Cada 1º de mayo recordamos aquella lucha histórica por la jornada de ocho horas, símbolo de una época donde pelear por el tiempo libre era, también, pelear por la dignidad. Pero hoy, en 2025, ese ideal parece más lejano que nunca para millones de jóvenes. El trabajo ya no está solo en las fábricas; vive en la pantalla, en el celular, en la incertidumbre del día a día. La digitalización, el auge de la economía de plataformas y el crecimiento de la informalidad han cambiado las reglas del juego laboral, sin que las leyes hayan respondido con la misma velocidad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que en 2023 más del 60% de la juventud latinoamericana trabaja en condiciones informales, sin acceso a seguridad social ni garantías mínimas (OIT, 2023). El trabajo persiste, pero muchas veces sin contrato, sin horario claro y sin derechos. Por eso, más que conmemorar el pasado, este 1º de mayo debería ser una oportunidad para repensar el presente.
En la actualidad, los límites entre la vida laboral y personal se han difuminado significativamente. Las herramientas digitales, si bien han facilitado la comunicación y la flexibilidad, también han extendido las jornadas laborales más allá del horario convencional. Es común que las interacciones laborales se prolonguen a través de mensajes instantáneos, videollamadas fuera de turno y correos electrónicos respondidos en horarios no laborales. Esta constante conectividad ha introducido nuevas formas de exigencia, donde la disponibilidad emocional y la presencia digital se valoran tanto como la productividad tradicional.
El problema no es solo económico. Es estructural, jurídico y político. El trabajo ha cambiado de forma, pero las herramientas de protección colectiva, incluidos los marcos normativos laborales y los mecanismos de representación, no siempre han acompañado con la misma velocidad (De Stefano & Wouters, 2020). En esta nueva configuración, millones de personas producen desde plataformas digitales, redes sociales o esquemas laborales transnacionales, sin que su realidad esté plenamente reconocida por las legislaciones laborales vigentes (OIT, 2021).
¿Quién protege a la mujer migrante que cuida niños en una casa que no es la suya, lejos de su país y sin contrato? ¿Quién ampara al joven programador que factura desde Bolivia para una empresa en California sin seguro de salud en su país? ¿Quién legisla para quienes combinan cinco actividades independientes sin alcanzar la cobertura de un solo empleo formal?
No están desocupados, están invisibilizados. Trabajan en los márgenes, en los intersticios legales donde aún no llegan ni la normativa laboral tradicional ni, en muchos casos, los sindicatos, que fueron concebidos para otras estructuras productivas. Esto no implica desconocer su valor histórico, sino reconocer que el mundo del trabajo actual exige también nuevas formas de representación, regulación y defensa (IOM, 2022).
Este nuevo escenario laboral incluye a trabajadores que operan en plataformas digitales, redes sociales o esquemas transnacionales, cuyas realidades no están plenamente reconocidas por las legislaciones laborales vigentes. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que los trabajadores de plataformas digitales, aunque aparentemente independientes, están sujetos a un control algorítmico, lo que requiere actualizar las leyes laborales para asegurar su protección (Alburquerque, 2024).
En este contexto, diversos organismos y expertos han propuesto la elaboración de una Carta Mundial de Derechos Laborales Emergentes, orientada a garantizar principios de equidad y dignidad en el nuevo escenario laboral global. Esta carta podría contemplar los siguientes ejes; El reconocimiento del derecho al trabajo digital digno, con condiciones laborales justas, cobertura social y seguridad jurídica en entornos virtuales; La protección específica para trabajadores migrantes, del cuidado y de plataformas, quienes con frecuencia enfrentan situaciones de vulnerabilidad estructural y falta de representación; La interoperabilidad legal, para que quienes trabajan de manera transfronteriza puedan acceder a sus derechos sin importar su ubicación geográfica; El derecho a la desconexión digital, permitiendo el descanso efectivo y evitando que la hiperconectividad erosione la salud mental o las relaciones personales.
No trabajamos menos. Trabajamos distinto. Y ese “distinto” también merece ser protegido. Porque en cada jornada fragmentada, en cada conexión nocturna, en cada tarea sin contrato, también hay dignidad y esfuerzo que el derecho no puede seguir ignorando.
El 1º de mayo no puede ser solo una postal del pasado. Debe ser una consigna viva. Una que hoy no solo se grita en las calles, sino que se teje en la red, se defiende en los parlamentos, se exige en los tratados, y se reclama en todos los idiomas de la justicia.
Trabajar sin derechos no es libertad. Es abandono institucional. Y ningún pueblo, ninguna generación, debería heredar la precariedad como herencia estructural.
Venimos de historias de lucha obrera, de trenzar la tierra con las manos y el alma, de resistir con dignidad. No olvidemos de dónde venimos, ni permitamos que el futuro laboral se construya sin nosotros. Porque el trabajo cambió, pero la esperanza sigue siendo colectiva. Y no hay modernidad justa sin derechos para todos.
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