Coyuntura
Un equipo de 18 expertos internacionales independientes entablará un diálogo con la delegación del gobierno boliviano y también recibirá información de organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones no gubernamentales.
“La Planta de Etileno y Poliprepileno se ejecutaría con recursos del estado. Estamos viendo si será o con socios o únicamente con recursos del Estado”, dijo García Linera en la inauguración del Congreso organizado por la Cámara Boliviana de Energia e Hidrocarburos que se realiza en la ciudad de Santa Cruz.
El Ministerio Público activó un proceso investigativo sobre la base de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitido en 2008, que identificaba operaciones sospechosas. El 14 de enero de 2009, la Fiscalía informó el inicio de la investigación al Juez Cautelar de turno.
Rechazan que el yacimiento gasífero sea en su totalidad de propiedad de los cruceños como lo establece un estudio técnico.
La mañana del martes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que la liberación de los cooperativistas no depende del Ejecutivo, sino de las autoridades judiciales.
El expresidente denuncia que la operación del mega yacimiento –cuyas regalías se disputan Santa Cruz y Chuquisaca- no fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El lunes, tres días después de declarar un cuarto intermedio a los bloqueos, los cooperativistas mineros advirtieron con retomar las medidas de presión si es que el Gobierno no libera a los 10 afiliados enviados a la cárcel de San Pedro de La Paz.
El presidente de Saneamiento de la comunidad Guadalupe, Sergio Tola, expresó que las tierras saneadas tienen un alto valor productivo y cumplen una función social, que es uno de los requisitos para beneficiarse de los títulos.
El martes 9 de agosto, representantes de los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz asistieron por convocatoria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para conocer al detalle el informe de la consultora canadiense GLJ sobre el campo Incahuasi que establece que el 100% de los recursos hidrocarburiferos pertenecen a los cruceños.
