Con esta premisa, Naciones Unidas estableció el 27 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado.
Sin duda alguna, esta es una excelente noticia, porque busca poner el foco sobre una realidad que afecta a millones de niñas y adolescentes alrededor del mundo.
Tengo absoluta claridad de que una fecha, por sí sola, no significa que el problema esté superado. Sin embargo, es un paso importante para colocar esta problemática no solamente en el centro de las políticas públicas, sino también en las conversaciones que debemos tener en todos los espacios de nuestra sociedad.
Porque hay algo que debemos decir de manera clara y enfática: el matrimonio infantil no es aceptable y nunca se puede justificar semejante irracionalidad con discursos que señalan que estas prácticas deben aceptarse por responder a tradiciones culturales ancestrales.
Hay tradiciones y tradiciones. Y algunas de ellas no pueden estar por encima de los derechos fundamentales de una niña.
Esta dura realidad arroja cifras alarmantes. Pero, más allá de las cifras, creo que es importante y necesario, aunque sea por un segundo —por un milésimo de segundo—, intentar imaginar la experiencia por la que atraviesa una niña que se ve obligada a contraer matrimonio con un hombre que puede duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar su edad.
Pensar en el miedo, la indefensión y la pérdida de libertad que puede existir detrás de esa situación me genera un vacío en el estómago. Impotencia, rabia y hasta náuseas.
Porque a estas niñas se les roba la infancia. Se les obliga a asumir responsabilidades para las que no están preparadas. Se les trunca su educación, se limitan sus posibilidades de desarrollo y se les quita algo tan básico como el derecho a decidir sobre su propio futuro.
Pensar que esta problemática está lejos de nuestro país es un error. En Bolivia, según un informe de UNICEF, alrededor de una de cada cinco mujeres jóvenes se casó o inició una unión antes de cumplir los 18 años. Esto representa aproximadamente 827.200 mujeres y niñas que fueron casadas o estuvieron en unión antes de los 18 años.
De ellas, aproximadamente 204.500 iniciaron una unión antes de los 15 años. La situación afecta con mayor frecuencia a quienes viven en hogares más pobres y a quienes tienen un menor nivel educativo.
Son cifras difíciles de dimensionar. Pero detrás de cada número hay una niña. Una historia.
Por eso es especialmente importante el cambio legislativo ocurrido en Bolivia en septiembre de 2025. La Ley N.º 1639 eliminó las excepciones que anteriormente permitían que adolescentes de 16 y 17 años contrajeran matrimonio con autorización de sus padres o de un juez. UNICEF señala que esta reforma prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas sin excepciones.
Si bien una ley no basta, poner una fecha para enfrentar este drama significa reconocer que el problema existe y asumir la responsabilidad de enfrentarlo.
El 27 de noviembre no debería ser solamente una fecha en el calendario internacional. Debería ser un recordatorio de que ninguna tradición, ninguna pobreza, ninguna circunstancia y ninguna decisión de los adultos puede justificar que una niña pierda su derecho a ser niña.
Cierro diciendo que no se trata solamente de impedir que una niña se case. Se trata de garantizar que pueda seguir siendo niña.
Que pueda estudiar.
Que pueda jugar.
Que pueda soñar.
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