20 de junio (Urgente.bo).- La madrugada de este sábado, el presidente Rodrigo Paz, junto a sus ministros, declaró estado de excepción. Tras el anuncio, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó los alcances de la norma y aseguró que la medida está orientada a reinstaurar el orden y proteger a la población afectada por los bloqueos. Asimismo, remarcó que no habrá toque de queda ni ley seca, y que los comercios permanecerán abiertos.
Según la explicación de Justiniano sobre el Decreto Supremo, todos los negocios, mercados, emprendimientos y actividades comerciales, tanto formales como informales, permanecerán abiertos y podrán desarrollar sus actividades con total normalidad. Según informó, la medida busca garantizar el abastecimiento y permitir la reactivación económica.
Otro de los puntos que destacó es que no habrá ley seca en todo el territorio nacional. La autoridad aclaró que no se aplicará una prohibición para la venta o el consumo de bebidas alcohólicas. Estas restricciones solo se aplicarán en lugares donde existan enfrentamientos, bloqueos o situaciones graves de violencia.
Tampoco se implementará un toque de queda. El ministro indicó que la población podrá circular y realizar reuniones durante la noche sin ninguna restricción en la mayor parte del país; sin embargo, las medidas restrictivas se aplicarán en zonas consideradas de alto riesgo por razones de seguridad.
Los servicios financieros operarán con normalidad. Los bancos, agencias y cajeros automáticos continuarán brindando atención. Al igual que en los otros casos, estas limitaciones solo se aplicarán en áreas donde exista una amenaza para la seguridad de los usuarios y trabajadores.
Justiniano aseguró que los derechos fundamentales se mantendrán vigentes y que el estado de excepción no suspende las garantías constitucionales. El debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado continuarán plenamente vigentes.
De acuerdo con la explicación, la medida puede extenderse hasta por 90 días, pero su duración dependerá de la evolución del conflicto. El Gobierno espera levantarla antes de ese plazo si los bloqueos cesan.
