Las recientes medidas económicas anunciadas por el Gobierno revelan no solo una orientación política clara, sino también una preocupante renuncia al rol del Estado como garante del bienestar común. En vez de fortalecer la capacidad pública para enfrentar la desigualdad, regular los excesos del mercado y proteger a las mayorías sociales, el Ejecutivo ha decidido alinearse con los intereses de las grandes élites económicas, los bancos y los organismos internacionales que hace décadas promueven un modelo de austeridad que ya ha demostrado sus límites y sus costos humanos.
La reducción del gasto fiscal en un 30% quizá luzca, para algunos, como un gesto de “responsabilidad” y “disciplina”. Sin embargo, detrás de ese discurso tecnocrático se esconde un impacto social enorme: significa un recorte indiscriminado a prácticamente todas las instituciones públicas, desde salud hasta educación, desde infraestructura hasta programas sociales. Es una decisión que prioriza el equilibrio contable sobre los derechos sociales, debilitando al Estado y dejando a la ciudadanía con menos recursos precisamente cuando más los necesita. No sorprende que esta medida sea celebrada por ciertos empresarios y por organismos como el Fondo Monetario Internacional, fervientes defensores de la austeridad incluso cuando afecta directamente a la población más vulnerable.
A esto se suma la anulación del impuesto a las grandes fortunas, una medida difícil de justificar desde cualquier perspectiva que no sea la defensa de los privilegios económicos. En un país donde la desigualdad continúa ampliándose, eliminar un tributo que afectaba únicamente a quienes poseen patrimonios extraordinarios envía un mensaje claro: el peso fiscal recaerá sobre las mayorías, mientras que quienes concentran la riqueza verán aliviada su contribución. Es una renuncia explícita a una herramienta redistributiva que permitía financiar políticas públicas esenciales.
La decisión de suprimir el impuesto a los juegos (casinos, loterías, apuestas y similares) también merece un análisis crítico. Más allá del alivio para las empresas del sector, esta anulación reduce la capacidad del Estado para regular actividades que, por su propia naturaleza, requieren vigilancia estrecha debido a su relación con el riesgo social, la ludopatía (trastorno de adicción al juego caracterizado por una necesidad incontrolable de apostar dinero) y la concentración del ingreso. En vez de fortalecer mecanismos de control, se facilita una expansión del negocio sin contrapesos, debilitando nuevamente el rol regulador del Estado.
Algo similar ocurre con la eliminación del impuesto a las transferencias financieras. En la práctica, este paso libera aún más el movimiento de capitales y facilita operaciones de alto volumen sin ningún tipo de contribución al erario público. Se trata de un beneficio directo para bancos y grandes corporaciones con miles de transacciones diarias, mientras que el Estado pierde una fuente de financiamiento y la sociedad pierde instrumentos para frenar la especulación y controlar flujos financieros que afectan la estabilidad económica.
Finalmente, la anulación del impuesto a las promociones empresariales -campañas de marketing, sorteos y otras estrategias comerciales- completa este paquete de medidas que parecen diseñadas a la medida de los intereses corporativos. Las grandes empresas, con capacidad para realizar promociones masivas, salen beneficiadas, mientras que las pequeñas empresas pierden competitividad y el Estado renuncia otra vez a ingresos que podrían destinarse a fomentar la economía local.
Estas decisiones no son medidas aisladas: constituyen una declaración de principios. El Gobierno deja claro a quién elige favorecer y a quién está dispuesto a sacrificar. Las élites económicas ganan márgenes de maniobra, ventajas fiscales y un entorno regulatorio más permisivo. En cambio, la ciudadanía, especialmente los sectores populares, enfrentará un Estado más débil, con menos recursos y menor capacidad para garantizar derechos.
En un momento en el que el país necesita políticas públicas sólidas, inversión social y un Estado capaz de equilibrar las fuerzas del mercado, apostar por un modelo de austeridad y privilegios es, como mínimo, una irresponsabilidad histórica. El debate no es técnico: es profundamente político. Y hoy, lamentablemente, el Gobierno ha elegido ponerse del lado de quienes menos necesitan ayuda, dejando al resto del país a merced de un mercado cada día más concentrado y desigual.
