27 de octubre (Urgente.bo).- La reunión de las víctimas de Senkata y Sacaba con el gobierno terminó con un acuerdo preliminar de cuatro puntos, de los cuales solo uno hace referencia al resarcimiento económico. El acuerdo es que se emitirá un Decreto Supremo para otorgarles a estas familias un crédito especial con interés de 0.5%. Al margen de ese punto, las medidas para la reparación integral de las personas que fueron afectadas por la crisis de 2019 serán debatidas el próximo 5 de noviembre en el Salón Illanes del ministerio de Justicia.
“De los 22 puntos del pliego petitorio se acordaron tres temas centrales, el primero el proceso en curso de la proposición acusatoria, es decir hasta dónde ha avanzado el proceso y cuáles son las causas por las que se está procesando a Jeanine Añez”, dijo David Inca, en contacto con Urgente.bo.
El segundo: “los procesos ordinarios que se hicieron contra ministros y los miembros de la policía y militares; y tercero el plan de reparación integral que será presentado en esa reunión”, explicó.
Señaló que un cuarto punto es "la creación de un Decreto Supremo para que las víctimas de Senkata y Sacaba puedan acceder a un crédito especial con intereses y requisitos blandos para que los hermanos puedan recuperarse económicamente, esos cuatro temas serán debativos el 5 de noviembre”, dijo Inca.
La reunión estaba dirigida por la ministra de la presidencia María Nela Prada, también asistieron Nelson Cox y Roberto Ríos.
Antes de la reunión los marchistas demandan una ayuda económica de Bs 10.000 para cubrir los gastos de sepelio de sus muertos; la nivelación de la ayuda económica para los heridos (Bs 50.000), “un salario mínimo de Bs 5.000 para todas las víctimas de las masacres (familiares de los fallecidos, heridos y torturados), monto que deberá aumentar progresivamente, de acuerdo al aumento salarial dispuesto por ley”, según el pliego. Por otro lado, exigían viviendas sociales, créditos sin intereses, atención médica y psicológica, becas universitarias, puestos laborales y un subsidio alimenticio, entre otros.
Con relación a la expresidenta, demandaban que se inicie un juicio de responsabilidades en su contra y que se dé de baja a los militares y policías que ejecutaron la represión en 2019.
