Es fácil decir, desde fuera, que el manejo gubernamental de la crisis no ha sido el más adecuado. Lo difícil es asumir que, bajo las actuales circunstancias de presión y a la luz de la intransigencia demostrada por algunos movimientos sociales, lo más probable es que estemos ante una situación insurreccional, cuyo objetivo no es la solución a través del diálogo, sino el desastre y la desestabilización final mediante la violencia. En ese caso, claramente, el Gobierno tiene un margen mínimo para alcanzar un resultado racional.

De todas maneras, en esta crisis hay algunos elementos que parecen haber conspirado contra una mejor gestión del Ejecutivo. Posiblemente no se detectó a tiempo que, en ciertos distritos de El Alto, ya se estaba gestando una movilización del todo o nada. Al igual que en 2019, cuando en las inmediaciones de la planta de Senkata existía el riesgo de una tragedia, también en este mayo negro de 2026 existe una amenaza similar, de la que muy posiblemente los instigadores fueron los mismos.

El Gobierno debió prever que eso podía ocurrir y acelerar las negociaciones antes que descalificar dirigentes y profundizar diferencias. La mayoría de los alteños no está por la salida del presidente Paz, pero cuando se cae en groseras generalizaciones contra los habitantes de esa ciudad, es obvio que las consecuencias pueden ser las que hoy lamentamos.

Tampoco fue lo más acertado esperar a que convergieran, en un mismo momento, varios conflictos que no tenían un denominador común. El magisterio, por ejemplo, sale a las calles por salarios, ítems y otras demandas tradicionales y absolutamente previsibles. Tal vez no se debió esperar hasta mayo para resolver esos conflictos, sino actuar antes para evitar que esas organizaciones se conviertan en parte activa de la crisis.

¿Quién o quiénes están detrás de las decisiones gubernamentales? ¿Existe realmente una estrategia clara para enfrentar este momento? Se percibe cierto desorden, protagonismos que no ayudan —al menos no se ven resultados— y ausencias que llaman la atención. Son, seguramente, decisiones presidenciales las que involucran a unos y aíslan a otros, pese a que el momento demanda la participación de los más hábiles para resolver los problemas.

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El Gobierno pudo haber dictado el estado de sitio, porque contaba con el respaldo mayoritario de la Asamblea para ratificar esa decisión. A diferencia, por ejemplo, de Jeanine Áñez, que optó por transitar por la cornisa riesgosa de una determinación no avalada por el Legislativo —donde el MAS tenía una clara mayoría—, Paz contaba con el apoyo de sus asambleístas, de los de Unidad y de los de Libre, cuyo líder, Jorge Quiroga, fue de los primeros en expresar su respaldo a una medida así de drástica. Las consecuencias de no haberlo hecho están a la vista.

Pero el momento pasó y, a estas alturas, un estado de sitio, en lugar de contribuir a recuperar el orden perdido, puede convertirse más bien en el “combustible” que necesitan las fuerzas antidemocráticas para expandir el incendio.

Ya se ha dicho antes, y es cierto, que el Gobierno nació fuerte por la esperanza de cambio, pero débil porque buena parte del respaldo electoral que lo llevó al poder provino precisamente de quienes hoy aparecen como sus principales enemigos.

No es excesivo ni apresurado decir que Rodrigo Paz era el presidente que necesitaba el masismo para prolongar su agonía y ejercer el poder desde la presión asfixiante y recurrente. Y lo era porque insinuaba, pero no representaba plenamente, un proyecto alternativo, y porque iba a ser muy cauteloso al momento de asumir decisiones cruciales para darle rumbo a la transformación que el país necesitaba.

El estado de convulsión que vive una parte del país —sobre todo La Paz y otros puntos del occidente, además de algunas zonas de los valles donde todavía mantienen control quienes se fueron— es parte de eso: de un modelo que se resiste a desaparecer y da sus últimos manotazos, violentos e inciertos, frente a una alternativa que todavía carece de contenido y, peor aún, de liderazgo.

Es posible que este conflicto pase, que se gesten acuerdos de última hora, que se abran los caminos y que paulatinamente vuelva la normalidad que hoy ansía el 90 % de la población paceña, agobiada por la escasez y la violencia. Pero es poco probable que desaparezcan o se resuelvan las causas que detonan e influyen en la configuración de estos escenarios.

¿Podemos esperar que, después de esta crisis, tengamos por fin un Gobierno capaz de asumir con firmeza y claridad las decisiones clave para un cambio definitivo de rumbo en el país? ¿O solo nos queda asistir al triste espectáculo de un Ejecutivo permanentemente expuesto a la próxima tempestad? Las horas que vienen dirán hacia dónde vamos.

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