Chico Buarque terminó Trocando em miúdos —una bella balada de desamor y despedidas— con un verso cargado de melancolía: “...la leve impresión de que ya voy tarde”.
Esa misma frase bien pudo haber figurado, borrada a última hora, al pie de la renuncia de José Luis Lupo a la Embajada ante la OEA. Sobraban razones para que esa salida se diera mucho antes, en lugar de desgastarse intentando imponer sensatez en un palacio atrapado entre la frivolidad y ambiciones opacas. Claudia Cronembold, por su parte, no esperó tanto. Su dimisión de YPFB fue seca y fulminante. Detrás del eufemismo técnico de una supuesta “reingeniería legal y administrativa de largo aliento”, dejó en claro lo esencial: para resolver de raíz el colapso de los combustibles se requería una voluntad y una decisión política que el Ejecutivo no tenía ni planeaba asumir.
Y es que la negativa sistemática a emprender reformas estructurales no responde a negligencia ni a falta de tiempo: revela la deliberada decisión de preservar el aparato corrupto para usarlo en beneficio propio. ¿Para qué desarmar una maquinaria descompuesta si ahora opera a favor del nuevo inquilino del poder?
El Ministerio Público es la prueba más elocuente. La defenestración del fiscal general no nació de una convicción moral o republicana, sino de una descarnada disputa de control entre el Ejecutivo y la Fiscalía. Mediante una hábil maniobra, se expuso al fiscal ante la opinión pública, se minó su soporte y se lo capturó bajando de un avión. Los funcionarios atrapados intentando esconder pruebas y fajos de billetes terminaron de ventilar una red mafiosa de extorsión institucional y protección al narcotráfico. Nadie en el país se sorprendió; todos lo sabíamos, pero hacía falta exhibirlos sin ropajes para neutralizar cualquier amparo.
Y si la eficiencia estatal fue tan quirúrgica para descabezar a un adversario incómodo, la pregunta se cae de madura: ¿por qué se detienen ahí? ¿Por qué no se toca con la misma premura al Poder Judicial? La respuesta incomoda: porque al poder le sigue resultando útil la misma justicia servil que encarceló y juzgó a Leopoldo Fernández, Jeanine Áñez y a cientos de perseguidos políticos mediante expedientes fabricados y flagrantes violaciones al debido proceso.
Resulta doloroso recordar la muerte reciente de Antonio Araníbar tras años de exilio forzado para eludir la cárcel, la humillación y el hostigamiento. El propio presidente asistió a su entierro, pero los operadores judiciales y políticos que redactaron las acusaciones espurias y violaron la ley que lo llevaron al exilio siguen libres, gozando de impunidad y, en varios casos, ocupando cargos en la estructura estatal. El Ejecutivo —ni el legislativo para ser honestos— no ha movido un solo papel para sancionar a los verdugos ni para reparar el daño. La compunción en los funerales queda así reducida a un mero acto de cinismo. El daño condenado a convertirse en anécdota.
Esta preservación del sistema no es accidental; atraviesa los resortes que el régimen anterior adaptó para consolidar su hegemonía. Pasa también por un Órgano Electoral cuya estructura técnica sigue copada por los mismos operadores del 2019 y su estilo, bajo la mirada cómplice de las autoridades. La gran mayoría de los bolivianos no se sorprendería en encontrar aquí un contubernio similar al de la fiscalía.
El presidente no está demorado ni desorientado: ha decidido administrar la herencia en lugar de desmantelarla. Prefiere conservar la fallida Constitución. Pero pretender gobernar montado sobre las mismas instituciones podridas que destruyeron el Estado de derecho es una ilusión precaria. Quien cree domesticar a la fiera corrupta para servirse de ella, siempre termina devorado por el sistema. Y para corregir ese cálculo, señor presidente, ya va tarde.
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