cometidos por intermediarios. También se necesitan inspecciones laborales durante la temporada alta, especialmente en horarios y lugares donde se recoge a las trabajadoras, así como mecanismos de regularización migratoria que permitan denunciar sin temor a la expulsión.

En julio de 2026, las autoridades chilenas de Agricultura y Migraciones anunciaron gestiones para facilitar la contratación regular de trabajadores de temporada, especialmente bolivianos. Ese esfuerzo debe acelerarse e incorporar una perspectiva de género, porque un permiso migratorio sin protección laboral, transporte seguro y acceso a la justicia resulta insuficiente.

Oshin Santos no fue a Chile a exponerse al peligro. Fue a trabajar. La justicia que merece su familia debe incluir la verdad y la sanción correspondiente, pero también cambios que protejan a las demás mujeres.

Ninguna oferta laboral debería esconder una amenaza. Ninguna mujer tendría que escoger entre su seguridad y el sustento de sus hijos. Buscar trabajo no puede costar la vida.

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