EEUU ya ha matado extrajudicialmente, según la ONU, a más de 60 personas, en ataques contra lanchas que supuestamente estaban transportando droga en el Caribe. En Brasil, un megaoperativo liquidó a más de 130 personas presuntamente vinculadas al narcotráfico, en una especie de zona de guerra no declarada, sin ningún proceso previo. En Ecuador se ha militarizado las elecciones y se declaró varias zonas en emergencia para combatir el crimen. En Argentina la situación no ha llegado a esos extremos, pero los discursos para “cerrar la frontera” o “quien la hace la paga” de la ministra del Interior, Patricia Bullrich, así como llamados similares en Paraguay, Chile y hasta Perú, para aplicar políticas duras contra los migrantes ilegales, la delincuencia común y el crimen organizado han crecido de manera preocupante, pese a que se ha comprobado varias veces que la represión no extingue el delito.

Estas acciones siguen la estela del Gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, quien a punta de mano dura y vulneraciones de derechos logró bajar considerablemente la tasa de delitos en un país donde las pandillas tenían su propio ejército. Este aparente éxito ha generado, más que una moda, un estilo de gobernar, y también a renovado una vieja tendencia que privilegia la “mano dura” sobre otros mecanismos de resolución de conflictos internos, mecanismos que se concentran en los síntomas y no en el origen de la enfermedad, a decir: un sistema desigual que genera pobreza y exclusión.

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Más no todos los países de la región han optado por este modelo. Colombia y México, por ejemplo, dos naciones que históricamente han tenido largos periodos de violencia interna, optaron por políticas más preventivas, que no privilegian el choque directo o la mano dura, y que han tenido un relativo nivel de éxito, aunque menos publicitado que el de Bukele. Lo mismo pasa con Uruguay que, pese a ser un país sin un gran historial de crimen organizado, ha promovido más políticas de prevención que de mano dura.

En Bolivia no han faltado las voces que piden que se copie el modelo de Bukele y que se imponga la mano dura o incluso la militarización de zonas donde el Estado parece haber perdido el control. La proliferación de casos de sicariato y balaceras, sobre todo en el oriente del país, ha abierto un serio debate sobre las políticas de seguridad interna. Todas las miradas, en este sentido, apuntan hacia el trópico de Cochabamba.

La inocultable producción de droga y la presencia de cultivos ilegales de coca en el trópico, sumadas a una campaña virtual, mediática y gubernamental, han generado una corriente de opinión que apunta a la intervención violenta de la zona. Sin embargo, estos criterios que buscan una acción policial-militar contra el trópico (y otras zonas) y que acusan a sus pobladores de vínculos con la delincuencia están basados más en criterios políticos y prejuicios que en evidencia empírica e histórica.

Es cierto que hay una porción de pobladores que se dedica al negocio ilegal. Esta deberá ser perseguida en el marco del debido proceso y castigada conforme a la ley. Sin embargo, hay que separar este criterio de lo que sucede en redes sociales y en las opiniones de no pocos políticos, que apuntan a construir la imagen del enemigo interno vinculando a ciertos sectores con el narcotráfico y la ilegalidad.

No quiere decir esto que el Estado no deba tomar decisiones para garantizar la seguridad de sus miembros o que ceda el control de su territorio a las ciertamente presentes organizaciones criminales. Lo que se debe evitar es que bajo el paraguas de seguridad se persiga a sectores sociales o se activen mecanismos de silenciamiento contra dirigentes que, con seguridad, van a observar las políticas estatales y sus resultados.

Lamentablemente, este parece ser el objetivo de los discursos sobre la seguridad ciudadana. Hay que alertar que a título de combatir el crimen se pueden cometer muchos crímenes que estén cobijados bajo una necesidad apremiante, y, lo peor, autorizados por la ley y legitimados por la opinión pública. Estamos a tiempo para corregir este enfoque.

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