4 de noviembre (Urgente.bo).- El próximo lunes 8 de noviembre, el presidente Luis Arce cumplirá un año de gestión y una vez más las organizaciones y los grupos y sectores opositores medirán fuerzas en las calles. Los universitarios, sectores de gremiales, cívicos y el Conade ahora están aglutinados contra una ley y un proyecto de ley a los que resisten, mientras  que las organizaciones sociales y populares anunciaron medidas en defensa del mandatario boliviano ante, lo que ellos llaman, un nuevo intento de desestabilización.

Los sectores opositores que anunciaron un paro indefinido desde la próxima semana rechazan la ley 1386, que es la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo que está vigente y cuyo enorme anexo genera una serie de preocupaciones de diferentes sectores.

La otra es el proyecto de ley 342, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. La norma está lista para su promulgación, ya que fue aprobada en ambas cámaras del Legislativo boliviano.

Para Marcelo Arequipa, el que gobierno haya retrocedido una ley tiene envalentonada a la oposición, que aprovecha los pedidos de sectores como los gremiales para generar malestar contra el gobierno.

“Sin duda alguna es la oposición que usa estas fracturas, no es que ellos tengan la iniciativa a la protesta y la movilización, sino se apoyan con las que son afines al MAS. La calle vuelve a ser ese escenario de disputa política”, declaró el analista al portal informativo Urgente.bo.

Según la senadora de Creemos, Centa Rek, el paro cívico nacional convocado a partir del próximo lunes es contra todo el “paquete de leyes” aprobados por el oficialismo en la Asamblea Legislativa y no contra una sola ley en específico. 

“Todas las leyes tienen el mismo diseño y van hacia el mismo fin (…) todas tienen la misma carta escondida, que el Presidente tenga la posibilidad de gobernar por decreto, de hacer cambios por decreto; es una anulación del Legislativo que no podemos aceptarla” sostuvo.

Esta mañana, Reinero Vargas Venegas, rector en ejercicio de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM), en Santa Cruz salió a las calles en una marcha y rechazó la ley 342, porque dice que atenta contra la autonomía universitaria.

“Nos intentan quitar la autonomía que nos costó hasta con sangre, no vamos a claudicar en estos principios. La universidad hará respetar su autonomía y no vamos a permitir que se promulguen leyes sin consenso y socialización”, advirtió el rector.

Los artículos observados de la ley de Desarrollo Económico Social son el 4 y el 6. El primero dice que es de cumplimiento  obligatorio para los órganos Legislativo,  Ejecutivo,  Judicial, Electoral, Tribunal Constitucional, Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.

El artículo 6  refiere modificaciones parciales, complementarias o de forma, al Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien y el  Plan de Desarrollo Económico Social que se aprobaran mediante Decreto Supremo.

“Los errores en estas leyes, las genera el gobierno. Falla en su capacidad de atención a los conciudadanos y debe dar pie a las modificaciones para evitar escenarios violentos”, indica el analista y exministro de Justicia, Carlos Alberto Goitia.

Por su parte,  alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, manifestó este jueves que no negociará la autonomía de la ciudad de Santa Cruz, puesto que fue un derecho ganado por el pueblo.

Intentos de desestabilización

El gobierno y las organizaciones sociales califican los anuncios de protestas y movilización como un intento de desestabilizar al gobierno de Luis Arce. La tarde de este jueves, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, advirtió que el bloque social popular, las organizaciones sociales llamadas Pacto de Unidad, defenderán la democracia y al mandatario boliviano.

“Advertimos que las organizaciones sociales, el pueblo boliviano, el bloque social popular va a defender la democracia, nuestra Constitución, va a defender al gobierno legítimo constitucional tal como nos han manifestado en esta reunión nuestras organizaciones sociales”, sostuvo el Segundo Mandatario.

“Las organizaciones que respaldan al Gobierno van a utilizar todos los recursos a su alcance que permite nuestra democracia para defender la estabilidad económica, la unidad, nuestra soberanía, riquezas y recursos naturales”, agregó Choquehuanca.

Por otro lado, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, aseguró que las organizaciones sociales  se declararon en estado de emergencia ante los posibles intentos de desestabilización.

“No vamos a permitir intentos de desestabilización con actos de racismo, de discriminación a la mujer de pollera, al campesino, no lo vamos a permitir”, subrayó el líder del ente matriz de los trabajadores.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó este jueves que no acatarán el paro indefinido convocado por algunos sectores políticos del país, desde el próximo 8 de noviembre, porque sería crear un “hueco económico” contra las familias alteñas. “No vamos a participar de ningún paro, porque en la ciudad de El Alto el 80 por ciento vive del comercio informal y parar es crear un hueco económico en nuestra población alteña”.

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