Coyuntura
Sarmiento contó que él y su mamá nacieron en La Paz y su padre es oriundo de Quime, ubicado en la provincia de Inquisivi del departamento paceño. Llegaron a la ciudad de Santa Ana el año 1965 con el mismo sueño de todos los inmigrantes de buscar una vida mejor, sin embargo, los años pasaron y terminaron viviendo ahí hasta la fecha.
El hecho ocurrió el 1 de septiembre aproximadamente a las 20.30 cuando la víctima se encontraba circulando por la zona 12 de Octubre donde fue interceptada por la pareja. Ambos le propinaron varias puñaladas.
Los desarrolladores de la vacuna señalan en la publicación que el 100 % de los participantes desarrolló una respuesta inmunitaria estable durante las fases I y II de los ensayos.
Hoy, el Procurador boliviano acompañado por el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, presentaron la denuncia ante la Fiscal General de la Corte, Fatou Bensouda. El documento fue recibido en los Países Bajos.
Estas declaraciones surgen luego que la mañana del jueves Ramírez anunciara su regreso a la política y presentará su frente político con miras a participar en las elecciones.
La propia docente había contado en sus redes sociales que llevaba cuatro semanas con síntomas de coronavirus, que no desaparecían: "Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento (médico de terapia y emergencias). Llega a más público y daña más", escribió en Twitter.
De acuerdo con información preliminar, se conoce que la denunciante remitió una serie de solicitudes de pagos a los concejales Wilma Palacios, Moisés Marka y Lourdes Paricahua por material electoral entregado en las “Elecciones Municipales del 2015”.
De acuerdo con la enfermera, son 120 enfermeras de los hospitales Sur, Norte y Solon Klein las que están afectadas con la falta de pago de salarios y contratos. Además, también habría personal de limpieza y auxiliares que están afectadas con esta situación.
Contreras tildó el hecho como la vulneración de derechos y anunció que se emitió una denuncia. Dijo que tuvo que interceder la Defensoría del Pueblo para que se liberen a los funcionarios y entre ellos personas que hacían trámites.
Mediante una remisión se solicitó a la CPI llevar a efecto una investigación para determinar y sancionar a los autores del crimen de lesa humanidad que provocó el sufrimiento de poblaciones afectadas y derivó en la muerte de al menos 40 pacientes por la falta de atención médica.
