En Bolivia hay algo carcomido, podrido y profundamente enfermo. La descomposición ya no parece un fenómeno aislado ni una crisis pasajera, sino un ecosistema completo de degradación moral, institucional y social que atraviesa al Estado, a la política y también a buena parte de la sociedad.
La muerte de un niño de 12 años atrapado en un bloqueo en Bolivia es probablemente la imagen más clara, brutal y dolorosa de esa degradación. El menor, originario del municipio de Pocoata, en el norte de Potosí, necesitaba atención médica urgente. La ambulancia que lo trasladaba quedó atrapada entre carreteras bloqueadas, enfrentamientos y ausencia total de capacidad estatal. El niño murió antes de llegar a un hospital.
Y esa muerte revela algo devastador: todos fallaron.
Fallaron quienes mantuvieron el bloqueo aun sabiendo que había una emergencia médica. Una protesta que impide el paso de una ambulancia deja de ser únicamente un acto político y se convierte en una acción que pone vidas humanas en riesgo. Ninguna causa sindical, partidaria o sectorial puede justificar el costo de una vida.
Pero también falló el Estado.
Fallaron las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Fallaron los mandos policiales y militares. Falló toda la estructura de poder que, frente a una emergencia extrema, no logró garantizar el derecho más básico de cualquier sociedad moderna y funcional: proteger la vida.
La pregunta inevitable es simple: ¿dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba la capacidad de abrir un corredor humanitario? ¿Dónde estaba la decisión política de intervenir? ¿Dónde estaba el helicóptero, el vehículo militar, la reacción de emergencia? ¿Dónde estaba alguien dispuesto a asumir el costo político de hacer lo correcto? Una acción valiente probablemente habría salvado una vida.
Y esa responsabilidad asciende inevitablemente hasta lo más alto del poder. El presidente y el vicepresidente también fallaron, porque en un país donde un niño muere atrapado en un bloqueo, ninguna autoridad puede declararse inocente. Ellos tienen la palabra final, la última orden y la mayor capacidad de intervención del Estado. Si no hubo corredor humanitario, si no existió una reacción proporcional a la gravedad del caso, entonces también hubo una falla de conducción desde los niveles más altos del poder.
La situación se vuelve aún más grave cuando quienes encabezan el Estado ni siquiera son capaces de mantener una relación mínima de coordinación política entre ellos. El presidente y el vicepresidente aparecen enfrentados en disputas internas que proyectan una imagen de fractura permanente en el corazón mismo del poder.
La contradicción parece inevitable: mientras el discurso oficial insiste constantemente en la necesidad de diálogo para resolver los conflictos del país, las máximas autoridades parecen incapaces de sentarse entre ellas mismas para construir acuerdos básicos o definir un rumbo común.
Esa incapacidad para dialogar dentro del propio poder termina convirtiéndose en un reflejo exacto de la situación nacional. El desgaste boliviano no se expresa únicamente en los bloqueos, en la corrupción o en la violencia política. También se refleja en una dirigencia oficial que muchas veces parece más concentrada en sus disputas internas que en construir condiciones de estabilidad para el país. Y cuando quienes gobiernan transmiten confrontación, terminan reforzando exactamente la misma lógica de fragmentación que dicen querer resolver.
En un Estado funcional, la vida de un niño detiene cualquier conflicto. En Bolivia, ni siquiera eso bastó.
El silencio, la lentitud y la ausencia de reacción del máximo nivel de mando exponen algo más profundo que un problema administrativo. Exponen una fractura ética. Cuando la urgencia médica de un menor no logra movilizar al aparato estatal entero, el problema deja de ser exclusivamente político y se convierte en una señal alarmante de erosión moral colectiva.
La paradoja es brutal. Incluso en guerras abiertas existen mecanismos humanitarios para evacuar niños, heridos o enfermos. En Bolivia, un país formalmente en paz, un niño no pudo ser trasladado porque nadie logró —o quiso— abrir un camino.
La pregunta empieza a instalarse incómodamente: cuánto más puede deteriorarse Bolivia antes de acercarse a escenarios de colapso estatal ya vistos en otros países como Haití.
El hecho adquiere una dimensión aún más dolorosa al conocerse que el menor era indígena, perteneciente precisamente a sectores sociales que muchos de los grupos movilizados aseguran defender. Sin embargo, cuando su vida dependía de despejar una carretera, nadie lo hizo.
Según reportes difundidos por medios locales, algunos de los bloqueadores se encontraban en estado de ebriedad. La escena es difícil de procesar: un niño en estado crítico, atrapado en medio de un bloqueo, mientras alrededor persistían la confrontación, el desorden y el consumo de alcohol. La última experiencia de ese niño fue oír a su madre pedir desesperadamente, incluso de rodillas, que los dejaran pasar, escuchar el llanto, la angustia y las súplicas alrededor de una ambulancia detenida mientras el dolor avanzaba y el tiempo se agotaba. Y, aun así, la tranca continuó.
Esa escena debería resultar insoportable para cualquier sociedad que conserve una mínima noción de humanidad. Cuando un niño agoniza frente a adultos que deciden mantener un bloqueo, cuando la urgencia de una madre no logra abrir unos metros de carretera, el problema deja de ser únicamente político. Es una señal de que algo mucho más profundo se ha roto, no solo en el Estado, sino también en la capacidad colectiva de reconocer el valor de una vida humana.
La vida de un niño terminó diluyéndose en medio de un conflicto político más. Y quizá lo más inquietante de todo sea que esta tragedia ya no sorprende completamente. Bolivia atraviesa un desgaste institucional y moral que ya no puede explicarse únicamente como una crisis política pasajera.
Es un país donde el narcotráfico se expande con creciente naturalidad, donde la trata de personas opera con impunidad, donde la informalidad domina la economía y donde el contrabando supera muchas veces la capacidad real de control estatal.
La explotación ilegal de oro destruye territorios y ecología. Organizaciones criminales extranjeras operan con creciente comodidad. La corrupción atraviesa todos los niveles del poder público. La violencia armada y el sicariato han dejado de ser excepciones para convertirse en parte habitual del paisaje nacional. Y la producción cocalera del Chapare sigue desviándose totalmente hacia el narcotráfico.
La magnitud de la corrupción confirma esa degradación institucional. Bolivia figura entre los países peor evaluados de Sudamérica en los índices internacionales de corrupción. El sistema judicial aparece constantemente entre las instituciones con menor credibilidad pública, acompañado por la Policía y amplios sectores del aparato estatal.
La degradación institucional ya no es episódica, sino estructural. Ni siquiera quienes históricamente debían representar un refugio moral han quedado al margen. Los escándalos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica, muestran hasta qué punto la crisis ética y moral atraviesa espacios que fueron considerados intocables.
Bolivia registra además algunos de los índices más altos de violencia contra mujeres y feminicidios en América Latina. La infancia tampoco queda al margen: los casos de maltrato y agresiones sexuales contra menores aparecen con una frecuencia alarmante.
En ese mismo contexto, el expresidente Evo Morales enfrenta un proceso por trata de menores y estupro, con una orden de aprehensión vigente. El hecho de que la figura política más influyente de las últimas dos décadas esté vinculada a delitos de esta gravedad refleja la profunda fractura institucional que atraviesa Bolivia.
La descomposición también se expresa en episodios como el Caso Maletas. Una exdiputada y un juez anticorrupción terminaron detenidos por integrar presuntamente una red vinculada al movimiento irregular de equipaje diplomático, drogas, armas y dinero. Un vuelo privado ingresó decenas de maletas sin controles adecuados. Parte de ese equipaje terminó almacenado en instalaciones vinculadas al propio juez. Posteriormente, la Policía halló droga, armas y sustancias controladas. El episodio dejó una conclusión difícil de ignorar: en Bolivia, las instituciones encargadas de combatir el crimen pueden terminar operando dentro del mismo entramado criminal.
El Caso Marset profundizó aún más esa sensación de colapso. La captura y posterior expulsión del narcotraficante Sebastián Marset, realizada sin transparencia suficiente y rodeada de contradicciones entre distintas autoridades, desencadenó una tormenta política que alcanzó al Ministerio de Gobierno. Las denuncias sobre cajas fuertes no reportadas, las acusaciones cruzadas y las versiones contradictorias sobre el operativo dejaron la impresión de un Estado que no consigue explicar con claridad cómo actuó frente a uno de los criminales más buscados del mundo. Cuando un país no puede ofrecer una versión coherente sobre la captura de un narcotraficante internacional, el problema ya no es únicamente de seguridad. Es de legitimidad institucional.
A todo esto, se suma un rasgo cultural que agrava todavía más la situación: la resistencia persistente a cumplir reglas básicas de convivencia. En Bolivia, la informalidad no es solamente económica; también es social y cultural. Existe una desconfianza profunda hacia cualquier norma que implique disciplina, orden o procedimiento. Respetar reglas básicas suele percibirse muchas veces como una imposición ajena antes que como parte de una responsabilidad colectiva.
Sin embargo, esa conducta cambia cuando el boliviano emigra. En Estados Unidos o Europa, millones de bolivianos respetan horarios, cumplen normas, pagan impuestos, hacen filas y siguen protocolos sin mayores conflictos. La diferencia demuestra que el problema no es incapacidad, sino el tipo de sociedad que se ha construido dentro del propio país.
La escena vivida durante la pandemia resulta particularmente reveladora. En un vuelo Miami–Santa Cruz, los pasajeros bolivianos abordaban el avión usando mascarillas, manteniendo distancia y siguiendo todas las instrucciones sanitarias. Pero al aterrizar en Viru Viru, esa misma gente se agolpó en las puertas, se quitó los tapabocas y comenzó a empujarse como si las reglas solo existieran fuera de Bolivia. La imagen resume una contradicción profunda: un país que dice querer desarrollarse, pero que muchas veces parece incapaz de sostener las conductas mínimas que hacen posible una convivencia ordenada.
En gran parte del país, además, la pachanga, los interminables feriados y el consumo excesivo de alcohol ocupan un lugar central en la vida cotidiana. Mientras la economía se deteriora, mientras los hospitales carecen de recursos y mientras la violencia aumenta, buena parte de la sociedad continúa refugiándose en una cultura de evasión permanente. No se trata de condenar la celebración o las tradiciones populares, sino de reconocer una realidad penosa: cuando la fiesta ocupa el lugar de la responsabilidad colectiva, el deterioro termina normalizándose.
Y quizá por eso no sorprende que Bolivia siga siendo uno de los países más pobres de Sudamérica. La pobreza boliviana no es únicamente económica, sino también institucional, cultural y ética. Un país que no logra garantizar justicia, seguridad, orden ni reglas mínimas de convivencia difícilmente puede construir prosperidad sostenible.
La crisis ya empieza además a reflejarse con claridad en la percepción internacional sobre Bolivia. El riesgo país, medido por el índice EMBI de JP Morgan, escaló recientemente de 378 a 557 puntos en medio de la ola de bloqueos y protestas. La incertidumbre política y económica provocada por la paralización del país ya ha generado pérdidas estimadas en más de 600 millones de dólares. Detrás de esas cifras aparece una señal preocupante: los mercados internacionales comienzan a percibir a Bolivia como un país crecientemente inestable, impredecible y con dificultades cada vez mayores para garantizar gobernabilidad básica.
Y mientras el país sigue paralizado por los bloqueos, otro episodio terminó de exhibir la fragilidad estatal. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sobrevivió a dos emboscadas con explosivos contra su caravana mientras encabezaba un operativo destinado a restablecer la circulación. Durante varias horas existió incluso incertidumbre sobre el paradero del ministro. La escena es difícil de imaginar en una democracia funcional: un miembro del gabinete obligado a abandonar la carretera y replegarse por rutas alternas mientras intentaba recuperar el control de una vía estratégica del país.
Más allá de las disputas políticas alrededor de los bloqueos, el episodio deja una pregunta inquietante: ¿qué nivel de autoridad conserva un Estado cuando ni siquiera sus ministros pueden transitar con seguridad por el territorio nacional? La imagen de ambulancias detenidas, carreteras tomadas y convoyes estatales atacados con dinamita ya no parece únicamente una crisis coyuntural. Empieza a parecer un síntoma de erosión profunda de la autoridad pública.
El mundo observa esta situación y actúa en consecuencia. Ningún inversionista arriesga su capital en un país donde los bloqueos impiden el paso de ambulancias y la sede de gobierno, La Paz, enfrenta una inminente hambruna. Ninguna empresa apuesta por un territorio donde el Estado no garantiza siquiera la circulación básica. Ningún turista regresa con tranquilidad a un país donde puede quedar varado durante días sin garantías mínimas. La inversión huye de la incertidumbre, el turismo huye del caos y las sociedades que normalizan el desorden terminan pagando un costo económico y humano enorme.
La muerte del niño de Pocoata expone así una verdad incómoda: en Bolivia, el derecho a la protesta ha terminado imponiéndose, en la práctica, sobre el derecho a la vida. Y eso no representa una fortaleza democrática, sino una señal de debilidad institucional.
No se trata de un hecho aislado ni de una simple tragedia coyuntural. Se trata de una falla estructural que seguirá repitiéndose mientras el país no sea capaz de establecer límites claros, mecanismos humanitarios efectivos y un mínimo consenso sobre el valor de la vida humana.
El Estado boliviano todavía está a tiempo de hacer al menos una cosa correcta.
Honrar la memoria de ese niño. No con discursos vacíos ni declaraciones protocolares, sino con un reconocimiento nacional que admita la gravedad de lo ocurrido y convierta su muerte en un punto de inflexión para el país. Su nombre debería ser recordado como un símbolo nacional del fracaso institucional que permitió esta tragedia, porque terminó convirtiéndose —sin haberlo elegido— en la imagen más dolorosa de un país incapaz de proteger a sus propios niños.
El Estado debería asumir también la responsabilidad de proteger y acompañar a su familia, garantizar apoyo económico, psicológico y social, y evitar que la tragedia quede abandonada al olvido burocrático o convertida únicamente en una noticia pasajera más. Porque esa familia no perdió solamente a un hijo. Bolivia le falló a un niño delante de los ojos de su madre, y eso debería perseguir moralmente al país entero durante mucho tiempo.
Porque las sociedades no empiezan a perderse únicamente cuando colapsan sus economías o fracasan sus gobiernos. Empiezan a perderse cuando un niño puede morir escuchando a su madre suplicar ayuda y, aun así, nadie decide abrir el camino. Porque un país que deja morir a un niño mientras su madre implora que lo dejen pasar no solo pierde autoridad, estabilidad o credibilidad. Empieza a perder algo mucho más grave: la capacidad de reconocerse humano.
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