La Procuraduría General del Estado informó este sábado que ha decidido ampliar la acusación penal por los hechos del 26 de junio de dos a cinco delitos para el procesamiento de hasta ahora veinticuatro personas que están involucradas en el movimiento militar en la plaza Murillo.
En un comunicado dado a conocer hoy, la Procuraduría señala que la investigación se realiza por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad del Presidente y otros dignatarios de Estado, Destrucción o deterioro de bienes del Estad y la riqueza nacional, y Uso indebido de bienes y servicios públicos. Y detalla que esas tipificaciones se basan en los artículos 121, 128, 133 y 233 del Código Peanl y el artículo 26 de la Ley 004.
El caso que estalló el 26 de junio se basó en principio en dos delitos: terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. La Procuraduría definió la ampliación.
Por otro lado, informó que hasta ahora las personas imputadas son las siguientes.
Citan entre los investigados a Juan José Zúñiga, Miguel Iriarte, Raúl Barbery, Alan Quenta, Alejandro Irahola, Juan Arnez, Juan Paulsen, Aníbal Aguilar, Julio Buitrago, Miguel Iriarte, Luis Balanza, Valdir Mamani, Leonel Sanjinez, Marco Caviedes, Roberto Arandoña, Raúl Barbery, Marcelo Gutiérrez, Franz Ordoñez, Juan Carlos Delgadillo, Roman Caway, Miguel Angel Burgos, Demetrio Mamani, Marcel Zegarra, Vladimir Lupa, Vladimir Céspedes y Jaime Cruz Vera.
La procuraduría ha llamado a esta ampliación como “caso golpe de Estado III” y reitera su compromiso en la defensa del gobierno legalmente constituido y advierte que este es un mensaje contra la impunidad para que se repita la “comisión de gravísimos delitos” que atentan contra el orden interno del país
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