Bolivia vive hoy una realidad alarmante: ciudades cercadas, carreteras tomadas, familias sin acceso regular a alimentos, hospitales bajo presión por el desabastecimiento de medicamentos y oxígeno, trabajadores impedidos de movilizarse y ciudadanos atrapados en escenarios cada vez más violentos y deshumanizados.
La Paz y El Alto, donde viven más de 2,7 millones de personas, atraviesan semanas de bloqueos, escasez y parálisis. En los momentos más críticos del conflicto, La Paz concentró 18 de los 22 puntos de bloqueo activos del país. Más de 5.000 vehículos quedaron varados durante días en carreteras nacionales, entre ellos ambulancias y camiones con alimentos, profundizando una crisis que ya golpea directamente la vida cotidiana de miles de familias.
Y frente a ello, el debate ya no puede limitarse únicamente al ámbito político.
Debe abordarse desde el derecho, desde la ética y desde los principios universales de los derechos humanos.
La protesta social es un derecho constitucionalmente protegido. Nadie discute aquello. Pero en un Estado de Derecho, ningún derecho es absoluto cuando su ejercicio vulnera derechos esenciales de terceros.
La Constitución Política del Estado reconoce como derechos supremos e inviolables la vida, la salud, la alimentación, la libre circulación y la dignidad humana. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de proteger a la población frente a afectaciones desproporcionadas sobre derechos fundamentales.
Porque bloquear una carretera no puede significar bloquear ambulancias.
Ejercer presión política no puede equivaler a condenar pacientes a esperar oxígeno.
Y ninguna causa, por legítima que se considere, puede justificar que niños, adultos mayores o personas enfermas queden atrapados en un conflicto que les niega condiciones mínimas de humanidad.
La violencia nunca puede normalizarse como método de reivindicación, mucho menos cuando deriva en cercos, amenazas, desabastecimiento y miedo colectivo.
Las pérdidas nacionales superan los 500 millones de dólares, mientras aumentan los precios y se paralizan sectores productivos.
Los derechos humanos no son patrimonio de un sector político. Existen para proteger a las personas cuando el poder —sea estatal, político o social— cruza límites que ponen en riesgo la dignidad y la vida.
Y hoy Bolivia enfrenta una pregunta profundamente incómoda:
¿Qué ocurre cuando el derecho a la protesta se convierte en un mecanismo de vulneración masiva de derechos humanos?
Callar frente a eso también es una forma de renunciar a la humanidad.
Defender la democracia no puede implicar asfixiar ciudades.
Defender causas sociales no puede significar castigar a la población civil.
Y defender derechos jamás puede traducirse en negar el derecho más importante de todos: el derecho a vivir.
La autora Carla Faval es comunicadora, ciudadana y exvocera Presidencial de Bolivia
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