Dionisio Garzón es ingeniero boliviano. Uno de los geólogos más reconocidos en la minería. Ha sido ministro de Minería y Metalurgia. Trabajó en la Corporación Minera de Bolivia y dirigió proyectos de exploración aurífera en el noreste de Bolivia, casi cerca de las fronteras con Brasil y el Perú. Con esa experiencia, aborda la realidad de la Comibol, la corporación que, por Constitución Política del Estado y por la ley vigente, debería dirigir y encabezar la recuperación del Estado en este sector. esto no ha ocurrido. El especialista señala que la realidad de la estatal no va a cambiar, que debe haber cambios profundos para que aquello ocurra.
¿Cómo ve usted a la Corporación Minera de Bolivia, desde el punto de vista de la gestión?
Bueno, mire, yo he escrito bastante sobre esto, pero básicamente lo que ocurre es que la Corporación Minera de Bolivia no tiene una política definida. En cuanto a su organización, no funciona como una corporación realmente porque básicamente tiene muy pocas operaciones actualmente, desde 1985 que se capitalizaron se privatizaron y toda la historia que hay detrás. No se ha podido recuperar una estructura operable de los yacimientos que fueron destruidos en 1985 para abrir al capital privado. Entonces, como las operaciones principales de la Corporación Minera de Bolivia estaban inactivas y la medida fue tan instantánea, para usar un término general, toda la maquinaria, los talleres, inclusive la gente fue relocalizada; todo ocurrió muy rápido con la nueva política económica, la de Víctor Paz Estenssoro, de ese año.
Básicamente, la corporación tenía más de 20 yacimientos en operación y se fueron desgastando y básicamente se destruyeron. Se hicieron intentos de recuperación con los cambios políticos posteriores, pero nunca ha habido la espalda económica ni tampoco la capacidad técnica para hacerlo. Tampoco ha sido posible darle un nuevo sentido con los joint ventures. Básicamente, la Comibol tiene una estructura sin capacidad para cambiar. Se necesita un gran esfuerzo si se la quiere reactivar, no es tan fácil.
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Dionisio Garzón, exministro de Minería y Metalurgia
Por la injerencia política entre liberales y nacionalistas, para usar el término general, se crean nuevas empresas como Yacimientos de Litio, por ejemplo, que era una operación que manejaba la Corporación Minera de Bolivia. Aumenta la burocracia con una nueva empresa y se destruye la capacidad de dirección de la Comibol. El caso del Mutún es lo mismo. El Estado crea una empresa siderúrgica autónoma, que, en cierto modo, debería corresponder a la Comibol, que se queda con pocas minas en operación, que son: Huanuni, Colquiri, Corocoro, Karachipampa.
Y así está Comibol, es una corporación que ha sido destruida por la injerencia política desde 1985, en los 90 y años después. Y hasta ahora no puede reaccionar ni tiene una estructura operable. Tiene algunos contratos de operación con algunas empresas como Bolívar, para citar alguna, como Colquiri.
Desde desde la CPE, la Comibol debería ser una empresa poderosa, debería controlar a los otros operadores, pero no hay nada de eso.¿Qué incoherencias, qué contradicciones usted percibe y que pueden afectar al desempeño de Comibol?
No tiene capacidad económica ni técnica. Para poner un ejemplo, el oro. En los años 80, tiempo en que yo era director de exploraciones de la Corporación Minera de Bolivia, hicimos lo que se llamó en ese tiempo la Marcha al Noreste, que era un intento válido para controlar el oro aluvional del noreste del país. Hicimos un proyecto en los ríos Madre de Dios y el río Iténez, mandamos mucha gente. Se evaluaron las partes más importantes: Araras, Cachuela Esperanza, Cachuela Siberón y obviamente con el fin de que la Comibol controle las operaciones mineras, que no eran muchas esos años. Se suscribieron concesiones gigantes para que opere la Corporación Minera de Bolivia, teníamos más de 600 mil hectáreas para explorar. Hicimos mucho trabajo de exploración, se definieron muchos prospectos súper interesantes, con leyes muy interesantes en oro.
Era un proyecto con el respaldo del PNUD, había un financiamiento externo para hacerlo. Pero los cambios políticos de los años 80 y de los 90 paralizaron ese proyecto. Entonces como yo no tenía mucho que hacer entonces, renuncié a Comibol. Esas concesiones mineras que exploramos fueron revertidas al Estado. Se abrió al capital privado, sobre todo a las cooperativas, y estamos viendo lo que ocurre ahora.
Hoy toda la minería en esa área del noreste del país es informal, entonces es muy claro que la Comibol no tiene la capacidad para controlar ni siquiera la producción, peor la comercialización del oro.
Parece que no hay voluntad política para hacer de la Comibol una corporación, sino que se la ve como una fuente de hacer, ¿qué digo?, negocios corporativos. En ese va y viene que tenemos en el país, hay gente que hace negocios mineros rentables, y otras veces los dejan cuando cambia la visión política. Así vamos a avanzar. Y no creo que sea muy fácil hacerlo en el futuro.
¿Entonces, la explotación del oro ha cambiado por lo que hizo Comibol?
Nosotros descubrimos a Araras, que es la zona principal en el noreste del país, casi en el límite con Brasil y Perú, en la punta de Bolivia. Es proyecto que se perforó, había reservas y había unas concesiones mineras particulares que obviamente se respetaron, pero se podía haber hecho más. Se podría haber hecho un megaproyecto aurífero técnicamente controlado, pero eso no se dio porque cuando cambian las políticas, la Comibol no tenía la intención de seguir haciendo la contraparte.
Hoy existen muchas empresas artesanales que han ganado mucha plata y las cooperativas también han ganado mucha plata. Sus exportaciones tienen un valor de la producción de más de 3 mil millones de dólares. Eso quiere decir que es un buen negocio, con el costo bajo de operar una cooperativa. Hoy cualquier proyecto de explotación en las razas auríferas es importante y se lo puede hacer factible.
Entonces, ¿los cambios en la política boliviana hicieron que las exploraciones positivas de Comibol favorezcan hoy a los cooperativistas?
Sí, pero no siempre los cooperativistas, obviamente como eran concesiones del Estado antes de que se reviertan, entonces obviamente había intentos de seguir, pero no se podía por cuestión de capitales, etc.
Una vez que se liberaron las concesiones de Comibol, empezaron a salir pequeñas empresas, empresas privadas, cooperativas y se llenó el área de concesiones, sobre todo en la parte alta del río Beni, o en aguas abajo lo que es Tipuani, Guanay, etc. Hoy tenemos un sinfín de operadores mineros chicos, artesanales, cooperativas, garimpeiros, en ñas áreas fronterizas. Incluso hay migración hasta Bolivia, gente que de Brasil y del Perú viene a explotar. Y el oro sale de Bolivia legalmente. Eso es lo que ocurre.
La minería informal ahorita está reinando allá, y así no se puede hacer nada, entonces son mucha gente, muchas cooperativas ahora, ¿cómo las desalojamos para hacer empresas? Eso es una tarea imposible.
En ese contexto, ¿cuál debería ser el papel de Comibol con miras a hacer que Bolivia tenga una minería más modernizada, tecnologizada, y en cumplimiento con los criterios de medio ambiente?
Lo que tiene que hacer primero la Corporación Minera de Bolivia es promover el cambio de la Ley Minera vigente, porque básicamente ahuyenta las inversiones privadas, porque al margen de los avasallamientos, las nacionalizaciones y todo lo que se ve en las áreas mineras, la ley no es equitativa. Los cooperativistas, por antonomasia, tienen un trato especial, pagan solamente una legalidad mínima, el 2.5% del valor, y no se puede competir, pues una empresa que tiene que pagar un governement que básicamente supera el 60% del valor bruto del mineral, entonces, ¿cómo se puede competir con un operador que tiene costos tan bajos? Entonces es muy difícil que la Corporación Minera de Bolivia pueda hacerlo. Lo que hay que hacer es modificarla, hay que adaptarla a la actualidad, en los 10 años que casi tiene esa ley no hay ninguna nueva empresa que venga del tamaño de San Cristóbal.
Y no vienen a Bolivia las grandes empresas porque pese al potencial no hay seguridad jurídica que garantice la inversión grande de capitales en el país para hacer proyectos mineros. Así la única solución es adecuar la ley frente a lo que se ha visto en estos 10 años. Se debe remediar lo que está mal, promover lo que puede generar una reacción, y de eso debería nacer la nueva Comibol, que es la representante del Estado en todas las áreas fiscales del país.
¿Usted percibe que el gobierno tenga interés en hacer las modificaciones al Código Minero para que la Comibol sea fortalecida?
Bueno, eso no lo puedo asegurar porque es resultado de una posición política, ustedes conocen muy bien la política actual, pero hay cosas que no se hacen, porque no habrá voluntad, porque el Código dice que había que potenciar a la Comibol y se está haciendo todo lo contrario. Entonces, como digo, es necesario un análisis y una participación de los sectores involucrados, como los empresarios, la Comibol, todos los actores cambiar y atraer capital privado a la minería.
La Comibol nunca va a poder impulsar la minería, el Estado no va a poder nunca hacer un proyecto grande, no lo ha hecho en 10 años ni lo va a hacer en el futuro. Hay que hacer lo que están haciendo Chile, Argentina, Colombia, hasta Venezuela, están definiendo atraer al capital privado nacional o transnacional para hacer el proyecto minero.
