Tras una revisión al proceso de contratación, el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, determinó que no hubo irregularidades ni sobreprecio en el proceso de adquisición de 672.000 pruebas PCR para detectar el COVID-19.

“Hemos hecho una revisión, el proceso de contratación no tiene ningún tipo de anomalía o irregularidad o ilegalidad jurídica», enfatizó este domingo, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.

Al respecto, Coímbra afirmó que ya está en sus manos el informe final que da cuenta de que no hubo irregularidades en el proceso de contratación.

“Ya he recibido el informe de Transparencia y de la AISEM, y no existe ninguna irregularidad y tampoco un sobreprecio en esto; habían propuestas mucho más altas”, recalcó la autoridad.

Coímbra precisó que al proceso de licitación se presentaron 13 empresas, de las cuales quedaron ocho, entre ellas la empresa uruguaya, que al final fue eliminada, pues no cumplía con los requisitos para poder vender esos insumos médicos.

La aut

ridad señaló que, entre otras cosas, las pruebas ofertadas por el laboratorio uruguayo no contaban con la certificación de la Federal Drug Agency (FDA), de Estados Unidos, ni de la del Conformité Européenne (CE) de la Unión Europea.

No son cualquier tipo de insumos médicos (…). La certificación del gobierno uruguayo no es válida, no es reconocida por la OMS y la OPS, sostuvo Coímbra.

En criterio de la autoridad, lo único que falta ahora, para que cierre el proceso de contratación en la parte administrativa, es la firma del contrato, gestión que ya está en la última fase.

“Vamos a hacer material ese informe, en las próximas horas, hacia la Presidencia para establecer de manera clara que no han habido irregularidades en el proceso de contratación”, insistió Coímbra.

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