El Estado Plurinacional de Bolivia mantiene una relación histórica, profunda e indisoluble con la minería. El país es ampliamente reconocido como un territorio minero por excelencia, esta actividad constituye uno de los pilares más antiguos, persistentes y determinantes de su historia, identidad, economía y configuración política. Por todo esto, el sector minero en nuestro país es un pilar económico que no puede descuidarse.
El sector minero ha contribuido, durante los últimos cinco años, con entre el 4,17% y el 5,40% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, confirmando su carácter de pilar estructural del crecimiento económico del país. De acuerdo con el PIB por actividad económica —indicador que refleja el aporte real de cada sector al dinamismo productivo—, la extracción de minerales metálicos y no metálicos registró en la gestión 2024 un incremento de 4,72%, el mayor crecimiento entre todas las actividades económicas.
Asimismo, en 2024 las exportaciones mineras superaron los 4.600 millones de dólares, cifra que representa aproximadamente el 49% del total exportado por Bolivia. Este desempeño consolida al sector como uno de los principales generadores de divisas, contribuyendo de manera decisiva a la balanza comercial, la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad financiera del Estado.
En cuanto a la Renta Minera —regalías, impuestos y patentes— el sector aportó más de 631 millones de dólares en 2024, recursos que ingresaron directamente al sector público y que constituyen una fuente esencial de financiamiento para inversiones departamentales y municipales en infraestructura, servicios básicos, desarrollo productivo y programas sociales.
Asimismo, la actividad minera sostiene más de 166.000 empleos directos y cerca de 350.000 empleos indirectos, convirtiéndose en el sustento económico de cientos de miles de familias. Su impacto territorial es profundo: mantiene articuladas las economías departamentales de Potosí, La Paz y Oruro, y dinamiza nuevos polos de producción en otros departamentos donde la minería está en proceso de expansión.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
- Incluye actividades: Agricultura, Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca.
- Incluye actividades: Restaurantes y Hoteles, Servicios Comunales, sociales, personales y domésticos.
- Incluye actividades: Servicios Financieros, Servicios a las empresas y propiedad de vivienda.
Fuente: Dossier Estadístico del Sector Minero Metalúrgico 1980 – 2024
Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización – Ministerio de Minería y Metalurgia.
Producción Minera al tercer trimestre de la Gestión.
La producción minera registrada durante el tercer trimestre de la presente gestión evidencia un crecimiento significativo en términos de valor, alcanzando los 5.349,7 millones de dólares. Este desempeño responde, por un lado, al efecto favorable de las cotizaciones internacionales y, por otro, a una gestión sectorial más eficiente y articulada. En conjunto, estos factores consolidan la proyección de Bolivia como un actor minero de creciente relevancia en la región y fortalecen sus perspectivas de posicionamiento en los mercados internacionales.
Los minerales Zinc, Oro, Plata, Antimonio, Wólfram y Cobre mostraron incrementos apreciables en su producción valorada en divisas durante el tercer trimestre de 2025, contribuyendo al fortalecimiento de los ingresos del sector. Sin embargo, el análisis comparativo entre los terceros trimestres de las gestiones 2024 y 2025 revela una ligera disminución en la producción valorada de Estaño, Plomo y Ulexita, lo cual representa un desafío técnico y productivo que debe ser atendido mediante estrategias orientadas a mejorar la eficiencia operativa, las capacidades tecnológicas y la sostenibilidad de la producción en estos minerales.
Fuente: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización – Ministerio de Minería y Metalurgia.
En consecuencia, del análisis comparativo del desempeño minero entre los terceros trimestres de las gestiones 2024 y 2025, se evidencia que la gestión 2025 registró un incremento del 24% en la producción valorada, equivalente a 1.047,9 millones de dólares adicionales respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado confirma una recuperación sostenida y una dinamización significativa del sector, consolidando su papel estratégico en la generación de ingresos y en el fortalecimiento de la economía nacional.
La Urgente Formalización del Régimen Minero Boliviano
Uno de los retos estructurales que el Estado Plurinacional de Bolivia debe encarar con carácter prioritario es la formalización integral de la actividad minera mediante la consolidación y otorgación del Derecho Minero, en el marco de las atribuciones conferidas a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Para ello, resulta imprescindible desarrollar una reingeniería de procesos que permita agilizar, transparentar y tecnificar la emisión de nuevos Contratos Administrativos Mineros, así como la adecuación de las áreas preconstituidas a Contratos Administrativos Mineros a los Actores Productivos Mineros (APM).
Asimismo, es necesario establecer una metodología procedimental clara para la revisión y aprobación de los nuevos Contratos Administrativos Mineros por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), asegurando seguridad jurídica, trazabilidad administrativa y coherencia con los principios establecidos en la Ley N.º 535 de Minería y Metalurgia. La formalización efectiva de los actores productivos mineros no solo fortalecerá la gobernanza sectorial, sino que contribuirá de manera directa a la reducción de la minería ilegal y a la consolidación de un modelo minero responsable, transparente y sostenible.
En la actualidad, Bolivia cuenta con más de 5.500 derechos mineros otorgados antes de la promulgación de la Ley N.º 535 de Minería y Metalurgia. De este universo, el 45,9% corresponde a empresas privadas o unipersonales, el 37,7% está en manos del Estado, y el porcentaje restante se encuentra bajo titularidad de cooperativas mineras.
Paralelamente, las solicitudes de nuevos Derechos Mineros —tanto anteriores como posteriores a la vigencia de la Ley N.º 535— ascienden a más de 7.700 trámites para la suscripción de Contratos Administrativos Mineros. De estas solicitudes, el 65,1% proviene del sector privado, el 33,0% corresponde a cooperativas mineras y menos del 2% ha sido presentado por entidades estatales, lo que evidencia la reducida participación del Estado en la expansión de nuevas áreas mineras.
En términos territoriales, el 41,1% de las solicitudes se concentra en el departamento de La Paz; el 37,7% en Potosí; destaca además el departamento de Santa Cruz con un 5,3%, reflejando un creciente interés por su potencial geológico; mientras que el resto de los departamentos en conjunto representan el 16,3% de las solicitudes de nuevos Contratos Administrativos Mineros.
Desde la promulgación de la Ley N.º 535 de Minería y Metalurgia, los trámites gestionados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y su posterior aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional han mostrado avances limitados. A la fecha, únicamente 853 Contratos Administrativos Mineros —entre nuevos contratos y contratos por adecuación— han logrado concluir todas las etapas del proceso, lo que evidencia una baja eficiencia administrativa en la tramitación y resolución de estos expedientes, así como una marcada demora en las fases de revisión y aprobación de la asamblea legislativa, particularmente en el caso de los contratos nuevos.
Del total de contratos concluidos, el 53,81% corresponde a procedimientos de adecuación de derechos mineros preconstituidos, lo que evidencia que más de la mitad del avance institucional se ha concentrado en la regularización de áreas ya existentes —procesos que no requieren aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional—. En contraste, la formalización de nuevas áreas mineras continúa siendo claramente insuficiente, debido a la limitada capacidad de procesamiento y a los retrasos en las instancias legislativas.
La información analizada demuestra que el principal desafío del Estado es avanzar hacia una formalización administrativa efectiva de la actividad minera. Esta limitada capacidad de procesamiento y las demoras legislativas han impedido la formalización de nuevas áreas para trabajo minero, afectando la gobernanza del sector y permitiendo que la informalidad siga creciendo.
Por ello, es imprescindible una reingeniería administrativa y legislativa que agilice, ordene y transparente la tramitación de derechos mineros, garantizando seguridad jurídica y fortaleciendo un modelo minero moderno, responsable y sostenible.
