10 de julio (Jacqueline Maydana/Urgente.bo)-La investigación realizada para el libro "Las puertas del infierno", presentado por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), revela que la pederastia clerical en Bolivia no se trató de casos aislados; sino que hubo logias internas para encubrir a agresores. Incluso, se financió abortos y se desvío miles de dólares con el fin de callar a las víctimas. En suma, era una acción sistemática.

 “Estos abusos sexuales se convierten en crímenes de lesa humanidad, porque los delitos son perpetrados de manera sistemática, protegidos por una política institucional y contra una población vulnerable”, describe el texto.

La Constitución 215 y Cuentas de Conciencia

De acuerdo con la publicación, la normativa dentro de la institución permitía que los delitos queden en la impunidad. “Las Constituciones de la Compañía de Jesús (Número 215) ‘dan licencia’ y permiten enviar a jesuitas ‘escandalosos’ a ‘partes muy remotas’ del mundo, sin ser expulsados de la orden”, señala el texto.

De acuerdo al libro, la orden usaba un reporte anual que era confidencial: Cuenta de Conciencia, un mecanismo para que se cuente o revele lo más íntimo y personal a superiores provinciales, incluyendo hechos delictivos, como los abusos sexuales.

 Con esto, se confirma la declaración del pederasta Alfonso Pedrajas en su diario: “Lo conté tantas veces” (a los provinciales) y no hicieron nada; sino ratificar en sus cargos a los perpetradores”.

El grupo Palaciego

La investigación documental revela que, a mediados de los años 70, se consolidó una logia de poder interno dedicada a proteger la imagen de la Compañía de Jesús.

“En los veranos de 1975 y 1976, bajo su responsabilidad formativa, nació el ‘Grupo Palaciego’, un ‘Grupo de revisión de vida’, bajo el liderazgo de Marcos Recolons, Ramón Alaix e Ignacio Suñol. Este grupo, en los hechos, se constituyó en un grupo de poder y encubrimiento en el país. Fueron también miembros destacados del grupo: Xavier Albó, Alfonso Pedrajas y José Fernández de Henestrosa, un sacerdote más conocido en la región aymara de La Paz como ‘Hermano Pepe H’, entre otros. Ellos se reunían anualmente en los recesos de fiestas de carnaval para trazar su estrategia de poder y encubrimiento. Entre ellos se confesaban mutuamente para contenerse psicológica y espiritualmente después de cometer abusos”.

Aborto y dinero a víctimas

El libro saca a la luz cómo la Compañía de Jesús utilizó recursos económicos para encubrir los delitos y frenar las denuncias en la justicia ordinaria. “Aparece también la evidencia de algunos pagos que realizan los jesuitas para tapar sus delitos de abuso y desbordes morales: Codina aportó recursos económicos para hacer abortar a la novia de una víctima de Francisco Flores; pagaron el aborto de una religiosa embarazada por un jesuita en formación, con conocimiento del padre Menacho”.

En ese sentido, revela que los documentos secuestrados por la Fiscalía muestran que el exprovincial René Cardozo Cortés, del 2008 al 2012, compró el silencio de una afectada.

“Cardozo, como provincial jesuita, firmó un documento privado con la señora NN, víctima de Javier Velasco, entregando 20.000 dólares americanos, ‘como solución justa y definitiva al problema planteado por la señora’”.

Lo mismo ocurrió en la ONG Defensa de Niños Internacional (DNI), donde su fundador, el jesuita Jorge Vila, realizaba “desvíos de recursos económicos millonarios de la cooperación internacional para acallar a sus víctimas, comprándoles terrenos, casas y entregándoles dinero”.

Quién es quién en el encubrimiento

El documento detalla las acciones individuales de los religiosos involucrados en el encubrimiento.

Antonio Menacho García: Exprovincial acusado de mover estratégicamente a los agresores. El texto indica que “llevó al violador serial Alfonso Pedrajas, Pica, al Juan XXIII, y más tarde recibió a Lucho Roma en Sucre, para hacerlo escapar de Charagua, dándole pastoral de niños de primaria”.

Enrique Zabala Vásquez: Exigió mediante una carta a Rafael Puente “silencio y entrega de toda la documentación obtenida en la auditoria forense del DNI”, ocultando a la justicia ordinaria los delitos sexuales de Jorge Vila.

Carlos Arce Barreda: Denunciado por actuar como "escudero" de los agresores. El texto relata el testimonio de una víctima que acudió a él tras ser abusado por otros religiosos: “recurrió al padre jesuita Carlos Arce Barreda, quien le sugirió ‘enterrar y olvidar el hecho’”.

Carlos Villamil Olea: Ofrecido como supuesto "mediador" institucional en las crisis de abusos del internado Juan XXIII, y acusado de sellar “el cuarto de Lucho Roma cuando se inició la investigación interna” para que las evidencias fotográficas y videos pornográficos no pasaran a las autoridades.

Los exprovinciales jesuitas Carlos Palmés de Genover, Luis Palomera, Osvaldo Chirveches Pinaya y Bernardo Mercado Vargas, actual provincial de la Compañía de Jesús también ocupan, entre varios otros, la atención de “Las puertas del infierno”.

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