La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la Acción de Amparo Constitucional que interpuso la aerolínea Amaszonas en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y ordenó suspender temporalmente sus medidas contra los aviones de la empresa privada. Horas antes de la oficialización de esta determinación, el gerente de la empresa boliviana, Dardo Gómez, informó que hasta el final de la jornada se restablecerían los vuelos.
“A mérito de lo expuesto por la parte accionante, con la finalidad de evitar un daño irreparable y/o irremediable, de conformidad a lo previsto por el art. 3 núm. 2) en relación al art 34 del Código Procesal Constitucional – Ley 254, en calidad de medida cautelar, esta Sala Constitucional dispone excepcionalmente LA SUSPENSION TEMPORAL de no ejecución de los siguientes actos administrativos: 1) Resolución Administrativa N° 316; 2) Resolución Administrativa N° 318; 3) Resolución Administrativa N° 328; y, 4) Resolución Administrativa N° 329-todas del 28 de julio de 2023-, emitidas por el Director Ejecutivo a.i, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, debiendo a tal efecto notificarse a la Dirección General Ejecutiva de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para su conocimiento y estricto cumplimiento”, indica el documento.
El empresario Dardo Gómez, gerente general de Amaszonas, informó este martes que ya hizo conocer las notificaciones con esta decisión a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), y a la empresa estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), así como al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, para que se proceda con la devolución de los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad de las aeronaves de Amaszonas.
Durante la mañana, trabajadores de la aerolínea privada se concentraron en puertas de la DGAC en Santa Cruz y La Paz en rechazo a la cancelación de matrículas de cuatro aviones de Amaszonas, lo que pone en riesgo los ingresos de más de 400 familias, indicaron.
