23 de octubre (Urgente.bo).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó el Decreto Supremo N° 5475, “ley de transición”, que regula la entrega del mando presidencial y la transferencia administrativa del Gobierno saliente al entrante. Esta norma busca garantizar una transición “ordenada y transparente”, en el marco del fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad estatal.
“El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la Transición de Gobierno y la Transmisión de Mando Presidencial, de manera ordenada y transparente, de un Gobierno democráticamente electo en las urnas a otro electo en las mismas condiciones”, señala el artículo 1 del documento establecido por el actual presidente y su gabinete ministerial.
Ministerio de la Presidencia está a cargo de la transición y deberá organizar reuniones con otras carteras de Estado e instituciones del Órgano Ejecutivo, “conforme a cronograma definido de manera conjunta con la representación del Gobierno Electo”. Asimismo, el decreto dispone que el presidente electo designe una comisión receptora de información para garantizar la continuidad administrativa.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Vicepresidencia del Estado, planificarán, organizarán y ejecutarán los actos protocolares vinculados a la transmisión de Rodrigo Paz al mando presidencial prevista para el 8 de noviembre, de acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Asimismo, el decreto autoriza contrataciones directas de bienes y servicios para el desarrollo de los actos oficiales, excluyendo temporalmente algunos requisitos administrativos. “Las contrataciones directas efectuadas en aplicación del presente Decreto Supremo quedan exentas de la presentación del Certificado del Registro Único de Proveedores del Estado-RUPE”, establece el artículo 4.
Finalmente, la norma resalta el significado histórico del proceso. “Luego de veintiocho años, en el Año del Bicentenario de Bolivia, se restablece la transmisión de mando de un Gobierno electo que concluirá su mandato constitucional a otro Gobierno electo; ambos elegidos por decisión soberana del pueblo boliviano, reafirmándose así su vocación democrática” sostiene el decreto.
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