La reciente sanción del Proyecto de Ley CS Nº 206/2024-2025, aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, merece un lugar destacado. Esta norma, denominada “Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales”, tiene como finalidad defender los derechos de la niñez y la adolescencia frente a los múltiples riesgos presentes en las plataformas digitales y redes sociales.
Este instrumento legal apunta a prevenir, sancionar y erradicar delitos sexuales digitales como el grooming, la producción y difusión de material de abuso sexual infantil, y el contacto inapropiado hacia menores por medios electrónicos. Las sanciones contempladas son: de 10 a 15 años de privación de libertad para quienes comercialicen o distribuyan contenido sexual con menores, y de 4 a 8 años de cárcel para quienes contacten a menores con fines eróticos o sexuales mediante imágenes, mensajes, videos u otro tipo de contenido digital.
Es por lo expresado que la sociedad debe celebrar que esta iniciativa legislativa recupere el sentido primordial de nuestra Constitución: proteger la vida, la dignidad y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En un mundo dominado por lo digital, el Estado cumple su deber cuando asegura condiciones que favorecen un crecimiento sano, libre de explotación y violencia, incluso en los entornos virtuales cotidianos.
En este sentido no puedo dejar de recordar el proyecto “Mi Primer Amor”, impulsado por Maricruz Ribera, que, en su momento, fortalecía el amor propio y la autoestima de nuestras niñas y jóvenes. Con enfoque preventivo y educativo, ese proyecto representaba una senda de protección basada en el afecto, el valor y la preparación emocional. Ojalá que este proyecto pronto se reactive y siga cultivando el amor propio en sus destinatarias. Al igual que la nueva Ley, simbolizaba una política pública de amor y empoderamiento.
Que esta ley vea la luz nos recuerda algo fundamental: los funcionarios públicos deben servir al pueblo, no servirse de él. La política tiene sentido cuando se orienta al cuidado colectivo, cuando los derechos de los vulnerables, como los niños y adolescentes, ocupan el centro de la responsabilidad estatal. Sirvan estas leyes como un grito de conciencia: el verdadero poder político es aquel que protege la vida y construye futuro.
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